La corrupción ha sido uno de los grandes temas en la era de los gobiernos democráticos en el mundo. Como parte de los valores que la democracia asume, así como de los objetivos que varios gobiernos se han planteado resolver en los años subsecuentes, la corrupción no es únicamente una condición que genera ineficiencia en la administración, sino que daña la legitimidad política.

La corrupción, sin embargo, es una bandera política que se usa para diversos fines, sin que haya realmente interés en su solución, como podemos ver en las acciones de las distintas instancias de gobierno en los últimos años. El presidente López Obrador ha explotado el tema a lo largo de sus distintas campañas presidenciales, y ya como titular del ejecutivo no ha generado una política eficiente de combate a la corrupción, aunque el tema sigue siendo parte de su discurso cotidiano. El Sistema Nacional Anticorrupción fue tal vez la acción más relevante, aunque también más ineficiente, pues no únicamente no ha podido funcionar, sino que esta administración ha congelado su avance.

La corrupción son distintos hechos que pueden ser delitos, como la extorsión o el soborno, o prácticas no éticas en el ejercicio del servicio público, o de recursos en los ámbitos privado o social, de ahí su complejidad para poder abordar de manera efectiva las distintas prácticas que se consideran corruptas.

El caso Lozoya muestra esta complejidad, pero al mismo tiempo la simpleza con que el tema se aborda desde las instancias de gobierno, así como los límites que la ciudadanía encuentra para poder actuar en contra de ella. La denuncia de Lozoya encuentra el lenguaje que el presidente López Obrador expresa cuando ha hablado del tema, pero además involucra a todos aquellos actores que alguna vez han actuado en contra del presidente, en diversos momentos de la historia reciente, tal vez el único que faltó en la lista fue el expresidente Vicente Fox.

El caso es que Emilio Lozoya busca evadir la acción de la justicia, regalando al presidente una herramienta que puede administrar hasta las elecciones de 2021, al mismo tiempo que se presenta como una víctima del propio sistema que en el que él se formó y al que no renunció cuando se vio involucrado en las acciones descritas en su denuncia, sino que se benefició ampliamente. Lo que pueda regresar u ofrecer ahora, no resarciría el daño causado al erario o a la administración pública, por las acciones cometidas durante su paso por el servicio público.

Sin embargo, es un caso cuya utilidad política para el presidente y la 4T es la principal razón por la que también representará el principal fracaso en el combate a la corrupción, profundizando su impacto en la vida política en el país. Se demostrará que cualquier persona que haya cometido actos corruptos, no pagará por ellos si denuncia a quien se le diga y genera las condiciones de utilidad política para otros.

Este precedente, como muchos otros, si bien tiene utilidad política para el presidente, no la tiene para la ciudadanía. Al contrario, más allá del impacto mediático que tendrá y de la imagen de sí mismo que el presidente puede crear con él, es un caso que no contribuye al fortalecimiento institucional ni al incremento de la calidad del ejercicio democrático del gobierno. Es por eso que el caso Lozoya debilitará el esquema de combate a la impunidad y la corrupción que se ha buscado generar, por lo menos en el discurso político, en los últimos años.

Contacto:

LinkedIn: Gustavo Lopez Montiel

Twitter: @aglopezm

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