Reuters. – El Congreso de Nicaragua, dominado por el partido oficialista, aprobó el sábado una ley de amnistía vista por la oposición y Naciones Unidas como un intento de dar impunidad a policías y civiles que participaron en la represión de protestas antigubernamentales.

La legislación, aprobada con los 70 votos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) un día después de haber sido propuesta por el gobierno, permitiría también liberar a manifestantes arrestados en las protestas, a los que la administración del presidente Daniel Ortega llama “terroristas”.

“Estamos ante un acto de soberanía que busca la paz y la reconciliación (…) Nos duele tener que amnistiar a asesinos confesos de policías, a torturadores”, dijo durante el debate de la norma el diputado Edwin Castro, jefe de la bancada del FSLN en el Parlamento.

El gobierno responsabiliza a la oposición de crímenes de policías y de militantes del FSLN, pero una comisión de expertos de la OEA que investigó los hechos culpó a la Policía y a civiles armados leales a Ortega de la mayoría de las muertes. También les adjudicó posibles “crímenes de lesa humanidad”.

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La amnistía se extendería “a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación” o en procesos penales y “en cumplimiento de ejecución de sentencias”, dice la reforma.

“La amnistía es una promesa de impunidad para quienes bajo las órdenes de la pareja Ortega y Rosario Murillo (vicepresidenta y primera dama) cometieron crímenes”, dijo María Teresa Blandón, integrante de la opositora Unidad Azul y Blanco que aglutina a movimientos sociales y partidos opositores.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, expresó en una nota de prensa el viernes su preocupación por la legislación, ya que “podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de derechos humanos” cometidas en las protestas.

Ortega se comprometió a liberar a los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron en abril del año pasado como un gesto para retomar el diálogo con la oposición y acabar con la crisis política.

El gobierno ya excarceló a 521 “presos políticos”, pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Producto de las protestas, más de 325 personas murieron, en su mayoría, manifestantes opositores, según organismos de derechos humanos.

 

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