La calidad de la información, la apreciación de las audiencias (medios de comunicación y ciudadanos) se fortalece con la veracidad respaldada con las acciones de gobierno a favor del interés público.

 

En el marco de la visita de Estado a Gran Bretaña a principios de marzo, el presidente de la República expresó al diario Financial Times que México está “plagado de incredulidad y desconfianza”. Días antes, el secretario de Hacienda había dicho al mismo medio que “podemos realizar 10 reformas energéticas, pero si no añadimos confianza, no podremos aprovechar todo el potencial de la economía mexicana. Se trata de una cuestión de confianza”.

A su regreso de la tan comentada visita, el presidente anunció algunas acciones de comunicación que, evidentemente, llevaban la intención de generar credibilidad y confianza. La primera de ellas, el viernes 6 de marzo, fue el cambio de su coordinador de Comunicación Social, designando al abogado Eduardo Sánchez, seguramente con la expectativa de una mejor planeación y ejecución de la comunicación. Durante la ceremonia de toma de posesión, el presidente evidenció, quizás inconscientemente, que su anterior coordinador no estaba dando resultados:

“Yo quiero confiarle a él esta tarea, a Eduardo, para que realmente la Comunicación Social del gobierno de la República, y ahora la de la Presidencia de la República, sea una que permita realmente proyectar, en su exacta dimensión y con toda oportunidad, el trabajo que realiza el gobierno, pero muy señaladamente el presidente de la República ante la sociedad mexicana.”

A cuatro días de su designación, Sánchez, antes vocero del vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, expresó en una entrevista radiofónica: “Mi convicción es que lo que a nosotros, como gobierno, nos dicta la ley, es que los ciudadanos tengan información en donde con claridad podamos exponer de qué se trata.” Luego dijo una verdad con relación a los mensajes: “La apreciación que se tenga estará derivada de la calidad de información que cada persona reciba.”

Lo que el nuevo coordinador de Comunicación gubernamental no dijo en ese momento es que, además de la calidad de la información, la apreciación de las audiencias (medios de comunicación y ciudadanos) se fortalece con la veracidad respaldada con las acciones de gobierno a favor del interés público.

Marguerite Hoxie Sullivan, autora de Una oficina de prensa responsable, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, escribió en un manual editado por la Oficina de Programas de Información Internacional (IIP) del propio Departamento de Estado: “El secretario de prensa no puede crear una imagen de honradez si el funcionario de gobierno no es honesto. En efecto, no puede presentar la imagen de un gobierno que reconoce los problemas y responde a ellos, si tales problemas persisten en la realidad y se hace poco por resolverlos. Una oficina de prensa no puede convencer a los periodistas de que escriban sobre la accesibilidad de un gobierno que no está abierto, o de la capacidad laboral de un funcionario que no es buen administrador.”

En la referida entrevista, el nuevo coordinador de Comunicación del gobierno recordó que por ello se estaban presentando los avances de las reformas estructurales promovidas por el gobierno: “Hemos hablado mucho respecto a las reformas: ahora es importante que la gente sepamos qué pasa con estas reformas y de qué manera nos benefician a nosotros. La pregunta que tenemos que responder en todo momento es: esto que está haciendo el gobierno ¿para qué le sirve al ciudadano?”

En efecto, el día anterior se había realizado la presentación relacionada con los avances de la reforma en telecomunicaciones, y ese día se haría lo propio con la reforma financiera. Sin embargo, los resultaron son dudosos. La reportera del mismo noticiario, al reportar sobre estos avances, comentó que se presentaron videos de “supuestos beneficiados por las reformas”. Es decir, quienes dan testimonio al parecer fueron preparados por los equipos de producción para expresar lo más conveniente. Ello, de conformidad con Sullivan, cae en la falta de honradez y, en consecuencia, no contribuye a la credibilidad y a la confianza.

¿Cómo creer y confiar cuando la expectativa de crecimiento de la economía del país para este año, originalmente estimada en 3.7%, ha sido continuamente modificada a la baja? ¿Cómo generar confianza cuando el secretario de la Función Pública, encargado explícitamente de investigar el tema de las casas de la esposa del presidente y del secretario de Hacienda, de inmediato aclaró que sólo va a investigar el proceso de licitación de las obras asignadas a la constructora beneficiada con obras? (Por cierto, ¿por qué dicha constructora quitó su nombre del directorio del edificio en donde están sus oficinas en Santa Fe? Parece que nadie les orientó sobre las suspicacias que ello genera, reafirmando la desconfianza en el tema de las famosas casas.)

Cumplir las expectativas de una mejor planeación y ejecución de la comunicación implica también estar alerta a la opinión pública, a la opinión publicada y a eventos que, dentro de ciertos contextos, pueden poner en cuestionamiento la eficacia de la comunicación y de la actuación presidencial. Un ejemplo de ello, que prácticamente desató la crisis de credibilidad que vive el gobierno, es el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa: comunicación presidencial tardía, poco involucramiento y apariencia de poco compromiso y un manejo de la información que ha dejado insatisfacción en la sociedad.

Un caso más actual es el conflicto surgido en los últimos días entre MVS y la periodista Carmen Aristegui. Aun cuando aparentemente se trata de un asunto entre un patrón y un empleado, parte del contexto en el que surgió el conflicto es la investigación y publicación del tema de la casa blanca de la primera dama, y el conflicto surge a pocos días del relevo en Comunicación Social de la Presidencia.

Ello, indudablemente ha generado suspicacias que han trascendido las fronteras nacionales y repercuten en la credibilidad y confianza en el gobierno. A ello también contribuyen opiniones y datos que son poco conocidos para el grueso de la sociedad, como los que aportó el periodista Raymundo Riva Palacio: “Joaquín Vargas, jefe de la empresa, está vinculado al senador Emilio Gamboa, con fuerte ascendencia en Los Pinos, quien impulsó a Eduardo Sánchez, ex abogado de MVS, y hoy es director de Comunicación Social de la Presidencia.”

Sea coincidencia o verdad, si la estrategia de comunicación del gobierno es abstenerse de opinar, el nuevo coordinador de Comunicación está olvidando lo que él mismo comentó en la entrevista radiofónica: “Si nosotros no lo hacemos con claridad, ese espacio se llena por otros que hablan más claro que nosotros, y entonces la apreciación que se tenga estará derivada de la calidad de la información que cada persona reciba.”

El reto es convencer a los ciudadanos, a través de la comunicación y reforzado con la acción, que el gobierno reconoce los problemas y los está atacando o al menos reduciendo, que los miembros del gabinete tienen capacidad profesional y honradez, y que el presidente de la República no sólo se compromete, sino que se involucra a favor de sus gobernados.

 

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