Notimex.- El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se convirtió en el espacio de resonancia de la defensa y del rechazo de las modificaciones al Código Penal de Tabasco que aprobó el Congreso de esa entidad, a lo cual se ha llamado “ley garrote”.

El debate se centró en la defensa de los diputados y senadores de Morena y el rechazo y la condena de los grupos de oposición, incluso de partidos aliados a Morena como Encuentro Social.

La diputada María de Jesús Rosete Sánchez, de Encuentro Social, criticó “las reformas retrógradas y violatorias de los derechos humanos” y juzgó que “esas decisiones están confrontando la decisión de hacer leyes a modo y de intereses particulares contra el espíritu de la Cuarta Transformación”.

“El grupo parlamentario de Encuentro Social en la Cámara de Diputados se pronuncia en contra de este tipo de reformas que atentan contra los derechos humanos y que generarán violencia cuando se ejerza la ley”, sostuvo.

Afirmó que reprueban el uso de la fuerza por encima de la razón, de la negociación y del dialogo, y comentó que varias personas agredidas en una represión en Tabasco en 2006 ahora están del lado del gobierno o del Congreso, por lo que su enérgica protesta será de gran peso para señalar “como un acto de cobardía y traición de algunos legisladores” hacia la sociedad de ese estado.

En su oportunidad la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sostuvo que se está limitando o penalizando el derecho de los mexicanos a disentir.

Recordó que si esta ley se hubiera puesto en vigencia hace 23 años, cuando el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador tomó pozos petrolero y los bloqueó en protesta, lo habrían sancionado. Lo hizo cuatro veces, de 13 años de cárcel por cada ocasión, “hubieran sumado más de 50 años”, calculó.

Señaló que ahora la mayoría de Morena en Tabasco busca criminalizar la manifestación y, según ella, para eso llegaron al gobierno, para encarcelar a quienes no estén de acuerdo.

Pidió que el gobernador Adán López Hernández recule, con altura de miras se dé cuenta que se equivocó y que esa iniciativa aprobada no sea publicada porque violenta el derecho de los mexicanos.

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, cuestionó si se avanza hacia el autoritarismo y advirtió que “Tabasco no puede ser el laboratorio de prueba, a ver hasta dónde la sociedad mexicana permite que las conquistas sociales se vayan diluyendo”.

Apuntó que si Tabasco quiere demostrar que esta reforma es una acción legislativa de buena fe que precise las características, que no haya lugar a dudas, que no haya discrecionalidad y “no dejemos una legislación que no sólo atenta contra los derechos humanos, sino contra la evolución política democrática y la tradición de movilización social en nuestro país”.

En la defensa de la reforma al Código Penal de Tabasco, el senador Eduardo Ramírez, de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó tajante que se viole la Constitución, pues lo que se sanciona no es la libre expresión de las ideas o de manifestación sino la extorsión.

Además rechazó que la gente se pudiera manifestar en contra de obras importante como la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, pues aseguró que millones de mexicanos dieron su confianza a ese proyecto. “Ni aceptamos la denominación de ley del garrote, la ley es en contra de la extorsión, en contra del lucro, en contra del agandalle”, afirmó.

Aclaró que si el ahora presidente tomó pozos petroleros en su natal Tabasco y ocupó años después el Paseo de la Reforma no lo hizo a cambio de dinero, fue porque protestó contra el fraude electoral y para que existiera una democracia más transparente en el país, lo que ha costado décadas.

La senadora Verónica Camino, del PVEM, señaló que la reforma en ningún momento impide el derecho de manifestación, sólo que no puede obstruir una obra que legalmente esté autorizada.

Añadió que si lo que hizo el Congreso de Tabasco tiene alguna vertiente inconstitucional que se interpongan los recursos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Entonces respetemos las formas que los estados tengan de arreglar sus problemas, si son inconstitucionales a la Suprema Corte de Justicia, y si no lo son pues bueno aquí con el paso del tiempo lo sabremos”, concluyó.

 

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