El FMI ha vuelto a sugerir la conveniencia de introducir un Consejo Fiscal Independiente para ayudar al país a mejorar las finanzas públicas, sobre todo en materia de déficit y deuda. La recomendación fue inmediatamente rechazada por las autoridades mexicanas, aunque algunos economistas han tomado la sugerencia de manera positiva más como un buen deseo para detener la aceleración del desequilibrio fiscal.

La propuesta no es nueva, pero parece pecar de ingenua al no reconocer que todo gobierno es por naturaleza “soberbio”, por lo que resulta difícil que acepte sugerencias o recomendaciones de carácter independiente.

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Más allá de la cuestión sobre soberanía o injerencia que pudiera argumentarse, en el sentido de que el gobierno no acepta que alguien venga a decirle cómo arreglar sus cuentas fiscales, un Consejo Independiente adolece de la figura legal para forzar al gobierno a cumplir con la disciplina.

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Hay que recordar que los únicos tiempos en que el FMI puede ser escuchado es cuando impone programas de ajuste a cambio de financiamiento para salir de episodios de crisis. En esas circunstancias, si el gobierno no cumple, la ayuda financiera no llega, por lo que el gobierno se ve forzado a cumplir. Incluso, la línea de crédito flexible que el país tiene abierta, no conlleva dichos condicionamientos por lo que no sujeta al país a obligaciones como en las crisis recurrentes del pasado.

Afortunadamente, México no se encuentra en una situación crítica en donde tenga que recurrir a un programa de ayuda y ajuste forzado por una institución internacional. Pero, desafortunadamente, eso mismo hace que cualquier Consejo Fiscal Independiente quede rezagado a ser solamente una entidad generadora de sugerencias sin posibilidades de aplicabilidad para el país. Precisamente porque nada obligaría al gobierno a hacerle caso a dichas recomendaciones independientes.

México sabe cómo arreglar sus finanzas públicas, si no lo ha hecho es por falta de voluntad política. Incluso, la indisciplina de los últimos años fue una política deliberada del mismo gobierno, cuando a finales del 2013 se dijo que México iba a seguir una política de desequilibrio fiscal multianual. Tal vez fue imprudencia, falta de experiencia, o exceso de confianza y soberbia, pero al final la solución a la indisciplina no es más que la medida opuesta que la originó.

Así, la discusión sobre un Consejo Fiscal Independiente resulta inútil y en el remoto caso de llegarse a dar, quedaría como uno más de los muchos centros de asesoría y consejería que se han creado por cada nuevo gobierno.

Sin embargo, la única manera de forzar al gobierno a cumplir con la disciplina es por medio de un mandato constitucional para la política fiscal, de la misma manera que se tiene para la política monetaria. Esto implica la introducción efectiva de una disciplina estructural en el ejercicio del presupuesto federal, lo cual está dado por la Regla Fiscal Estructural (propuesta por el autor en 2011).

Esta regla estructural elimina la volatilidad del presupuesto (ingreso-gasto) con respecto al ciclo económico y al petróleo, de tal forma que se elimina el manoseo del presupuesto con respecto al crecimiento esperado, precio del petróleo, producción de crudo y, tipo de cambio. La regla obliga al gobierno a ejercer un presupuesto determinado en base a una proporción fija de los ingresos estructurales, no de los recurrentes sujetos al ciclo de la economía. Esto elimina totalmente la necesidad de recortes al gasto en épocas de vacas flacas. La regla por sí misma es un instrumento contracíclico, ya que de aplicarse rigurosamente, genera superávits en tiempos de bonanza y permite financiar el gasto con ahorros en épocas de crisis. Así, la regla estructural es el instrumento idóneo para moderar las alzas y bajas del crecimiento económico, para dar certidumbre fiscal de largo plazo, y sobre todo para darle sostenibilidad fiscal al país eliminando la vulnerabilidad de las finanzas públicas.

Al final, el ganador no sólo es el gobierno que regresa  a la disciplina y salud fiscal sino también la sociedad, porque la regla evita que en épocas de crisis se pierda el bienestar social ganado en épocas de bonanza, a través de permitirle al gobierno gastar los ahorros del pasado. Esta regla no es un ejercicio teórico, es una práctica probada exitosamente y con larga tradición en varios países, entre ellos Chile.

Sin embargo, la regla por sí sola puede quedarse en el papel como se ha quedado en el presente gobierno. Para que la regla funcione cabalmente se necesita la voluntad política para elevarla a mandato constitucional. Pero esto no depende del ejecutivo ni de la autoridad fiscal, sino más bien de los políticos en el Congreso, que son los encargados de asignar mandatos constitucionales tanto a la política monetaria como a la fiscal. La primera ya tiene un mandato monetario, pero a la segunda falta que se le asigne la Regla Fiscal Estructural por mandato.

El mandato fiscal constitucional es la única manera de forzar al gobierno a cumplir con su responsabilidad fiscal y desactivar la vulnerabilidad en que se ha metido al país.

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Twitter:  @AlfredoCoutino

Web:  www.AlfredoCoutino.com

 

*/ Director para América Latina en Moody’s Analytics. Las ideas expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deberían ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.

 

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