La declaratoria de constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frena la inversión en el sector de energía porque genera inseguridad jurídica para los inversionistas mexicanos y extranjeros, advierte el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
“Aun cuando faltan muchos detalles e implicaciones de la decisión (de constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica), es claro que por lo pronto genera una situación de inseguridad jurídica significativa”, declara el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de empresas de primer nivel en México.
“Es de esperarse que ello detenga aún más la inversión, especialmente en el sector energía, que es particularmente necesaria para la reactivación económica”, comenta la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica.
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Los economistas del CCE señalan que los inversionistas nacionales y globales habían mostrado interés y disponibilidad de recursos para invertir en el sector eléctrico y actuaban en consecuencia.
“Mientras tanto en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2022 que dio a conocer la consultora Kearney, México quedó fuera de los 25 países más atractivos”, añade el CEESP.
El 7 de abril de 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en marzo del año pasado.
Cuatro ministros votaron a favor de la totalidad del proyecto de la ministra Loretta Ortiz, el cual avala la constitucionalidad de la Ley eléctrica al señalar que son infundados los argumentos en contra presentados por senadores de la oposición, por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y por el gobierno de Colima.
Con esos cuatro votos a favor, entre ellos el del ministro presidente Arturo Zaldívar, ya no podría declararse la Ley como inconstitucional, ya que eran necesarios 8 de 11 votos. Los otros siete ministros dividieron su voto entre los artículos impugnados.
El 1 de febrero de 2021, Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, presentó una Ley de la Industria Eléctrica (LIE) para reformar el mercado de electricidad y favorecer a Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa productiva del Estado.
La Ley de la Industria Eléctrica aprobada en marzo de 2021 está suspendida por los jueces especializados Juan Pablo Gómez Fierro y Rodrigo de la Peza López Figueroa y por tribunales colegiados.
Los jueces del Poder Judicial de la Federación (PJF) consideraron que la Ley de la Industria Eléctrica de AMLO viola los principios constitucionales de libre competencia y concurrencia en el mercado eléctrico, toda vez que las modificaciones le dan prioridad al despacho eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad.
La Cofece presentó una controversia constitucional contra ese Acuerdo y por ello en febrero de 2021 la Segunda Sala de la SCJN, con cuatro votos a favor y uno en contra de la Ministra Yasmin Esquivel invalidó 22 disposiciones esenciales de ese acuerdo, al considerar que se invaden facultades de la Cofece, no se garantiza el derecho a la libre competencia y se otorgaban ventajas a la CFE.
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