La consulta indígena del fin de semana, para decidir la construcción de una planta de fertilizantes en Sinaloa, culminó ayer en la mayoría de los pueblos yoreme-mayo de acuerdo al protocolo que aprobaron, con 12 de las 13 asambleas deliberativas a favor del proyecto que implica una inversión de 5 mil 500 millones de dólares.

Los veredictos de los pueblos indígenas convocados revelaron que sólo en Juan José Ríos una de las dos asambleas resultó en contra, y quedan pendientes por participar los habitantes de Lázaro Cárdenas, Paredones y Ohuira, que solicitaron que las asambleas informativas arranquen en agosto para fijar la fecha de consulta posteriormente.

El proceso fue llevado a cabo por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación en un radio de 45 km alrededor de la zona donde se ubicaría la planta, en apego al sistema normativo interno de los yoreme-mayo, así como al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por lo que ha contado con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Marina.

El sábado 9 y domingo 10 de julio las consultas se desarrollaron en Ahome dentro de San Isidro, San Miguel Zapotitlán, Vallejo, La Florida, 5 de Mayo, Carrizo Grande y El Colorado; en Guasave involucraron a Salispuedes, Cerro Cabezón y José Juan Ríos; mientras que en El Fuerte abarcaron a Mochicahui y Charay.

Aunque aún se esperan los resultados oficiales por parte de las autoridades, la aprobación de los pueblos originarios se suma al más de 75% que dio su respaldo en la consulta ciudadana de noviembre pasado, coordinada por el gobierno federal.

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Durante 10 años de obras, el proyecto de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) estima la generación de 15 mil empleos entre directos e indirectos; aunado a que al término de los tres primeros años se producirán 800 mil toneladas anuales de fertilizantes con los que será suficiente para abastecer a los productores del noroeste mexicano, quienes se han enfrentado al encarecimiento del insumo desde el inicio de la pandemia de Covid-19, situación que ha empeorado con el conflicto armado en el Este de Europa.

Para garantizar la sustentabilidad económica y ambiental, la filial de Grupo Proman, empresa alemana con 20 plantas alrededor del mundo, dio vida a un plan integral con 13 acciones para resguardar los ecosistemas y generar ganancias ambientales, que incluye el saneamiento de la bahía de Ohuira, zona con altos índices de contaminación tras cuatro décadas de recibir descargas agrícolas y urbanas, en detrimento de su flora y fauna.

Entre los programas ambientales que se desarrollan figura el Monitoreo de Ruido en la Atmósfera y en el Agua, el Monitoreo de Aves, la Reforestación de 20 mil metros cuadrados de manglar, el Diagnóstico de la Población de Delfines y el Diagnóstico de la Población de Tortugas, mismos que se trabajan en coordinación con universidades, asociaciones civiles, entidades gubernamentales y otras empresas privadas.

Asimismo, cuenta con 70% de inversión del Estado alemán y se alinea con el Marco de Sostenibilidad de la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), y con la Política y Normas de Desempeño de la IFC, con las cuales se deja de manifiesto el compromiso con el bienestar de las comunidades y el planeta.

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