La Cámara de diputados del Congreso de la Unión aprobó la Ley de Seguridad Interior, que regulará las acciones de las fuerzas armadas de México.

La ley señala que las intervenciones de las fuerzas federales y armadas no podrán exceder un año y únicamente podrán modificarse por el presidente mexicano, solo cuando persistan las amenazas a la seguridad interior de nuestro país.

Diversas organizaciones no gubernamentales, así como activistas, se pronunciaron en contra de la nueva legislación.

Por ejemplo, el artículo 7 tipifica que “los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta Ley deberán someterse, en todo momento y sin excepción, a la preservación irrestricta de los derechos humanos y sus garantías, de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes”, recordó el sitio web Animal Político.

El diputado Hernández Soriano (PRD) sostuvo que la ley constituye un verdadero atentado a la Constitución y que más 250 organizaciones nacionales e internacionales han señalado que “puede dar origen a graves violaciones a los derechos humanos, abusos y la desestabilización de la democracia”

La diputada Tamayo Morales (PRI) afirmó que esta ley busca dar sustento jurídico a las Fuerzas Armadas, pero además “se combate la corrupción y la opacidad, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública, y se establecen los procedimientos del Ejecutivo federal para realizar las declaratorias”.

El proyecto de ley fue aprobado con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, Jorge Carlos Ramírez, presidente de la mesa directiva, precisó que de las 101 reservas, 52 fueron presentadas por el PRD, 34 por Morena, 10 fueron de MC, cuatro del PAN y una del PES.

La diputada Tamayo Morales (PRI) afirmó que esta ley busca dar sustento jurídico a las Fuerzas Armadas, pero además “se combate la corrupción y la opacidad, se distingue entre seguridad interior y seguridad pública, y se establecen los procedimientos del Ejecutivo federal para realizar las declaratorias”.

El dictamen se turnó al Senado de la República para su discusión y eventual ratificación.

 

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