Un aumento al salario mínimo, un consejo fiscal independiente y una estrategia integral de infraestructura son algunas de las demandas incluidas por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en su Manifiesto México, dedicado a los candidatos presidenciales.

“Llamamos a los partidos, candidatos y autoridades para que se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad, y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido al país muy por debajo de su potencial”, se indicó en el documento.

El organismo presidido por Gustavo de Hoyos agrupó en siete rubros sus demandas:

Más y mejores empleos

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  • Una nueva cultura salarial, que tenga como primer paso, alinear el salario mínimo general hasta la Línea de Bienestar personal establecida por el Coneval, de forma consistente cada año desde 2018 y hasta 2020.
  • Implementar incentivos a la capacitación basada en indicadores de medición de resultados, que permita la adquisición de nuevas competencias y la productividad de los colaboradores, para que se refleje en sus niveles de ingreso.
  • Adoptar esquemas que permitan medir y pagar la productividad de los colaboradores a fin de que incrementen su capacidad adquisitiva y de ahorro.
  • Reformar la legislación laboral para crear esquemas modernos y flexibles que fomenten el primer empleo, una mejor equidad laboral entre géneros y la contratación de personas que no se ajustan al modelo actual.

Finanzas sanas y competitividad fiscal

  • Conformar un consejo fiscal independiente, adscrito al Congreso de la Unión, cuyo objetivo sea vigilar la sostenibilidad fiscal, y formular pronósticos y recomendaciones en materia de ingreso, gasto y deuda públicos.
  • Implementar una nueva reforma fiscal que promueva el crecimiento económico, un aumento de la base de contribuyentes, simplificación de los esquemas de tributación y tasas impositivas competitivas a nivel global.
  • Instalar una política de deuda y gasto públicos con controles, para prevenir la asignación discrecional de recursos y que otorgue al Poder Legislativo un papel central en la definición y aprobación del endeudamiento y gasto enfocados a promover la igualdad de oportunidades, movilidad social y el crecimiento económico con bienestar.

Seguridad

  • Hacer una reingeniería institucional que fortalezca, en lo nacional y en lo local, los mecanismos de coordinación, monitoreo y evaluación de las instituciones implicadas en la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia, los procesos judiciales, la ejecución de penas y la reinserción social.
  • Crear una Academia Nacional de Policía que centralice los procesos de profesionalización de los cuerpos policiales y que contemple estándares de conducta que permitan recompensar el buen desempeño y sancionar el incumplimiento del deber legal.
  • Mejorar estándares y perfiles de selección, formación, remuneración, actuación, evaluación y equipamiento de los policías, ministerios públicos y jueces, con un monitoreo permanente.

Estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad

  • Garantizar la autonomía, independencia y eficacia de la Fiscalía General de la República, mediante la reforma integral al artículo 102 de la Constitución.
  • Asegurar la independencia y coordinación de las instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales Anticorrupción, mediante procesos abiertos, transparentes y con rendición de cuentas.
  • Compromiso inequívoco de investigar y promover que se sancione, con el debido proceso, todo uso o apropiación ilegítima de recursos públicos, del pasado, del presente y del futuro gobierno, sin distinción de origen partidista o jerarquía, recuperando lo extraído del patrimonio público.

Educación de calidad e innovación

  • Garantizar la formación de calidad, desde la primera infancia, con capacitación, infraestructura y mejores condiciones laborales de docentes a partir de resultados, con evaluación integral eficaz.
  • Impulsar la excelencia y pertinencia de la educación media superior y superior, así como programas que la vinculen con las necesidades y oportunidades de los sectores económicos de alto potencial en México.

Desarrollo regional sostenible

  • Establecer una estrategia integral de inversión pública en infraestructura que considere necesidades de corto y largo plazo en todos los niveles de urbanización y revierta los 8 años de crecimiento negativo en este rubro.
  • Impulsar acuerdos que generen ecosistemas regionales competitivos y sustentables, acordes a su vocación, mediante la cooperación multisectorial en el diseño y ejecución de proyectos estratégicos para las regiones del país.

Oportunidades para un México incluyente

  • Integrar un Catálogo integral de programas sociales, un Padrón único de beneficiarios y una Cédula de Identidad Nacional, para erradicar improvisación, redundancias y discrecionalidad en la política social.
  • Implementar el Expediente Clínico Electrónico ligado a la Cédula de Identidad Nacional, que permita su portabilidad para el usuario, en los diferentes sistemas de seguridad social y de salud.
  • Transitar a un modelo universal de financiamiento de la prevención y la salud con participación transversal del sector privado, mecanismos de regulación y rendición de cuentas en conjunto con la sociedad civil.

La Coparmex señaló que los desafíos de México demandan líderes íntegros y competentes que busquen construir junto a la sociedad civil organizada un México justo, próspero, incluyente y democrático; asimismo, demandó respeto a la legalidad y a la fortaleza institucional.

“Partidos y candidatos: exigimos conocer sus propuestas concretas a estas siete demandas. ¿Cómo lo harán, con quién, con qué recursos y para cuándo? ¡Queremos escucharlos ya!”, apuntó la organización del sector patronal.

 

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