El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó el estudio “Costa Rica: una situación fiscal difícil y potencialmente insostenible”, donde se afirma que la carga tributaria cerrará en 13.2% en 2018, porcentaje que se encuentra por debajo del 13.4% registrado en 2017 y del 14.0% que se consideró en el presupuesto 2018.

Las estimaciones las finanzas públicas fueron detalladas en una conferencia de prensa este martes 23 de octubre en San José, y se reveló el primer análisis del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para 2019 junto con sus apreciaciones sobre el proyecto de reforma tributaria que impulsa el gobierno costarricense para tratar de cerrar la brecha fiscal.

La reducción del porcentaje tributario demuestra los niveles de evasión de los impuestos que crecieron a 31.1% para el Impuesto General Sobre Ventas (IGV) 2016 y del 59.6% para el Impuesto Sobre Ingresos y Utilidades (ISIU) 2015, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda.

Además, la pérdida de productividad del IGV se redujo del 38.9% al 35.2% en el período 2011 a 2018.

En el estudio también se indica que la estructura tributaria continúa siendo regresiva debido a que el 36.3% de la recaudación deriva de la aplicación de impuestos directos y el 63.7% restante de impuestos indirectos.

El instituto estimó que el gasto público creció, ya que alcanzará el 21.5% del PIB, monto mayor en 0.9% reportado 2017, pero por debajo del 22.3% que fue contemplado en el presupuesto de este año.

El 37.6% de los recursos ejecutados se destinarán al servicio de la deuda, porcentaje que aumentó en 2017, el cual fue de 32.6%, por lo que para cubrir la deuda se restará recursos al sector de educación, regímenes de pensiones y al poder judicial, que reportarán una disminución de su peso relativo.

El servicio de la deuda reporta crecimiento no sólo por el incremento en el volumen de deuda, sino también por su alto costo, que implica una tasa de interés implícita del 8% en 2018.

El déficit fiscal alcanzará 7.1% del PIB para 2018, por encima del 6.2% de 2017 y por debajo del 7.3% considerado en el presupuesto 2018;

La deuda del gobierno central representará el 53.5% del PIB, lo que reflejo insostenibilidad de corto plazo a la economía de Costa Rica. Conforme el análisis de sostenibilidad, el nivel de ajuste necesario para estabilizar la trayectoria de la deuda es del 4.8% del PIB.

En contexto macrofiscal, el gobierno de Costa Rica presentó su proyecto de presupuesto de ingresos y gastos para 2019, donde hay una reducción de 12.8% en el nivel de ingresos tributarios del PIB, por debajo del 13.2% esperado para el cierre de 2018.

El informe indica que no existe evidencia real que justifique dicha reducción, lo que es una mala señal, tanto para la opinión pública y a las calificadoras internacionales.

En las partidas presupuestarias del próximo año se presentará un crecimiento del gasto público hasta el 21.8% del PIB, por encima del 21.5% de cierre estimado en 2018, el cual se debe al aumento en la demanda de recursos para atender el servicio de la deuda pública que alcanzará el 41.6% del presupuesto total de gastos.

Resultado de ello, el peso relativo del gasto en educación, protección social, orden público, entre otros, continuará reduciéndose. El déficit fiscal alcanzará 8% del PIB y la deuda pública llegará a representar el 58.2% del PIB.

Costa Rica debe realizar un ajuste fiscal que permita alcanzar la sostenibilidad de la deuda en el corto plazo. La reforma fiscal es clave para mejorar la estabilidad financiera pero el ajuste financiero propuesto será insuficiente para las finanzas públicas, pues algunas estimaciones ubican el impacto anual entre 1.2% y 1.5% del PIB, por debajo del 4.8%.

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El Banco Central de Costa Rica es otro ente que está a favor del Proyecto de Ley y afirma que “el impacto de la reforma representará 3.7% del PIB”, pero no detendrá el crecimiento de la deuda y el déficit fiscal y se mantendría por encima del 4% del PIB, haciendo necesaria una segunda reforma.

En cuanto a las reformas al gasto, en particular, las remuneraciones del sector público, el Icefi considera que habrá que esperar el análisis de la Sala de lo Constitucional, atendiendo al hecho que la forma de aplicación pudiera interpretarse como una violación a los derechos laborales adquiridos.

Finalmente, a diferencia de otros mecanismos de regla fiscal que han sido impulsados en otros Estados, en procesos de ajuste fiscal, la regla incorporada en la iniciativa de Ley, no contempla la obtención de ingresos extraordinarios, por lo que, aun cuando aritméticamente se pueda mostrar una reducción de gasto, la especificidad y los destinos específicos del gasto público, hace prácticamente imposible reducir el gasto sin afectar el nivel de bienestar de los costarricenses.

Icefi concluyó que aun cuando es importante avanzar en una reforma fiscal, la que se discute ahora parece ser insuficiente para sanar las finanzas públicas costarricenses.

Además, otorga poca atención a importantes temas como la progresividad tributaria, la reducción de la evasión, la elusión tributaria y los privilegios fiscales; el control a los flujos ilícitos de capitales y la transformación a renta mundial; el fortalecimiento a la transparencia y la rendición de cuentas, y la necesidad del rollover de la deuda.

Finalmente, Icefi consideró que, independientemente de la aprobación de la reforma en discusión, es pertinente el impulso de la discusión de un Acuerdo Nacional que establezca el futuro fiscal del Costa Rica en función de sus derroteros sociales, económicos y políticos.

 

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