En días pasados vimos una controversia sin precedentes en la historia moderna del país. Juzgadores acusaron a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de debilitar el principio de división de Poderes con un “falso discurso” sobre sus privilegios y remuneraciones en el Poder Judicial, a lo que el presidente López Obrador señaló que “llegó el momento de que ningún poder intente subordinar a otro”.

Las acciones impulsadas desde la Cámara de Diputados con respecto a las remuneraciones de los servidores públicos han suscitado un intenso debate en la opinión pública, sobre asuntos que van desde las remuneraciones que reciben los jueces, la supuesta corrupción y nepotismo que invade el aparato judicial, hasta la indignación en torno al #LordMinistro.

De manera inédita, temas que parecían reservados a la academia o a especialistas, ahora ocupan la conversación en redes sociales y en la opinión pública. Que, si el Poder Judicial tiene una especie de supremacía respecto al Poder Legislativo, al tener la última palabra para interpretar la Constitución y hacer prevaler ésta sobre la interpretación legislativa, o que, si estamos ante un grave trastrocamiento del principio de separación de Poderes y una concentración peligrosa de poder en el Ejecutivo, son algunos de los planteamientos más escuchados en los últimos días en la arena pública. En suma, se dice que el presidente está vulnerando la independencia judicial y la división de Poderes, claves para que funcionemos en democracia.

Y mientras que en otros sistemas como el británico hay claramente una supremacía parlamentaria, o en Estados Unidos, las cortes, jueces y jurados juegan un papel fundamental contra el despotismo de la mayoría y a favor de la libertad, aquí en México la discusión sobre separación de poderes tomó sentido real hasta hace poco. Recordemos que antes hasta 1994, se dieron las reformas que dotaron al Poder Judicial para ser un auténtico contrapeso de los otros poderes, dotando de facultades a la Suprema Corte para resolver acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. En este sentido, es casi inevitable que el recuerdo de un sistema presidencialista dominado por un partido hegemónico sea el preludio de casi cualquier discusión sobre el tema de separación de poderes.

El debate generado a partir de la reciente “confrontación” entre Poderes abre a su vez otros temas no menores para la vida democrática de este país. Algunos de ellos tienen que ver con la falta de legitimidad democrática en los jueces, discusión tampoco nueva que en Estados Unidos, por ejemplo, se remonta a Theodore Roosevelt quien, en respuesta a sentencias del Tribunal Supremo, acusó a los jueces de asumir de manera irresponsable y unilateral el papel de legisladores. Ante esta aparente contradicción entre soberanía legislativa y justicia constitucional, lo que queda es buscar ciertos mecanismos para democratizar la justicia constitucional sin poner en jaque la protección de los derechos fundamentales y, junto con ello, la rendición de cuentas efectiva del Poder Judicial ante la sociedad.

Un segundo tema, se refiere a las condiciones necesarias para que la división de poderes funcione, que ninguno de los poderes esté jerárquicamente por encima de los otros y tener mecanismos recíprocos de control entre los poderes, o lo que de acuerdo con James Madison sería la idea de pesos y contrapesos, resumida en la frase “La ambición debe ponerse en juego para contrarrestar a la ambición”. En la discusión actual de las remuneraciones en el Poder Judicial, quedarse con una u otra parte de la ecuación resulta en una estrategia maniquea que poco abona para la construcción de un sistema eficaz de pesos y contrapesos, en el que tanto el conflicto como la cooperación entre poderes son parte de la normalidad democrática.

 

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