En México las consultas populares, entendidas como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho para expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, están normadas por la Constitución en el artículo 35.

Sin embargo, hay voces que afirman que la consulta popular que se llevará a cabo para determinar el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) organizada por el equipo de gobierno de transición de Andrés Manuel López Obrador no tiene sustento legal. Asimismo, en el centro del conflicto, hay moradores que desestiman este instrumento de opinión, calificándolo de contrario al beneficio de la región.

“Ignorar por completo la regulación jurídica que tienen las consultas a la ciudadanía para la toma de determinadas políticas públicas, puede enfocarse en que AMLO ‘nos tome en cuenta’, es una serie de propósitos estratégico políticos y eso es entendible pero toda democracia que se precie de serlo debe estar sujeta a derecho”, advierte Roberto Duque, especialista en temas constitucionales.

Tomando en cuenta las características de la consulta que fueron reveladas este lunes por el equipo de AMLO , se está llevando a cabo al margen de la legislación.

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La Ley Federal de Consulta Popular, que regula el procedimiento para la convocatoria, organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados de la consulta popular; detalla que podrán solicitarla el presidente de la República, el equivalente a 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o los ciudadanos siempre y cuando representen 2% de los inscritos en la lista nominal de electores.

Los que más recienten el impacto de la obra de infraestructura más ambiciosa de Enrique Peña Nieto, advierten que la consulta es ilegal además de que ésta se debió llevar a cabo previo a iniciar las obras para la barda perimetral del NAIM y específicamente con los habitantes de las zonas afectadas.

“Consulta que está fuera de la ley, consulta que debió haber sido previa, libre e informada y bueno pues contraviene toda esta consagrada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos inclusive en el convenio 169 de la OIT en donde dice que se tienen que respetar a los pueblos indígenas”, afirma Octavio Jiménez Rivera, habitante de Tezoyuca uno de los municipios afectados por la extracción de tezontle para la nivelación de las pistas de lo que sería el Nuevo aeropuerto.

Ni Tezoyuca, San Salvador Atenco, Acuexcomac o Texcoco están catalogados como pueblos indígenas, sin embargo, un peritaje en el juzgado noveno de distrito con sede en Nezahualcóyotl determinó que eran equiparables a pueblos indígenas, advierte Jiménez Rivera.

“Tenemos ese derecho a que se nos tome en cuenta pero que sea adecuada que esté dentro del marco a derecho esa consulta que quieren hacer la quieren manejar con ese nombre, pero está totalmente fuera de la ley”, apunta.

La consulta se llevará a cabo del 25 al 28 de octubre en los 32 estados a través de la instalación de 1,073 mesas de votación en la plaza principal de las cabeceras municipales, en donde se concentra 79% de los ciudadanos, de acuerdo con el portal México Decide.

La consulta alcanzará a cubrir 75% de los municipios del país, detallo el portal.

Para poder participar en la consulta los interesados tendrán que presentar la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

A la pregunta “Dada la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ¿Cuál opción piensa usted que sea mejor para el país?”, las personas que acudan a participar en este ejercicio podrán elegir entre dos opciones: “Reacondicionar el actual aeropuerto de la ciudad de México y el de Toluca y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucia” o “Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”.

 

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