La consulta popular para poner a consideración de la ciudadanía si deben emprenderse acciones judiciales contra personajes políticos, como los expresidentes de México por agravios a la nación, resulta un ejercicio muy caro, un acto de propaganda y una simulación, consideraron expertos.

Javier Martín Reyes, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la consulta es innecesaria, ya que en México se garantiza que a través de las fiscalías se emprendan acciones de investigación contra cualquier persona que haya cometido algún delito.

“Estamos ante una abierta simulación; incluso, es muy probable que el presidente no quiera que el resultado sea vinculante. La participación va a ser muy baja, porque no se está convocando a decidir nada en concreto y ese es el gran problema de todo”, lanzó Reyes.

En entrevista con Forbes México, el especialista también criticó que el gobierno federal decida erogar una gran cantidad de recursos públicos en una pregunta que está sostenida en el vacío jurídico.

“Es una consulta tan vaga, tan imprecisa, tan diferente de lo que quería el presidente de la República, que yo creo que por desgracia, por cómo decidió la Corte, es una consulta destinada al fracaso”, sentenció.

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El ejercicio, inédito en la vida democrática de México, costará 528 millones de pesos y se instalarán entre 50 y 59 mil casillas para que los ciudadanos acudan a votar, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE).

Según la ley de la Consulta Popular, para que lo expresado en las urnas tenga un carácter vinculante se deben reunir los votos de al menos 40% de la lista nominal; es decir, alrededor de 37 millones de sufragios.

La Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron unas de las propuestas de campaña de López Obrador.

El 15 de septiembre de 2020, el mandatario federal envió al Senado su propuesta de consulta popular y argumentó que durante los periodos neoliberales la corrupción y la desigualdad florecieron ante el amparo de los exmandatarios.

Aunque este es el mensaje, en reiteradas ocasiones el tabasqueño se ha manifestado por otorgar el perdón a los expresidentes y ver hacia el futuro.

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos por parte de los expresidentes Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto antes y después de sus gestiones?”

No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que señalar directamente a los exmandatarios sería violatorio de sus derechos humanos, por lo tanto, inconstitucional.

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Sin embargo, consideró que la ciudadanía tiene derecho a expresar su voluntad en las urnas por lo que modificó la pregunta propuesta por el Ejecutivo y amplió los alcances de la consulta.

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

Señala la pregunta que será en la Consulta Popular.

“Aquí estamos decidiendo sobre la nada jurídica porque es tan ambigua (la pregunta) que ni siquiera sabemos qué se decide”, consideró Reyes.

Para Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), es lamentable que las autoridades trivialicen la importancia de este ejercicio ciudadano.

“Lo que necesitamos es la construcción de estado de derecho, fiscalías autónomas con capacidad efectiva de investigación, que haya verdad, que haya justicia, y nada de eso se puede someter a consulta, es obligación de las autoridades”, aseguró.

El investigador explicó a Forbes México, que la Consulta Popular que se realizará el 1 de agosto -incluso, si se analiza desde su aportación pedagógica a la democracia- carece de rumbo, ya que en lugar de proponer acciones integrales, como la creación de comisiones de la verdad o de combate a la impunidad, apuesta al olvido.

Vázquez reprochó que el presidente de la República maneje un discurso de perdón, ya que sólo reivindica el pacto de impunidad.

“Hoy tenemos dos políticas transexenales muy exitosas y muy poco analizadas, la militarización y el pacto de impunidad. En ese marco, la consulta no tiene ningún sentido”, afirmó.

“La consulta popular queda en un acto fallido y muy costoso acto de propaganda de algo que no se va a echar a andar”.

En ese sentido, Agustín Basave, profesor en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), consideró que ante los adversos resultados electorales, López Obrador busca un golpe de popularidad a través de la consulta.

Empero, sostuvo que el presidente de la República sólo busca lavarse las manos respecto a su promesa de llevar a juicio a los expresidentes.

“Es un capricho del presidente, porque él quiere cuidar su palabra, él cuida su imagen como la concibe de que es hombre de palabra, que cumple lo que promete, pero saldrá caro ese capricho”, opinó.

Finalizó: “Lo que quiere el presidente López Obrador es lavarse las manos, porque él prometió durante su campaña que iba a perdonar a los expresidentes y lo que hizo fue decir que iba a continuar con el pacto de impunidad”.

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