El Plan de Desarrollo Integral anunciado por el canciller Marcelo Ebrard confirma que México invertirá más de 30 mdd en un ambicioso proyecto que es parte de la política migratoria del gobierno de López Obrador y que responde a las necesidades conjuntas del sur de México y sus vecinos de Centroamérica. A modo de contención el Plan de Desarrollo Integral para la Migración representa ese muro anunciado por Trump que, si bien no es físico, sí pretende filtrar el flujo migratorio y “reconstruir el tejido social que, descompuesto, expulsa migrantes”.

A pesar de que el presidente López Obrador ha subrayado en varias ocasiones el estado de bancarrota por el que atraviesa México, anuncia un plan de vasta solidaridad y generosa inversión que incluye la asimilación social y laboral de aquellos migrantes que busquen quedarse en México en lugar de perseguir el sueño americano. El desafío hacia la iniciativa privada y la inversión se hizo presente en la conferencia de prensa matutina, en la que se anunciaba el desarrollo de consultas para enjuiciar a empresarios e inversionistas involucrados en las crisis económicas de México.

A esta primera quincena de gobierno le han acompañado numerosos debates enmarcados por la emisión de bonos de deuda del aeropuerto, los ataques a la SCJN, la Ley Taibo, las remuneraciones, topes salariales a los servidores públicos, y la designación del fiscal general. Pero también le ha acompañado la constante preocupación ante un inminente sistema carente de contrapesos, debilitado en la oposición y, hasta ahora, plagado de especulación. En un país en el que la historia da cuenta de la construcción de instituciones, sería una gran decepción ver que la “Mafia del Poder” es inherente al poder y no a quien lo ostenta.

El problema de fondo no es el salario que devengan los servidores públicos, sino que quepa la posibilidad de que la ley de remuneraciones haya pasado “a modo”, y que esto haya generado un conflicto en la Federación, una disputa entre el Ejecutivo y un Poder al que no se puede controlar (el Judicial).

Entre las grandes sorpresas que han arrojado estos primeros días de gobierno, está la inminente militarización del país, en lo que la Sedena ha llamado la atención de delitos del fuero común. El Ejército prepara desde hace varios días la nueva estrategia de seguridad nacional, en el que el tema de la proximidad social y la atención a delitos como robos, asaltos, y homicidios quedará en manos de las Fuerzas Armadas.

La experiencia en las grandes democracias nos indica que sólo las instituciones pueden salvar el destino turbulento de las naciones. Casos como el de Estados Unidos, Francia, y Alemania, nos recuerdan la importancia de contener las emergencias económicas, políticas y sociales a través de la solidez constitucional. Sin embargo, también debemos recordar que en ese intento por legitimar un nuevo gobierno y alcanzar la anhelada gobernabilidad, la línea hacia el autoritarismo es muy delgada. Se debe entonces procurar hacer gobierno a través de los consensos, los acuerdos, y la verdadera reconciliación.

La cartera de asuntos pendientes en la agenda nacional de México es larga, y no se puede gobernar por decreto.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @ArleneRU

Linkedin: Arlene Ramírez-Uresti

Google+: Arlene Ramírez

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Recompra de bonos del NAIM no impactará en el presupuesto: Urzúa
Por

Ante diputados federales durante su comparecencia para ratificar su puesto, el secretario de Hacienda dijo que el esquem...