Algo raro ocurre en Tamaulipas, en específico en la delegación estatal del IMSS, donde desde hace tres meses esta oficina ha intentado, sin éxito, reabastecerse unos 30,000 cartuchos de impresión para atender a miles de pacientes y empleados. Sin embargo, la constante presencia de cartuchos de marca Lexmark por parte de un proveedor lo ha impedido.
Nos cuentan que el 17 de febrero la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento declaró desierta la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-050GYR018-E696-2019 “por no haber licitante que hubiese cumplido con los requisitos”, luego de que el fallo fue diferido en cinco ocasiones. Finalmente, el área presentó una evaluación en la que fueron descartadas todas las propuestas económicas y técnicas que ofertaron marca Lexmark, debido al incumplimiento del punto 6.2 inciso “k” en el que se solicitaba garantía de que “el tóner es nuevo, no usado, ni reciclado y no rellenado, y que no haya pasado por algún proceso de remanufactura o similar, garantizando que no ocasionará un daño o mal funcionamiento y operación del equipo de impresión en comodato”.
La situación se repitió en la Licitación Pública Nacional LA-050GYR018-E224-2020, que tampoco avanzó por la presencia del fabricante estadounidense, la cual también fue descartada en la Delegación Veracruz, donde se detectó que los tóners solo tenían rendimiento para 5,000 páginas, mientras la solicitud era que fueran 12,000. Actualmente, se encuentra en curso la Invitación a Cuando Menos Tres Personas IA-050GYR018-E388-2020, proceso en el que algunas contratistas del ramo volvieron a ofertar la marca Lexmark.
“Proveedores, que tienen acuerdos con Lexmark, han presentado cartuchos que pertenecen a un programa de reciclado en el que los insumos pasan por un proceso de reensamblado y rellenado que podría sacrificar la calidad de las impresiones, lo que sin duda afectará la operación del IMSS en Tamaulipas”, comentó uno de los participantes en el proceso actual. Por su parte, fuentes cercanas a la delegada, Velia Patricia Silva, comentaron que se analiza contactar al director del Instituto, Zoé Robledo, con el objetivo de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie investigaciones relacionadas con las empresas implicadas, así como con la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento.
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