DW.- Una delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el estado de Hidalgo, compró en mayo pasado 20 ventiladores a una empresa, propiedad de un hijo de un alto funcionario del gobierno mexicano. El problema de la compra es que la empresa Cyber Robotic Solutions vendió a un sobreprecio.
León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del actual director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ofreció los ventiladores en 1,550,000 pesos mexicanos por unidad, equivalentes a unos 70, 000 dólares. Se trata del precio más alto desde que estalló la pandemia, según una investigación realizada por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que denunció el caso y aportó evidencias que condujeron a la devolución de los equipos y cancelación del contrato.
“El caso del hijo de Manuel Bartlett ha sido el más mediático. Ahí demostramos que había ventiladores con las mismas características a un precio hasta un 50 % más barato, antes y después de esa adquisición, porque siguieron comprándose”, afirma en conversación con DW el periodista Raúl Olmos, coautor de dicha investigación difundida por la organización civil que busca erradicar la corrupción en México.
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El investigador afirma que han sido encontradas irregularidades en otros estados. “Muy recientemente en San Luis Potosí, en donde fueron adquiridos ventiladores que no cumplían con los requisitos establecidos por las autoridades sanitarias, (Cofepris). A otra empresa a la que se le habían adquirido 2,500 ventiladores, mostramos la evidencia de que el propietario era señalado de fraude en Estados Unidos y sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de dicho país. En todos estos casos los contratos fueron cancelados”, confirma Olmos.
Plataforma que ayudará a combatir la corrupción
La especulación y volatilidad de precios en los insumos médicos en tiempos de Covid-19, así como la corrupción en un momento en el que tienen que tomarse decisiones rápidas, ha movilizado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Ambos organismos son techo del Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, que permitirá a los Gobiernos y a la sociedad civil de 20 países de América Latina y del Caribe comparar los precios de medicamentos esenciales en tiempos de Covid-19.
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“La pandemia de Covid-19 encontró en la región altos índices de corrupción. Desde el Río Bravo, hasta Tierra del Fuego, la afectación es grave”, dijo Fabrizio Feliciani, director para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) al presentar la plataforma en una conferencia virtual. El funcionario de Naciones Unidas enfatizó que es necesaria una gestión pública más equitativa.
“Hay mucha desconfianza, desafección por parte de la población frente a las instituciones. A esto se suma la captación de grupos criminales. La pandemia por Covid-19 encierra la oportunidad de fortalecer el sector salud, un objetivo tan primario que no se puede quedar en manos del sector privado”, resaltó.
La plataforma monitorea 286 productos usualmente adquiridos por UNOPS, entre ellos, 124 medicamentos recomendados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tratamientos por Covid-19. “La plataforma visualiza 20,000 precios de compra pública transaccionados en 20 países, y unos 800 medicamentos en listados adicionales”, dijo Verónica Ghisays, experta en compras de UNOPS.
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Como ejemplo la experta expusó el caso de un medicamento de alto costo:
Tocilizumab es un medicamento biológico utilizado en el tratamiento de la artritis reumatoide, que ha mostrado efectividad como terapia para los pacientes graves con Covid-19. La patente de la farmacéutica suiza Roche expira en 2028, por lo que numerosos países tienen que asumir el costo para ofrecerlo en su sistema de salud. “Se observó una fluctuación de precios de un 400 % en un único país del Cono Sur”, dijo Ghisays, sin especificar cuál. “En nueve países de la región el precio medio regional es el equivalente a 276 dólares”.
IMSS, en el ojo del huracán
Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) señaló que la institución es el tercer mayor comprador del Estado mexicano, después del Ejército y Petróleos Mexicanos (PEMEX). También aclaró que el IMSS hace compras consensuadas con otras instituciones como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Personal médico contratado por esta institución, alrededor de 46,000 profesionales para enfrentar la emergencia sanitaria, denuncian retraso en pagos, desorganización y falta de seguro.
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El funcionario mexicano explicó la situación que prevalecía en el IMSS al llegar al cargo. “Había pocos controles. Los distribuidores a lo largo de cinco años aumentaron su participación de 17 % a un 57 %, que se acabó concentrando en cuatro empresas. Se planteó que hubiera una empresa consolidadora externa, el Estado mexicano, que opera bajo los criterios de cuál es el mejor medicamento y la eficiencia económica”. La participación de Robledo fue breve, no hizo alusión al descontento que existe en el personal médico de distintas instituciones locales y federales, que han realizado más de 100 manifestaciones y preparan una más el próximo 1° de julio para exigir el equipo de protección necesario para hacer su trabajo y denunciar el hostigamiento contra los trabajadores que se atreven a hacer públicas las condiciones irregulares en las que trabajan.
En el país latinoamericano se ha generado una ola de indignación por la contratación de 585 médicos cubanos con un costo de 6.2 millones de dólares pagaderos al Estado cubano, presumiblemente al mes y por un tiempo indefinido.
Zoé Robledo asumió el cargo tras la renuncia de Germán Martínez Cázares, en mayo de 2019. El funcionario justificó su dimisión como protesta por el ahorro y el control del gasto en salud en el IMSS, lo que calificó de inhumano, y debido a la perniciosa injerencia de funcionarios de Hacienda en la institución.
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