Canadá, Reino Unido, Irlanda, incluso Colombia han llamado a su población a decidir en el marco constitucional el destino de temas que van desde el aborto, la despenalización de la mariguana, el Brexit o la paz; todo estos han sido ejercicios informados y en los que primero la ciudadanía llega a acuerdos para poder conciliar con sus gobiernos.

En algún momento del marketing político previo al inicio de la #ConsultaNAIM parecía que esta ofrecería una nueva dinámica de participación social, al margen de la Constitución Política y de la Ley de Consulta Popular; pero era el placebo perfecto para “democratizar” la información y “traer justicia” a quienes no habían sido escuchados, a quienes no habían reaccionado y a quienes nada habían cuestionado. O quizás sí, pero no habían tenido el espacio.

El tema de las consultas logró envolver en un ligero aire democrático a la población que dividida parece más desencantada que en vías de la transformación.

Hacer consultas está de moda, aquí; donde la democracia se anuncia como quien toma un segundo aire. Sin embargo, en otros países los escenarios políticos parecen hablar más del fin de la democracia que de la consolidación de la misma y México, no es la excepción. Y es que, con falta de transparencia y seriedad, la consulta sobre el destino del NAIM no ha hecho más que evidenciar el gran desconocimiento qué hay acerca de nuestras propias instituciones.

Un ejercicio ilegítimo que pretende legitimar, no es necesariamente una buena idea. Denota inexperiencia, falta de madurez política, imposición y autoritarismo pues a pesar de la falta de garantías al proceso e integridad de la consulta, esta se llevó a cabo.

Sin la seriedad que requiere el ejercicio, por el tamaño del desafío que implica, la consulta ha fracasado, no por el resultado, no por los medios de comunicación, no por la participación sino porque si a pesar de todas esas condiciones “gana” Santa Lucía, se cometerá tremendo error político por parte de un gobierno electo que aún no alcanza el estatus de Constitucional.

El hecho de que las casillas simuladas no garanticen el respeto y buen tratamiento de los datos personales, la secrecía del voto, y que en lugar de padrón los responsables del proceso te anoten en una hoja en blanco da la impresión de que el ejercicio no fue concebido para ser transparente, serio y legítimo.

Una farsa mayúscula resulta de querer cumplir por cumplir, de seguir alimentando la idea de que el pueblo no se equivoca. Preguntémosle a los venezolanos, a los estadounidenses, a los hondureños, a los brasileños si el pueblo no se equivoca, recordemos nosotros mismos la cantidad de veces que la historia debe reprocharnos por habernos equivocado.

Un pueblo no se equivoca cuando elige a un líder que asume su destino como responsable de las decisiones mayúsculas de la vida nacional y cuando actúa despojándose de paternalismos, asumiendo el costo político, incluso de las decisiones más difíciles para el país. Pero un pueblo se equivoca cuando solapa y consiente prácticas anticonstitucionales, fuera de la legitimidad y sin estricto apego a la ley.

El artículo 35 de la Constitución Política Mexicana, contempla los derechos ciudadanos de participación democrática y enmarca a las consultas como mecanismos de emisión de opiniones que no son vinculatorios; es decir, no pueden ser tomados como materia de ley. Se sabe entonces que la consulta, conforme a nuestra Constitución no puede ir más allá, que no generará acción dentro del Estado de Derecho pues solo sirve para recabar opinión, como punto de información.

Dejando de lado la materia técnica, la consulta es en sí un tremendo error por despertar la especulación que daña la estabilidad macroeconómica, la certeza de los inversionistas y de la población.

El inicio de la transformación se ha visto empañado por la propia respuesta ante el cuestionamiento, ya no son tiempos para vivir en el “estás conmigo o estás contra mí.”

Yo, al igual que miles de mexicanos estoy a favor de las consultas, de la democracia, pero no de esta consulta que más que ser refuerzo de nuestra cultura cívica y democrática, ha puesto de manifiesto que antes de opinar, debemos informar, debatir y consensuar.

 

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