Por Adrián Sánchez*
En América Latina están avanzando legislaciones más fuertes en contra de diversas actividades delictivas que involucran a las empresas en el lavado de activos.[i] Muchas veces y sin saberlo, terceras personas como pueden ser clientes, proveedores de bienes o servicios, inversionistas, contratistas, entre otros, pueden utilizar a nuestras compañías para realizar operaciones financieras ilegales que nos pueden costar multas, penas que pueden llegar a la cárcel y, por supuesto, dañar la imagen personal de los directivos de la organización.
Las empresas latinoamericanas tienen una doble y hasta triple responsabilidad por mantener relaciones comerciales, financieras e inversiones con contrapartes en Estados Unidos y Europa que buscan prevenir y sancionar actos de corrupción y lavado de dinero constantemente.
Las empresas deben dar ciertos pasos en materia de cumplimiento (compliance) para atender las recomendaciones de políticas de prevención que proponen las autoridades nacionales e internacionales. A continuación, se explicarán cuáles son las cinco acciones más importantes y más efectivas, que pueden implementar todo tipo de empresa sin importar su tamaño o sector económico para prevenir su involucramiento en actividades ilegales.
Conocer el marco normativo nacional y global.
No es fácil que los equipos jurídicos de las empresas estén permanentemente actualizados en las leyes, normas y estándares internacionales para prevenir los fraudes, lavado de activos, corrupción entre otras actividades criminales. Por lo anterior, las empresas y sobre todo sus directivos y consejos deben contar con un equipo propio de compliance o un acompañamiento externo que dé seguimiento a los casos que involucren actividades delictivas en su país y el mundo.
Equipo de cumplimiento.
Contar con un oficial de cumplimiento (compliance officer) y/o con un equipo de apoyo externo, como consultores jurídicos especializados, en la materia es un requisito indispensable para prevenir que nuestras empresas caigan en actos ilegales como puede ser soborno, fraudes, corrupción o lavado de activos por parte de criminales o políticos corruptos. Se recomienda ampliamente que estos equipos estén adscritos a la dirección o gerencia de la organización.
No solamente es importante la prevención, en caso de que suceda un acto delictivo, las autoridades judiciales de Estados Unidos y de la mayoría de los países de Latinoamérica toman en consideración los esfuerzos previos que haya tomado la empresa para evitar conductas delictivas por parte de la empresa, directivos y empleados. Entre las preguntas que hacen los fiscales y jueces durante las investigaciones y procesos judiciales es saber si la empresa contaba con un equipo profesional de cumplimiento, así como programas debidamente implementados.
Conocer las tendencias criminales y fraudes.
Parte del trabajo que deben realizar los equipos de cumplimiento es estar permanentemente actualizados de las tendencias criminales, de lavado de activos, corrupción y escándalos políticos, investigaciones por lavado de dinero, así como de los ciberdelitos. Existen pocos estudios serios sobre el verdadero costo de los fraudes y los ciberataques porque los Estados y las organizaciones internacionales no han logrado transparentar y hacer pública la información criminal que involucra a sus agencias de seguridad y justicia. Por lo anterior, al día de hoy una fuente privilegiada para conocer estas tendencias es la que proveen las empresas de análisis de riesgos y cumplimiento con base en las investigaciones utilizando el big data que detectan de las actividades criminales.
Debida diligencia.
Las empresas deben realizar procesos para conocer la verdadera identidad de sus clientes (KYC por sus siglas en inglés) y terceros de su cadena productiva para evitar fraudes. Asimismo, nuevas normatividades internacionales, regionales y nacionales ahora exigen a las empresas que demuestren que hicieron un trabajo previo de identificación de sus clientes, contratistas, proveedores, entre otros terceros agentes económicos con los que mantienen algún tipo de operación financiera en caso de alguna investigación por corrupción, lavado de activos u otros crímenes que sean perseguidos por autoridades gubernamentales.
Acceso a macrodatos de información (big data).
Las organizaciones por si solas son incapaces de conocer todas las personas y empresas que se encuentran en listas de riesgo por operaciones financieras, personas políticamente expuestas (PEPs), listas de sanciones internacionales por lavado de activos, crimen organizado transnacional y financiamiento al terrorismo. Por lo anterior, se encuentran en el mercado soluciones tecnológicas, que administran millones de datos, de rápido y fácil acceso por parte de las empresas para identificar a probables criminales, funcionarios corruptos, empresas-fachada e inclusive terroristas que quieran aprovechar su empresa con fines ilegales. Estas tecnologías no solamente son utilizadas con éxito por parte de las grandes empresas financieras, como los bancos, sino también por empresas medianas y pequeñas comprometidas con la ley y la gobernanza corporativa.
Estas cinco estrategias son la base para que las empresas puedan desarrollar sus propios equipos y programas de cumplimiento de una manera eficiente y con base en una buena relación de costo y beneficio. En la medida que las organizaciones se preparan con esta ruta de trabajo pueden prevenir futuros fraudes, daños patrimoniales, juicios penales y riesgos a su imagen por posibles actos criminales en los que se puedan ver involucradas.
[i] En Perú por ejemplo tenemos el decreto legislativo 1106 y en México recientemente se aprobaron en 2020 reformas al Código Penal Federal para endurecer las sanciones y penas en contra de servidores públicos y empresas que cometan los delitos de cohecho y corrupción. También se encuentra en discusión en el Senado mexicano cambios a la ley de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Leyes disponibles. Asimismo se recomienda este libro de la OEA sobre la penalización del lavado de activos en la región.
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Adrián Sánchez
Adrián Sánchez es Director Market Planning de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamércia y El Caribe*
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