Por Daniel Ortiz

El nuevo gobierno de la República comenzó una estrategia muy agresiva en contra de la corrupción y la impunidad en 2019. La nueva administración federal ya anunció que para esta estrategia enfocará sus recursos para prevenir y castigar el lavado de dinero que alimenta otras actividades delictivas en el país como el narcotráfico.

Estas acciones del Estado mexicano se recargarán principalmente en la Fiscalía General de la República, que ya cuenta con un nuevo titular, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y recientemente se anunció que se creará una unidad especializada en la investigación de lavado de dinero que será conocida como la División Financiera de la Policía Federal.

Al inicio de año, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que están en curso investigaciones en contra de personas identificadas con la comisión de conductas asociadas a delitos fiscales y financieros relacionados con el mercado ilícito de combustibles.

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Se identificaron a trece sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con el robo de combustible en razón de no comprar combustible a Pemex desde 2016 o 2017. Se identificaron a 23 sujetos con probables operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con este mismo delito, de los cuales a nueve ya fueron bloqueadas sus cuentas al cruzar información con la autoridad hacendaria y se les denunciará por lavado de dinero y delitos fiscales.

Asimismo, la Central Nacional de Inteligencia (antes CISEN), propuso dieciséis objetivos de investigación por robo de combustibles y posibles delitos de lavado de dinero. Por su parte, Pemex le propuso 25 casos también a la UIF para que también sean indagados.

Sin embargo, el documento presentado el pasado 17 de enero indica que cada una de las cinco instituciones que participan en la estrategia nacional para el combate de robo de hidrocarburos, seguirán realizando análisis o investigación de los objetivos definidos en el ámbito de su competencia. Esto implica que es altamente probable que aumente la lista de empresas y personas involucradas en estos delitos que han defraudado al país en las últimas dos décadas.

Por todo lo anterior, muchas otras empresas se verán expuestas a investigación por ayudar de manera consentida o inconscientemente al blanqueo de dinero proveniente de esta actividad ilícita, comprometiendo así su funcionamiento y prestigio.

Es por ello que las empresas, no solo del sector financiero, sino en todos los ámbitos de la economía, que son susceptibles de ser utilizadas por el lavado de dinero y fraudes fiscales, deben tomar acciones inmediatas para prevenir y en su caso detener cualquier acción que las pueda comprometer en una acción legal por parte del Estado mexicano.

  • Análisis de riesgos. Todas las empresas que operan en México, no importando su tamaño, deben actualizar su agenda anual de riesgos a partir de las últimas acciones del gobierno mexicano en contra del llamado “huachicoleo” o extracción ilícita de combustibles. Esto lo pueden hacer con el apoyo de sus cámaras de comercio locales y nacionales. También lo pueden hacer con el acompañamiento de empresas de consultoría especializadas en materia de prevención de fraude fiscal y lavado de dinero debidamente certificadas.
  • Conocimiento de la normatividad y acciones gubernamentales. Ya no basta solo conocer la normatividad nacional e internacional a la cual están obligadas a cumplir las empresas. El cumplimiento legal o compliance debe ser auxiliado con un entendimiento de la interpretación de las acciones implementadas por los gobiernos para combatir un determinado delito como puede ser el robo de combustibles, que es inminente que sea considerado delito grave, y del cual se pueden desprender otras acciones legales por lavado de dinero y corrupción.
  • Conocer mejor a nuestros clientes. Muchas empresas que tienen miles de transacciones diarias no cuentan con la capacidad de identificar la procedencia legal de las operaciones financieras de las que son sujetas, sobre todo cuando se trata de operaciones pequeñas en donde se utiliza dinero en efectivo. Afortunadamente, ya hay en el mercado sistemas automatizados que permiten identificar en tiempo real la identidad de personas, así como de posibles actos provenientes de actores ilegales. Cada vez se vuelve más importante conocer mejor a nuestros clientes (KYC por sus siglas en inglés) para evitar ser objeto de actos ilícitos.
  • Identificar a personas políticamente expuestas (PEP). En la extracción ilícita de recursos provenientes del robo de combustibles ya se ha señalado la muy probable participación de funcionarios de Pemex, miembros de su sindicato, legisladores y políticos mexicanos. Por lo anterior, es imprescindible que las empresas puedan detectar, de manera preventiva y proactiva, posibles actividades delictivas vinculadas con personas expuestas políticamente (PEP por sus siglas en inglés). Esta acción podría sonar discriminatoria pero no lo es. Por el contrario, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organización a la que pertenece México fundada en 1989 con sede en París, recomienda a los países tomar medidas especiales con respecto a las PEP como (a) contar con sistemas apropiados de gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta políticamente; (b) obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes) dichas relaciones comerciales; (c) tomar medidas razonables para establecer la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y (d) llevar a cabo un monitoreo continuo intensificado de la relación comercial.
  • Utilizar alta tecnología preventiva. Afortunadamente ya existe la tecnología para poder verificar la identidad de nuestros clientes, para detectar posibles acciones ilegales, poder realizar la diligencia debida (due dilegence) así como para prevenir fraudes utilizando tecnología altamente sofisticada, a partir del análisis de millones de datos de clientes que utilizan el sistema financiero, bases de datos de PEP, entre muchas otras fuentes de información que permiten detectar actos delictivos.

En conclusión, las empresas mexicanas y extranjeras que operan en el país tienen la obligación legal y moral de cooperar con el Estado para detener lo que probablemente haya sido uno de los mayores fraudes financieros contemporáneos en América Latina y el mundo. Detectar a tiempo y prevenir el uso de nuestras compañías para el lavado de dinero, proveniente del robo de combustibles, nos puede ahorrar costos financieros y legales, directos e indirectos, como el congelamiento de cuentas propias o de clientes con cuentas por cobrar. Pero sobre todo protegerá el prestigio de nuestras instituciones al haber tomado acciones preventivas a tiempo.

*Director de Desarrollo de Negocio para Latinoamérica de LexisNexis® Risk Solutions México.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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