La seguridad es y seguirá siendo la principal preocupación de la población en nuestro país. Lo ha sido en los últimos diez años y, sin duda, lo será en la siguiente década y, evidentemente, durante el siguiente período de gobierno. Las promesas para serenar y pacificar nuestros territorios han sido motivo de grandes discusiones sobre el deber ser del Ejército, la Marina, la Policía Federal, las Policías Estatales y las Policías Municipales.

La capacidad de los gobiernos para dar seguridad no es cosa menor, pero conviene poner los puntos sobre las íes para decir que la respuesta a nuestros problemas de violencia e inseguridad no son sólo policías, aunque sí tenemos una impostergable deuda con las personas que se desempeñan en los sistemas policiales en todos los órdenes de gobierno, pero en especial en lo local. Así, cualquier alusión a política de seguridad debe contemplar mejorar sueldos, prestaciones, equipamiento, capacitación, derechos humanos, dignificación institucional y social. Sí pedimos mejores policías, debemos tener gobiernos y ciudadanía que respondan con políticas permanentes y sostenibles para mejorar sus condiciones de desarrollo humano y profesional.

Y sí, para los que esperábamos con ansia y, podría decir, hasta con esperanza el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, lamento decirles que la respuesta sigue en el viento y el citado “plan” no es un plan ¿qué le falta para ser un plan? Muchas cosas, pero mencionaré cuatro aspectos básicos:

  1. No tiene datos, no se hace un base a un análisis sintético y estratégico de las violencias, los delitos y las capacidades sociales e institucionales para hacer seguridad.
  2. No se establece una estrategia, es decir, no están las respuestas a los cómo que tanto anhelamos, parece obvio, pero no están actores clave para la reconstrucción de gobernabilidad e institucionalidad para la gobernabilidad, la justicia y la seguridad. No aparecen actores clave como los gobiernos locales y estatales, sociedad civil, instituciones de educación y universidades, estas últimas no sólo saben de esos fenómenos a partir de investigaciones y aportaciones al quehacer gubernamental, sino que los sufren en carne propia la violencia y la delincuencia.
  3. No establece metas estratégicas, hablar de metas nos obliga a decir qué, cuánto y cuándo. No es posible seguir hablando al aire de temas tan importantes con las fuerzas de seguridad sin dar datos. Si nos faltan policías preventivos o de investigación, cuántos y en qué momento los tendremos; o cuánto y cuándo terminaremos de instaurar procesos que permitan dar acceso y aplicar justicia a los víctimas presentes y futuras. Es claro que debemos establecer un tiempo, un espacio y muchos responsables para atender el rezago histórico en impartición de justicia, que hoy por hoy es el factor de riesgo más importante para el orden y la seguridad en nuestras comunidades de todo el país.
  4. La más grave omisión de ese documento es que no se esfuerza por comprender la naturaleza y complejidad de los fenómenos de violencia e inseguridad en nuestro país y nuestros territorios. Los factores de riego y las manifestaciones más graves para la violencia y la inseguridad no sólo son atribuibles a la corrupción, al narco tráfico o delincuencia organizada. ¡Que son problemas graves! Sí, pero no son los únicos que explican la altísima descomposición social, naturalización de la violencia y la impunidad. Hay mucho, muchísimo que hacer en términos de convivencia, orden básico, justicia cívica, resolución no violenta del conflicto, cultura de la denuncia, cultura de la legalidad, violencia contra la mujer, feminicidios y del avasallador arraigo social de crimen en nuestras comunidades. De esos temas parece que a nadie le gusta hablar y es ahí donde el trabajo a nivel de comunidades: colonias, barrios, pueblos, fraccionamientos, unidades habitacionales, condominios, transporte público, vía pública, espacios comunes, escuelas, universidades. Y créanme no hay militares, ni policía federal, ni guardias nacionales que contienda con esos problemas.

A muchos les hace sentido las respuestas de uso de la fuerza, sea a través del Ejército o una Guardia Nacional, para atender los problemas de inseguridad, pero ya les digo que hay mucho más trabajo que hacer en la construcción de ciudadanía, en la estructura social, que nos permita transitar a un pleno Estado de Derecho y un pleno ejercicio de ciudadanía no sólo para día de elecciones, y es que si lo pensamos, lo único que nos tenemos es a nosotros, así que nos toca trabajar en nuestra reconstrucción de nuestro tejido familiar, comunitario, escolar, laboral y social, con lo que tenemos y no con lo ha llegado, y no sé si llegará.

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Una última reflexión: en lo local, urge recuperar nuestro orden básico de convivencia. Sí existen estándares internacionales que indican que necesitamos cuatro policías por cada mil habitantes y una meta inmediata es alcanzar 2 por cada mil, les digo que a esos 3.5 o 2 o 1 policías les hacen falta siempre mil ciudadanos que conozcan sus derechos y sus obligaciones, especialmente cuando son víctimas de delito. No podemos, no debemos, en un Estado de Derecho, seguir viendo ejercicios de aplicación de “justicia por propia mano”. Eso nos ha hecho mucho daño a todos, a la sociedad y a las instituciones, pero sobre todo a las víctimas.

¡No le busquen!, la respuesta a nuestros problemas de seguridad está en lo local, aquí están los problemas y aquí la solución.

 

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