La primera sentencia de alguna de las seis demandas colectivas en contra del Estado por responsabilidad en el fraude de Ficrea podría ser dictada en marzo de 2018  por el pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aseguró la defensa legal de los ahorradores afectados.

En caso de que se falle a favor de los 60 demandantes, el Estado deberá restituir 100% de los ahorros más intereses, una bolsa de aproximadamente 100 millones de pesos, detalló Edward Martín Regalado, representante de los defraudados.

“Nos da mucha luz el hecho que por primera vez estemos ante un tribunal imparcial, la Comisión (Nacional Bancaria y de Valores) era juez y parte, confiamos en que el pleno pueda dictar una sentencia que reconozca este daño a los afectados”, explicó el abogado en conferencia de prensa organizada a tres años de que se destapara el fraude.

La sentencia, en caso de ser favorable, también incluiría una disculpa pública de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a los ahorradores defraudados por haber declarado en varias ocasiones que la gestión de la sociedad financiera había sido correcta.

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La estrategia jurídica de la demanda considera que la CNBV no procedió adecuadamente para evitar el fraude, primero en 2008, cuando Ficrea se constituyó y empezó a operar sin presentar toda la documentación necesaria para su registro; así como en 2009, cuando la dependencia reguladora ya tenía conocimiento de que la sociedad financiera se encontraba en la quiebra.

Otro momento por el cual se le acusa a la CBNV de no actuar fue en 2010, cuando Rafael Olvera Amezcua, presunto autor del fraude, adquirió la mayor parte de las acciones de Ficrea y operó sin consentimiento gubernamental.

Hasta noviembre de 2013, la Comisión autorizó la concentración de las acciones.

“El haber dejado que pasaran todos estos años permitió que esta sociedad financiera captará todos estos recursos y cuando la Comisión autoriza en noviembre de 2013, le autoriza, pero ya porque iba a iniciar el procedimiento de revocación”, detalló Regalado.

Esta es la primera investigación a fondo para determinar la responsabilidad del Estado, agregó el abogado.

“Parecería injusto frente a los otros ciudadanos que no fueron afectados que el Estado pague, pero en general sabemos que el Estado estaría obligado a demandar a los funcionarios públicos a repetir en contra de ellos, en este caso al presidente de la Comisión, y resarcir al Estado del daño que están cubriendo a los afectados de Ficrea”, detalló.

La batalla legal de los 60 ahorradores también incluye una demanda en contra de Olvera Amezcua por la responsabilidad del fraude, precisó el litigantes.

“Desde el punto de vista civil, dos personas que causan un daño son responsables solidarios. Ficrea y Olvera causaron un daño en común y son solidarios de todos los actos, esa es la gran dificultad y la razón por la que el fraude fue posible, porque él sabía que había una coraza corporativa en la que los socios no responden por los actos de la sociedad, esa es la regla general del velo corporativo”, sostuvo.

En total, el fraude de Ficrea afectó a 4,922 personas, las cuales han seguido diversos caminos jurídicos para recuperar sus ahorros que integran una bolsa por 6,474 millones de pesos.

 

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