Reuters

Policías brasileños antimotines utilizaron cañones de agua y gas lacrimógeno el viernes para dispersar a manifestantes detractores del Gobierno en el centro de Sao Paulo, mientras en el Congreso, los opositores a la presidenta Dilma Rousseff pusieron en marcha el proceso para someterla a juicio político.

Los manifestantes antigubernamentales habían bloqueado la céntrica Avenida Paulista de Sao Paulo desde el miércoles por la noche, cuando se desataron protestas por la designación del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro.

Los opositores afirman que esa medida fue concebida para dar inmunidad a Lula frente a fiscales que lo acusan de fraude y lavado de dinero. La Corte Suprema es la única con jurisdicción en casos contra ministros.

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Un juez federal emitió una medida cautelar para suspender su nombramiento ministerial el jueves con el argumento de que se obstruye el proceso judicial. El Gobierno dijo que apelará.

Las autoridades dispersaron a los manifestantes opositores en la Avenida Paulista para evitar posibles enfrentamientos con una marcha progubernamental convocada para el viernes en la tarde en la misma zona. Lula tenía previsto dirigirse a esta concentración.

En Brasilia, donde miles de personas han exigido la salida de Rousseff en los dos últimos días, la policía pidió a los manifestantes que se mantengan alejados del edificio del Congreso, donde estaba previsto un acto progubernamental a las 17:00 hora local.

En la Cámara baja del Congreso, los partidos de la oposición aceleraron el proceso de juicio político contra Rousseff al celebrar una sesión el viernes, un día en que los legisladores suelen estar fuera de Brasilia.

La mandataria tiene diez sesiones en la cámara para presentar su defensa y -aunque la comisión especial para el juicio político no se reunió el viernes- el reloj ha comenzado a correr. El caso está centrado en acusaciones de que Rousseff rompió las reglas presupuestarias para impulsar el gasto público cuando hacía campaña para la reelección en 2014.

 

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