La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que si se aprueba la reforma a diversas disposiciones en materia administrativa, revocación de concesiones y permisos o autorizaciones de bienes nacionales sería una violación a la Constitución, generaría incertidumbre y echaría por la borda las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco abiertas por el nearshoring.
“Aprobar una enmienda de tal magnitud a la administración pública, echará por la borda las oportunidades de atraer nuevas empresas y capital fresco que nos abre el nearshoring y terminará por afectar a los jóvenes que requieren opciones de empleo y mejores ingresos en el presente y futuro”, manifestó el organismo empresarial.
Sin inversión no hay desarrollo en México, declaró el sindicato patronal, quien rechazó el plan de enmienda a 23 leyes secundarias.
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La aprobación de enmienda a 23 leyes pone a las empresas proveedoras del gobierno en desventaja, debido a la “cláusula exorbitante” que da prioridad al Estado y en el mediano y largo plazo hará que los costos de los proyectos se incrementen
“Las modificaciones propuestas son una mala señal para los mercados, hacen ver que en México no se respeta el Estado de Derecho ni los tratados comerciales internacionales -entre ellos el TMEC- signados con por lo menos 46 países, con lo que advertimos, podría abrirse un nuevo frente de conflicto con Estados Unidos y Canadá”, alertó.
La iniciativa, cuyo argumento principal es el de dotar a la Administración Pública Federal de Instrumentos Jurídicos para salvaguardar el interés general, público y social, busca modificar la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, la Ley de Obras Públicas y la Ley General de Bienes Nacionales; impacta en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y mina la confianza en nuestro país.
De acuerdo con los planteamientos de la reforma administrativa, se pretende facultar al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que agrupe por sectores a las entidades de la administración pública paraestatal y pueda asignar directamente a las entidades paraestatales la prestación de servicios públicos, así como el uso, aprovechamiento y explotación de bienes sujetos, al régimen de dominio público de la federación por razones de interés público general, social o de seguridad nacional.
“Lo que podría representar una profunda discrecionalidad en la administración”, apuntó la Coparmex.
Por lo que hace a la figura de la revocación, se establecen causales para poder llevar a cabo la revocación de concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas para la prestación de un servicio o explotación, uso o aprovechamiento de un bien de dominio de la Federación, lo que deja en un estado ventajoso al Poder Ejecutivo, debido a que en cualquier momento podrían modificarse las condiciones bajo las cuales fueron otorgadas.
“Por si esto fuera poco, la propuesta abre la posibilidad de adquirir bienes en participación pública internacional, sin tener que agotar concursos nacionales, con lo cual, no sólo dejan de apoyar al sector nacional, sino que se corre el grave riesgo de adquirir productos o servicios de baja calidad, lo que además afecta a la ciudadanía y consumidores finales”, apuntó.
Coparmex dijo que si México quiere ser un país con Estado de Derecho, competitivo y donde se genere bienestar para las familias, se debe cumplir la ley y no buscar maniobras jurídicas para evadir; eso incluye al gobierno y a los particulares.
“Hacemos un respetuoso y enérgico llamado a los legisladores de todas las representaciones políticas para que no aprueben las modificaciones propuestas, ya que será un golpe devastador a los esfuerzos por posicionarnos como un sitio seguro para las empresas nacionales y el capital extranjero”, concluyó .
