Con la finalidad de reactivar la economía del país y salir del estancamiento económico generado por el Covid-19, días atrás la senadora Nuvia Mayorga, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó un acuerdo en el que exhorta al gobierno Federal  para que, en coordinación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y los institutos de vivienda de las entidades federativas sumen esfuerzos para llegar a la meta de 50 mil financiamientos anuales bajo la modalidad de Crédito Integral.

También conocido como Línea III, este tipo de crédito para desarrolladores se caracteriza por ser un modelo de construcción de vivienda social ‘en paquete’. El financiamiento se lleva a cabo por medio de la evaluación y monitoreo de una entidad administradora que se encarga de la verificación de los proyectos y la administración de los recursos para proyectos de viviendas de entre 40 y 400 unidades que garanticen mejor precio, tamaño, calidad y características de sustentabilidad para los derechohabientes del Infonavit.

Víctor Rosales Aranda, director de Ventas de Yavo Capital, financiera enfocada en contribuir con el sector bienes raíces en el segmento de vivienda a través de productos financieros y creación de alianzas estratégicas, explicó que Crédito Integral existe en el mercado desde hace ocho años y su impacto ha sido tal que es por ello que los senadores llegaron a la firma de este punto de acuerdo que, de ser promovido por el gobierno federal, podría traer una derrama económica de alrededor de 30 mil millones de pesos (mdp) al año.

El ejecutivo afirmó que a través de Crédito Integral YAVO ha logrado la aprobación de cerca de 2,000 viviendas en todo el país, principalmente en Coahuila, Chihuahua, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas y han operado créditos por más de 1,700 mdp a lo largo de sus tres años.

“Línea III es una alternativa regulada y segura que brinda a los desarrolladores la cobertura del 100% del valor de la vivienda, en contraste con la banca comercial, que ofrece hasta 60%, implica mejores dividendos que pueden llegar hasta un 118% en el retorno del capital o ROE”, señaló Rosales Aranda.

Por otra parte, la senadora Mayorga destacó en el documento presentado en la LXIV Legislatura del Senado de la Republica que esta iniciativa, sin duda, atendería la demanda de vivienda social entre los trabajadores de las diferentes entidades del país.

Sobre esto, el directivo de Yavo mencionó que el producto “Crédito Integral es un medio que garantiza la factibilidad de adquirir una vivienda. Actualmente hay 4.2 millones de derechohabientes en México que no han utilizado su crédito de vivienda. Con este instrumento, si 1.3 millones de personas lo quisieran, podrían adquirir viviendas de entre 300 mil pesos y 1.5 mdp, sin necesidad de poseer una puntuación tan alta como antes se exigía, algo que contribuye a democratizar más el acceso a vivienda en más segmentos de la población con menores ingresos”.

Agregó que de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en nuestro país existe un rezago habitacional de aproximadamente 14 millones de viviendas, una problemática que buscan revertir mediante el financiamiento de proyectos inmobiliarios de vivienda, a través de este modelo.

Mencionó que los beneficios no son solo para la sociedad en general al tener acceso a mejores viviendas a precio razonable, sino que también hay un impacto positivo para los desarrolladores, ya que pueden obtener una rentabilidad de 50% extra o más y 0% en tasa de interés.

“Es una alternativa regulada por el  Infonavit y permite desde un inicio, a través de administradores como Yavo Capital, ofrecer  transparencia y seguridad a los desarrolladores y a los derechohabientes a lo largo del proyecto, es decir, desde la adquisición del terreno, construcción, obtención de documentos administrativos y entrega de la vivienda, lo que brinda a los compradores de la vivienda total legalidad y transparencia”.

Sobre su impacto en las cadenas productivas, la senadora manifestó en su documento que de impulsarse este proyecto se podría contribuir significativamente con la reactivación de varias industrias colaterales a la construcción, detonando, al menos, 72 tipos de actividades económicas vinculas.

 

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