En el pasado proceso electoral de los Estados Unidos el mundo se sorprendió del triunfo de Trump pues se tenía una certeza casi científica del triunfo de Clinton dados los resultados que sistemáticamente habían ofrecido las encuestadoras en los meses, semanas y días previos. Lo mismo ocurrió en Inglaterra al debatirse, previo a la votación, el Brexit. Lo mismo ocurrió en México en la elección presidencial de 2012 cuando los resultados finales fueron muy distintos a aquellos que se habían publicado previos al día de la elección.

Después de cada debate, en Estados Unidos, las encuestas -sobre todo aquellas por internet- que presentaba el equipo de Trump y que eran levantadas por sitios de ‘dudosa’ reputación al lado de las grandes cadenas televisivas y diarios siempre dieron por ganador a Trump. Encuestas levantadas en regiones que, al final del proceso electoral, resultaron aquellas que más colaboraron con los números que dieron a Trump el triunfo. Si bien es cierto que el voto popular favoreció a Clinton por más de un millón y medio de votos, el voto de los colegios electorales -que equilibran los votos populares en contraste con las zonas de densidad poblacional en donde se emiten- favoreció a Trump. Las encuestas electrónicas que presento su equipo, levantadas en zonas de baja densidad poblacional en estados del centro, el centro/este y el centro/oeste de EU, siempre dieron el triunfo a Trump a diferencia de aquellas ‘levantadas’ en zonas urbanas por los corporativos profesionales y de ‘reputación’ que siempre daban a Clinton el triunfo, en algunos casos pronosticando una ventaja hasta del 90%. Un sistema que estaba diseñado para evitar que un ‘populista’ sin escrúpulos manipulara los resultados del voto popular -de ahí el sistema de balances de los colegios electorales- paradójicamente fue la ruta para que un candidato, en el extremo más aberrante de la definición ‘populista’ ganara.

Las encuestas dejaron de ser útiles en la medición de los potenciales resultados de los procesos electorales cuando se convirtieron en parte de la propaganda electoral. Concebidas como herramientas -específicamente las encuestas de opinión- para dar orientación, con base en la información proporcionada por grupos de personas que representan el mercado objetivo que busca el encuestador a petición del cliente, para la toma de decisiones en el discurso y dirección de la campaña -sea de productos o servicios comerciales, o de carácter político-, las encuestas cumplieron su objetivo, alimentar de información a los estrategas del manejo de la comunicación, en tanto fueron servicios entregados al cliente para su análisis y discusión. Dejaron de ser útiles cuando se convirtieron en ‘arma’ de propaganda de parte de los distintos jugadores provocando el nivel de error que conlleva la alteración de los criterios de medición -a la hora de redactar la pregunta, de formularla, de diseñar la muestra, etc- en función de la búsqueda de un resultado que apoye la propuesta del cliente/candidato, invirtiendo el proceso de confiabilidad. Es decir: se comenzó a medir la confirmación de que el mensaje del cliente/candidato fue eficiente, en lugar de medir si acaso fue eficiente, limitando en la forma de llevar a cabo la encuesta las opciones de opinión del público, por lo tanto, su aportación a la reflexión de los mensajes. Las encuestas entonces comenzaron a buscar resultados que sirvan de respaldo al discurso del cliente/candidato para ser presentadas ante la opinión pública como elementos de campaña, dando como resultado una pérdida total de la brújula conceptual del cliente/candidato al perder la retroalimentación genuina que pudiera servir para sofisticar adecuadamente el discurso.

Esta crisis de credibilidad en las encuestas es el resultado de distorsionar el objetivo de las mismas. Aún eficientes en la medición de productos o servicios de consumo -en donde la información es esencial para la búsqueda de resultados financieros, por lo tanto la información se maneja neutralmente disminuyendo el nivel de error al mínimo-, las mismas metodologías aplicadas a las encuestas políticas han sido víctimas de la corrupción natural que tiene el sistema político -todos los sistemas políticos- en la búsqueda por el poder, logrando incluso fenómenos tan concretos como alterar la percepción de la realidad de ciertos sectores de la población que, en un juego perverso de selección vía los mismos encuestadores en colaboración con medios que difunden la información activamente, tal y como ocurrió en Estados Unidos, niegan los datos que no estén de acuerdo con su convicción política reforzada, paradójicamente, con los datos que encuestas politizadas y altamente difundidas proveen.

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Para lo que ha servido la experiencia norteamericana con el golpe de realidad que recibimos el 9 de noviembre, es para reflexionar sobre, entre otros, este fenómeno de las encuestas diseñadas como propaganda y leer entre líneas los encabezados de diarios y noticiarios que difunden profusamente el ‘favoritismo’ de la sociedad por uno u otro candidato. La experiencia debería de servirnos para dudar automáticamente del medio que difunde la encuesta y del candidato que aparece beneficiario de la misma. Cualquier encuesta, cualquier candidato.

 

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