Por Celso Garrido*

Uno de los anuncios importantes del equipo de gobierno que asumió el poder el 1 de diciembre es el relativo a impulsar el acceso y la permanencia de los jóvenes en la educación superior mediante becas. En principio, el propósito es positivo, ya que estas becas brindarían oportunidad para que un importante grupo de jóvenes de amplios sectores de la población iniciara una trayectoria de vida con base en adquirir niveles de educación superior y, con ello, aspirar a mejorar sus ingresos y su desarrollo personal.

Sin embargo, el trasfondo del problema es más complejo. Por una parte, están los 7 millones de los llamados “ninis”, lo que es consecuencia de un intrincado conjunto de problemas; pero, a la par de ello, están los 300,000 graduados de educación superior en el periodo 2008-2015, predominantemente en el campo de las Ciencias Sociales, quienes han tenido dificultades para encontrar empleo.

Esto sugiere que simplemente aumentar el número de graduados es insuficiente si no cambian las características de la economía mexicana que hacen que la demanda de profesionales particularmente de disciplinas relacionadas con actividades productivas de mayor valor agregado y mejor pagadas en el país, como Ingeniería, Química y Electrónica, entre otras) sea insuficiente.

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Es esperable que el aumento de los graduados universitarios, que impulsará un programa de becas como el mencionado, se registre predominantemente en el área de las Ciencias Sociales, como ha ocurrido hasta ahora.

Esto sería poco favorable para los graduados en esas áreas, porque esas titulaciones les permitirían optar por ocupaciones poco remuneradas, pero también para el país, porque constituye una mala inversión si este mayor número de graduados no se produce en campos que generan una dinamización económica y social, y su impacto en el desarrollo del país no es el esperado.

Esto significa que políticas para aumentar el acceso, la permanencia y la cobertura en la educación superior deben acompañarse de estrategias para cambiar los patrones productivos en una dirección que permita lograr que México sea una sociedad basada en el conocimiento y la digitalización, como ocurre en países que logran, mediante la educación, niveles de ingreso elevados, con inclusión social y sostenibilidad ambiental.

Para ello, se requiere articular las inversiones públicas para el acceso a la educación superior con otras orientadas al desarrollo de la investigación científica y tecnológica, y con las que impulsen la creación de Pymes de alta tecnología que demanden profesionales calificados y con ingresos relevantes.

Todo esto, con el objetivo de generar una relación virtuosa sostenible entre educación, investigación y crecimiento económico incluyente.

En conjunto, lo anterior significa que el gobierno debería asumir un papel proactivo en el desarrollo del país, con estrategias de inversión articuladas y coherentes, como lo recomiendan Mariana Mazzucato (University College de Londres) y otros autores de los nuevos enfoques de desarrollo económico.

Sin embargo, para que esto sea posible es necesario que el gobierno disponga de recursos suficientes, pues no bastan las políticas de austeridad. Se requiere realizar la siempre postergada reforma fiscal progresiva en el país, que proporcione al Estado los medios para realizar las acciones requeridas para generar un desarrollo económico y social incluyente y sostenible.

Sin duda, ésa sería una acción trascendente para un gobierno que busque marcar la ruptura con las visiones hacendarias que han llevado a una contracción inusitada del tamaño del Estado, en detrimento del desarrollo nacional.

*Profesor distinguido de la UAM y experto en empresas, finanzas e innovación.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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