El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Javier Laynez Potisek admitió la demanda de controversia constitucional que interpuso el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de la segunda parte del llamado “plan B” de reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por lo anterior, el ministro solicitó a las autoridades demandadas -el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo federal- que presenten su contestación dentro del plazo legal.
Aunado a lo anterior, el ministro también concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo para que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma.
“Dicha suspensión fue otorgada debido a que el Decreto no sólo contiene normas de carácter general, sino también actos concretos de aplicación, sobre los cuales la suspensión generalmente se concede”, señaló la Suprema Corte en comunicado.
Esto significa que regirá la legislación electoral previa a la entrada en vigor de la segunda parte del “plan B” mientras se resuelve la impugnación.
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La segunda parte de la reforma electoral son modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Ley General de Partidos Políticos, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral’.
La Corte explicó que en ocasiones anteriores ha resuelto que en controversias constitucionales sí se puede otorgar la suspensión aun tratándose de leyes, pues pueden vulnerar de manera irreparable derechos humanos.
“En el caso que nos ocupa se trata de la posible violación a los derechos político-electorales de la ciudadanía”, enfatizó.
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