El miedo a través de la violencia es un componente importante de coerción aplicado tanto por el Estado como por los criminales. Y ahora tenemos una nueva generación de criminales que ejercen niveles de violencia sin precedentes, quienes incluso con la despenalización de las drogas podrían recuperar sus recursos cometiendo extorsiones y otras actividades ilícitas.

 

Por Samuel Schmidt y Carlos Spector

Las piernas le son desmembradas a un empresario de 33 años por no pagar derecho de piso; veintidós miembros de una familia exitosa en Villa Ahumada son forzados a huir de México debido a la extorsión, en tanto que once miembros de una familia más, son asesinados por no cumplir con las cuotas de extorsión; una empleada de maquiladora de 30 años es secuestrada y violada por un policía municipal en Ciudad Juárez… Todos ellos son víctimas del crimen autorizado[1], y en este artículo será explorada esta categoría como un nuevo paradigma para explicar la violencia en México.

 

Definiendo el crimen autorizado

Ni los modelos de Estado ausente, fallido o suplantado pueden explicar la condición actual de México, a menos que se considere al crimen autorizado como un componente preponderante en cada modelo. En algunos casos, el crimen organizado trabaja junto con policías, servidores públicos o jueces, de uno o más niveles de gobierno… aunque también lo han hecho con todos ellos juntos.

No son pocos los policías que trabajan con, como, o para sicarios –dependiendo de si colaboran, suplantan o se subalternan a éstos–. Algunos policías han llegado a asociarse cual cárteles e incluso protegen las actividades criminales en picaderos[2]. Hay militares convertidos en oficiales de la ley trabajando en complicidad con los criminales. Incluso existen servidores públicos que aprueban o alientan violaciones a la ley, como el caso del dueño de un yonque[3] en Ciudad Juárez, a quien policías federales le exigían una cuota de 10 mil pesos semanales; como éste argumentó que le era imposible pagar, los agentes le sugirieron que comprara carros robados.

Además de representar violencia de Estado, las distintas complicidades crean crimen autorizado. Como Spector[4] dice, “el crimen autorizado sostiene que semejante actividad criminal no puede ocurrir y consecuentemente florecer sin la complicidad de autoridades municipales, estatales o federales. Éste cambia forzosamente la presunción de responsabilidad criminal desde elementos del crimen organizado hacia el Estado”.

El crimen autorizado puede ser tanto el resultado de un Estado fallido como un factor contribuyente a generar el Estado fallido. Está basado en diferentes niveles de impunidad y podría alcanzar el nivel en que los criminales no se preocupen por llamar la atención (calentar la plaza) cuando realizan sus vendettas con la mayor impunidad[5].

De la misma manera que ningún modelo de deterioro del Estado es absoluto, lo mismo sucede con diferentes zonas de impunidad[6]: dependiendo del nivel de conexiones y complicidades de los criminales con los servidores públicos e instituciones, son generadas las diferentes zonas de impunidad. Esta complicidad se refleja en la acción u omisión del gobierno en su quehacer, pues en la defensa de sus intereses, directa o indirectamente, defiende también los intereses de algunas asociaciones delictuosas. Lo anterior, forzosamente modifica la presunción de responsabilidad criminal de los elementos del crimen organizado hasta los del Estado.

 

Villa Ahumada: un estudio de caso de poder del Estado en declive

Villa Ahumada es una ciudad con 8 mil 753 habitantes. Ha ganado viabilidad económica gracias a ser una escala acostumbrada entre Juárez y Chihuahua, además de su oferta gastronómica. Hay una estación de trenes fuera de servicio, pero ahora las compañías de autobuses utilizan a la ciudad como base de mantenimiento y reabastecimiento de combustible, la cual ofrece un importante impulso creciente a la economía local. A pesar de su tamaño, la ciudad puede servir como ejemplo de lo que está sucediendo a nivel nacional.

Veinte miembros de la familia Porras huyeron de la ciudad y solicitaron asilo político en Estados Unidos. El tamaño de la familia le hace ser un caso excepcional en su tipo; sin embargo, debido a la ley de asilo que sólo permite amparar a miembros de la familia directa, el caso principal se dividió en seis casos de asilo.

Los Porras entendieron las oportunidades económicas bastante bien, pues abrieron la cremería más vieja de la ciudad, empezaron a producir su propio queso, poseían tiendas de calzado y vestido, una cervecería, un autolavado y una compañía de seguros, siendo para los estándares del mexicano un gran ejemplo de éxito. Todo iba viento en popa hasta que miembros del crimen autorizado empezaron a cobrar cuotas de “protección”. El patriarca de la familia se rehusó y fue asesinado; cuando el hijo más joven fue a visitar la tumba del difunto, también fue asesinado. Subsecuentemente, y con apenas unos días de diferencia, recibieron llamadas telefónicas amenazando con matar a la madre y al resto de la familia, por lo que decidieron abandonar su hogar, literalmente, con la ropa, calcetines y lo que pudieran cargar. Consideran que ser miembros fundadores del Partido Acción Nacional introdujo un componente político a la agresión que sufrieron.

Huyeron como lo harían los refugiados de una zona en conflicto sin ser éste, desafortunadamente, un caso excepcional en el país. Por ejemplo, en Coyuca de Catalán, Guerrero, 45 familias abandonaron la localidad después de los asesinatos de Juventina Villa y su hijo Reynaldo Santana. Similar es lo sucedido en Ciudad Mier, Tamaulipas, que se volvió un pueblo fantasma después que los habitantes huyeran por las amenazas del cártel de Los Zetas.

Villa Ahumada es un microejemplo de lo que Schmidt considera un Estado suplantado, donde el crimen organizado ha suplantado las funciones esenciales del Estado, desplazando algunas de las instituciones, o coludiéndose con las autoridades (por ejemplo, policías, tribunales, alcaldías): imponen impuestos, principalmente en forma de cuotas de “protección”; demandan la protección frente a otros grupos criminales y al ejercicio del gobierno, avituallando fuerzas armadas, creando leyes, estableciendo castigo y regulando la actividad económica. Crane Brinton se refiere a este mismo fenómeno como “soberanía dual”[7] porque se generan instituciones que comparten decisiones que están generalmente reservadas al Estado. Esto es un contraste a lo que definimos como “legítima soberanía”, que se sostiene por procesos políticos formales e instituciones. Aunque sea controversial, podemos considerar que los criminales pueden obtener legitimación a través de la aceptación social, que ocurre cuando la gente acepta las reglas impuestas por el crimen organizado. El miedo a través de la violencia es un componente importante de coerción que es aplicado tanto por el Estado como por los criminales.

Nosotros sostenemos que el desplazamiento y suplantación del Estado sucede en el nivel micro, y la complicidad entre los criminales y los gobiernos genera crimen autorizado.

Por tanto, Villa Ahumada es un ejemplo concreto de la transición entre un “Estado suplantado” a un “Estado fallido”, definido este último, según el Fund for Peace, por tres requisitos:

  1. Problemas sociales que incluyen presiones demográficas crecientes, desplazamientos masivos de refugiados, creando emergencias humanitarias severas, demandas dispersas desde grupos que reclaman revancha, desplazamiento humano crónico y masivo, generación de barrios marginales en zonas pobres.
  2. Problemas económicos que incluyen desarrollo económico inequitativo entre las clases sociales y declives económicos severos.
  3. Problemas políticos como la criminalización, la legitimación y/o deslegitimación del Estado, deterioro de los servicios públicos, suspensión o aplicación arbitraria de la ley, extensos abusos a los derechos humanos, aparatos de seguridad que operan como “estado dentro del Estado”, el auge de élites enfrentadas y la intervención de agentes políticos externos.

Barry Richard McCaffrey, ex director de la Office of National Drug Control Policy define a México como un Estado ausente. El Grupo de Crisis Internacional[8] considera las siguientes condiciones para definir a Kirguistán como Estado tambaleante (faltering): elecciones fraudulentas, violencia callejera, molestia popular, corrupción, gobierno inefectivo, protestas endémicas en cárceles, disenso interno, crisis internacionales, disputas serias por las propiedades, servicios de seguridad fuera de control del Estado; gobierno, criminales y otros intereses que compiten por estructuras de poder en deterioro de las infraestructuras. Las tres categorías (Estado ausente, Estado suplantado y Estado tambaleante) comparten denominadores comunes; cada uno puede complementar al otro o pueden ser parte de un proceso.

Un Estado fallido ocurre cuando la estructura formal de gobierno se ha desintegrado y los actores legítimos de poder han perdido todo el control. Esto se asemeja a las condiciones del Estado ausente. En Villa Ahumada, el crimen autorizado ha designado al presidente municipal y al jefe de la policía, provoca un gobierno inefectivo y se apropia ilegalmente y por coerción de las propiedades de otros. El Estado suplantado ocurre en diferentes sitios y momentos distintos; en Villa Ahumada ha sucedido por imponer al alcalde y al jefe de la policía, y los criminales tienen el poder de expropiar negocios ilegalmente y acceder a cuentas bancarias. Sin embargo, ningún modelo puede por sí mismo explicar completamente el impacto del crimen autorizado y la relación entre el crimen organizado y el Estado. Los modelos anteriormente mencionados apenas pueden explicar circunstancias distintas y específicas a través del país, involucrando al crimen organizado y sus diferentes formas de articulación con las esferas de poder y las instituciones públicas.

Esta situación se está repitiendo en un número creciente de ciudades mexicanas. En Ciudad Juárez, los líderes empresariales entrevistados por los autores han calculado que el 70% de los negocios legítimos pagaban “protección”. En Michoacán, el crimen organizado controla el mercado de bienes de consumo determinando cuáles negocios están autorizados para transportar aguacate, proveer embalaje e inclusive vender tortillas.

El pago de “protección” no se limita al sector productivo, donde las propiedades están protegidas por el pago de una “cuota”. Los alcaldes en Michoacán tienen que pagar protección[9]; en Hidalgo, plaza de Los Zetas, un jefe de la policía tiene que pagar protección. La extorsión se ha vuelto una actividad criminal fundamental que permite a los miembros del crimen organizado amasar grandes cantidades de dinero. Felipe Calderón también cometió un error de omisión al desentenderse de perseguir las bases financieras del crimen organizado.

Para George Grayson[10], la extorsión produjo 186 mil 620 millones de pesos (USD 14.4 billones) en ganancias para los criminales en el periodo 2001-2007. De acuerdo con el Inegi, las pérdidas individuales debido al crimen en 2011 a nivel nacional se elevaron a 150.6 mil millones de pesos (casi 12 billones de dólares, cercano al 1% del PIB), mientras que el lavado de dinero representa el 3% del PIB nacional. Hay ciudades cuyas fortunas están basadas en el crimen organizado, siendo administradas por personas que poseen cierta respetabilidad, a partir de que donan dinero a las campañas políticas y son influyentes en la administración de la ciudad. Ellos cobijan los liderazgos políticos formales.

La extorsión no sólo tiene motus económico, sino que puede tener connotación política. Lori Rosenberg, ex miembro de la Mesa directiva de Agentes de Inmigración, consideró esto cuando emitió el disenso en el caso M-B, 21 18N Dec 775 (BIA 1997), mismo en el que acuñó el término “extorsión más”, que aplicaba para situaciones de motivos mixtos en que la extorsión no era el único objetivo.

En Ciudad Juárez, Alfredo Olguín era dueño de una compañía transportista que pagaba extorsión. Convocó a una huelga de transportes para obligar al gobierno a actuar, y al día siguiente recibió una amenaza para suspender su queja. Unas semanas después, su hijo fue asesinado y algunos camiones fueron incendiados. Por intentar resistir la extorsión y reclamar fue “castigado”. La extorsión, entonces, se vuelve un problema político, pues supone una limitante al derecho de libre expresión; por tanto, el que castiga suplanta al Estado.

Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2013, la llamada “cifra negra” que se refiere a todos los crímenes no denunciados, asciende al 92.1%[11]. Muchas víctimas no acuden a la policía por la sospecha de que las policías y el crimen organizado estén coludidos, por lo que la denuncia podría provocar una represalia al acusar el agravio de los criminales. Esto ayuda a explicar por qué es tan bajo el nivel de denuncia criminal, investigaciones policiacas y la elevada impunidad; el crimen autorizado explica el bajo nivel de investigación policiaca y de punibilidad. “El 80% de las 623,213 personas detenidas por delitos de crimen organizado y tráfico de drogas en México durante la administración de Felipe Calderón (2006-2012) están libres provisionalmente o definitivamente.”

Viridiana Ríos y Michele Coscia[12] han documentado cómo el crimen organizado ha jugado un rol de apoyo en las campañas electorales de varios diputados e indican que incluso Manlio Fabio Beltrones, líder de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados (2014), ha sido acusado de tener nexos con miembros de los cárteles de la droga. También sugieren que los traficantes de drogas eran actores políticos en al menos 711 municipios del territorio nacional (lo cual comprende casi el 30% de las municipalidades).

Grayson (op.cit.) sostiene que el número de criminales involucrados llega a cubrir la totalidad de los municipios de México, los que ascienden a 2,435, y según él, en 233 de ellos se producen lo que podríamos identificar como zonas de impunidad (Lacey[13]). En la guerra contra las drogas, México pelea contra los cárteles de la droga y contra sí mismo. La complicidad compleja entre las autoridades produce una paradoja en que la violencia legítima se asoció a los criminales y se usa en contra de la sociedad.

Como en otras partes del país, el crimen autorizado en Villa Ahumada se ha diversificado: así como sigue transportando drogas, se adjudica secuestros y se involucra en una variedad de actividades (robo de autos con violencia, robo a casa habitación y a negocios legales). Su poder se extiende incluso a la industria bancaria, como lo refleja otro incidente que involucró a otro miembro de la familia Porras, quien al tratar de retirar fondos de su cuenta desde El Paso, descubrió que todo el dinero de la cuenta había sido vaciado por miembros del crimen autorizado.

Ahora tenemos una nueva generación de criminales que ejercen niveles de violencia sin precedentes. Todo esto en conjunto ilustra la dificultad para enfrentar este problema, porque incluso con la despenalización de las drogas, el crimen autorizado podrá recuperar sus recursos a través de realizar extorsiones y otras actividades. Tal vez traficantes de drogas no sea la etiqueta apropiada, y sea más preciso definirlos como crimen autorizado para entender que el problema que combatimos es mucho más profundo que una guerra contra las drogas.

La administración del presidente Calderón llevó a cabo un sangriento ataque frontal que no logró resolver el problema de fondo, mientras que provocó innumerables violaciones a los derechos humanos. Al final de su administración, Calderón le informó a Washington que los narcotraficantes habían desestabilizado el poder en ambos lados de la frontera.

La administración presidencial encabezada por Enrique Peña Nieto (en funciones a partir del 1 de diciembre de 2012) muestra signos de continuar con la misma estrategia de usar la fuerza policiaco-militar contra el crimen organizado. Aun así, el gobierno sostiene que retomará el control político sobre las fuerzas policiacas. Asumiendo la desaparición de los cárteles de la droga, el gobierno se enfrenta con la realidad de la complicidad entre el crimen organizado y las fuerzas policiaco-militares, pero no hay señales de que se ubique al crimen autorizado como enemigo a vencer. En entrevistas que los autores realizaron en Ciudad Juárez para explicar la caída de la violencia a partir de 2012, hay consenso en indicar que la disminución de la violencia sucedió a partir de la salida de las fuerzas federales (policía y ejército).

Para aprovechar la posición geográfica de Villa Ahumada, el crimen autorizado se ha ubicado en diversos accesos:

  • Ciudad Juárez, que conecta con El Paso, Texas.
  • Ojinaga (por medio de cierto rodeo), que conecta con el centro de Texas y la Costa Oeste (de la Unión Americana).
  • Puerto Palomas, que conecta con la Costa Este (Nuevo México, Columbus).

Villa Ahumada conecta con el paso montañoso de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y la Costa Oeste de México, al igual que a la ruta del sur que atraviesa la capital del estado de Chihuahua y se conecta a Durango y Coahuila, que son dos plazas importantes de los cárteles.

Un abogado criminalista de El Paso nos comentó que para el año 2000, los delincuentes de Durango se habían involucrado tanto con el negocio de los estupefacientes de Villa Ahumada, que los habitantes habían sido forzados a huir del control de los cárteles.

Mientras esto sucede, hay un esfuerzo para silenciar a todos aquellos que protestan. México es uno de los países más peligrosos para los periodistas. Se ubica en el tercer lugar con más periodistas asesinados al año a nivel mundial, y el más peligroso de Latinoamérica. Desde 2002, al menos 83 periodistas han sido asesinados, la mayoría desde el 2005. En Michoacán, dos clérigos fueron asesinados en 2004 por denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte de la delincuencia organizada. Lo mismo puede decirse de todas las personas que han sido forzadas a emigrar del país. Tan sólo en El Paso, un grupo de personas ha creado la organización Mexicanos en Exilio, con al menos cien miembros, cifra que incluye niños que están solicitando asilo político.

No son sólo quienes denuncian los pagan con sus vidas, sino también los activistas. Desde el año 2006, tan sólo en Chihuahua 23 activistas de DDHH han sido asesinados; una de ellos (Marisol Escobedo) fue asesinada enfrente del palacio de gobierno estatal, donde los criminales se burlan con desdén de la autoridad y de las nimias medidas de protección que han implementado. El caso de Marisela Escobedo se volvió muy visible debido a que ella se convirtió en activista ante la inacción del Estado para perseguir al asesino de su hija; la reacción del gobierno –cuando actuó frente al escándalo provocado por su asesinato– fue de una forma inusual: condenó intencionalmente a un inocente. El hermano y el hijo de la víctima han identificado plenamente al verdadero homicida. Al hijo lo amenazó en la puerta de un establecimiento comercial en El Paso, Texas, diciéndole que él era el siguiente. Como dijo un sicario: “¿Si un traficante puede mover toneladas de droga, entonces cómo no va a poder mover a una persona?”

Activistas asesinados

También los activistas pagan con sus vidas cuando tratan de proteger el medio ambiente de la agresión de los delincuentes, los que frecuentemente están respaldados por las autoridades gubernamentales. En el estado de Guerrero, 25 activistas han sido asesinados desde el año 2005 y 15 de ellos desde 2011.

Éste es el fenómeno que Felipe Calderón permitió implícitamente florecer, pues no entendió la profundidad ni las raíces sociales que desarrolla el crimen organizado, pero lo mismo sucede con Peña Nieto, concentrado en acallar al activismo social mientras el crimen autorizado actúa con impunidad, como lo muestra el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, quienes le han causado una crisis de credibilidad a nivel mundial. Los criminales usan la violencia extrema tanto para castigar como para silenciar a las víctimas[14], y el gobierno sigue la misma dirección. Una sociedad callada es más fácil de manipular.

El gobierno de Calderón cometió un error al responder ante un problema social y cultural muy complejo, como si se tratara simplemente de pelear una guerra sangrienta. Molly Molloy, que revisa reportes de prensa, ha reportado que son al menos 100 mil muertos por la guerra del narco desde 2008. Un general mexicano mencionó en una reunión en EU que la cifra de asesinatos alcanzaba 250 mil. Debido a la tendencia mexicana de no revelar crímenes, como lo habíamos mencionado, y con base en los índices de crímenes no reportados, podríamos multiplicar la cifra por 8, para llegar a una cifra real que podría estar alrededor de las 800 mil muertes. Estas cifras pueden aumentar, pues no incluyen a las personas “desaparecidas” y que muy probablemente estén muertas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el número de víctimas por cada 100 mil habitantes mayores de 18 años en 2011 se elevó a 24 mil 999; el número total de víctimas alcanzó 18 millones 675 mil, mientras que la cifra de delitos cometidos alcanzó los 22.4 millones. México tiene una población de 112 millones de personas, lo que significa que el 15% de la población fue víctima de algún tipo de delito en un solo año. La probabilidad de que cada mexicano sea víctima de algún delito en 5 años es muy alta y ha provocado una actitud de resignación en que la población se conforma con ser objeto de delito, mientras sus vidas no corran peligro; así, el no ser asesinado se convierte en una ganancia.

Foto: Reuters.

Foto: Reuters.

El desplazamiento de personas es un problema mayor. La violencia obliga a desplazar a grandes grupos sociales. En Chula Vista, California, se ha creado un vecindario llamado Pequeña Tijuana, mientras que en El Paso, Texas, se dio el caso que miles de personas celebraron el Día de la Independencia de México (15 de septiembre) con el alcalde estadounidense, mientras que en Ciudad Juárez el presidente municipal celebraba la fiesta patria en una plaza vacía, custodiado por elementos militares. Se estima que entre 30 y 100 mil personas han emigrado a El Paso.

Se ha considerado que en total hay unos 160 mil desplazados, cifra poco realista, considerando que se toma en cuenta a personas originarias de Tijuana y Ciudad Juárez, pero hay gente desplazándose en todo el país, muchas veces como consecuencia directa o indirecta de la violencia. Hay dos tipos de desplazados: económicos y políticos. Los del primer tipo son los que se han visto afectados, por ejemplo, por el cierre de las maquilas a causa de la caída de la actividad económica y sus consecuencias en la producción de bienes manufacturados. Entre éstos están los que emigraron a esta región en la época de bonanza. Una fuente calcula que son entre 300 y 400 mil desplazados a causa de la economía, y el cálculo se hace con base en el número de casas vacías. Los segundos mencionados, por su parte, son producto de la acción del crimen autorizado, y aquí se encuentran varias ciudades de Tamaulipas que parecen fantasmas, así como familias que abandonan sus pueblos y ciudades en Guerrero y Michoacán, por dar unos pocos ejemplos. Entre algunos de los muchos que han salido de México, algunos son refugiados, como los miembros de Mexicanos en Exilio; miles han solicitado asilo político en Estados Unidos, pues solamente en 2007-2011 se han presentado 21 mil 172 solicitudes de asilo, de las cuales sólo 340 han sido aceptadas, lo que representa apenas el 1.6% de las solicitudes, mientras que el porcentaje de solicitudes aceptadas de colombianos es superior al 30% y de venezolanos es cercana a 46%.

La falta de un cuadro conceptual que explique la violencia en México podría ser un poderoso factor que contribuya para la altísima tasa de rechazo de solicitudes de asilo en EU. También puede ser porque los jueces de inmigración designados por George Bush fueron, en su momento, autoridades de inmigración cuyo trabajo era deportar a inmigrantes indocumentados, especialmente mexicanos, y como jueces funcionan bajo el mismo criterio.

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, la cifra tan alta de solicitudes de asilo político se debe a un abuso, y aunque este argumento ya ha sido utilizado anteriormente, esos funcionarios sugieren que se instruye a una gran parte de los mexicanos aleccionándoles para obtener el asilo. La AP reportó: “Según el testimonio del director asociado del USCIS (Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos), Joseph Langlois, que compareció en una audiencia del Congreso, que esa agencia gubernamental recibió 19 mil 119 solicitudes de asilo hacia finales de mayo. La agencia anticipa recibir más de 28 mil 600 solicitudes para finales del año fiscal 2013. ‘A los mexicanos se les dice que no crucen ilegalmente la frontera pero se dirigen a ella y dicen que temen a los cárteles de la droga y claman por asilo político en los EE.UU.’ Según el testimonio, durante el año presupuestal de 2009 la agencia recibió sólo 5 mil 369 solicitudes.”

Una consideración por separado que requiere atención son las pérdidas económicas producidas por la violencia. En la Ley de Víctimas que se aprobó en 2011, vetada por Felipe Calderón en 2012, y aprobada en 2013, se obliga a la autoridad a resarcir el total de los bienes perdidos por los actos de criminales, junto a lo que hubieran producido durante el tiempo en que los bienes hubieran estado alejados de sus dueños legítimos. El gasto público no permite cumplir con semejante condición, y el Congreso asigna una cantidad irrisoria para atender a los millones de víctimas que hay en el país.

El concepto de crimen autorizado debe manejarse rebasando las fronteras nacionales. Bowden[15] sugiere que agencias estadounidenses podrían tener vínculos con las organizaciones criminales; la nota de que la CIA pudo haber asesinado al agente Kiki Camarena[16] sólo da credibilidad a la noción de que el crimen autorizado puede tener relevancia binacional, transformando su “poder” en un asunto más complicado de resolver.

Históricamente ha habido una discrepancia entre Estados Unidos y México, que sostiene que mientras México es un país de tránsito de estupefacientes, la Unión Americana es el mayor consumidor de drogas a nivel mundial. Ninguna de las dos posiciones es absolutamente correcta. México se ha vuelto un gran consumidor y Estados Unidos es un importante productor. El crimen autorizado se ha vuelto una gran empresa trasnacional semejante a las corporaciones más importantes, con la particularidad que mezcla intereses económicos[17], políticos, sociales con actividades delincuenciales; ningún país es invulnerable a la corrupción, y las organizaciones criminales tienen complicidad con las agencias policiacas internacionales en distintos países; por tanto, el crimen autorizado es un problema internacional, de la misma manera que el Estado fallido, el Estado suplantado, el Estado tambaleante y el Estado ausente son un problema internacional, porque un país que enfrenta problemas de estabilidad mayor aprovechados por los criminales asociados al Estado, impactará a otros países aunque lo haga en escalas diversas; no se trata solamente de enfrentar al más afectado, sino intervenir ante las situaciones de corrupción y simbiosis entre el Estado, los empresarios y los criminales de forma integral a nivel mundial. En la discusión se encuentra la despenalización de las drogas; tal vez sea un buen paso para cercar este gran mal de nuestro tiempo.


[1]El campo de estudio que apoya este artículo se basa en algunos de los cientos de casos de exiliados mexicanos buscando asilo político en Estados Unidos. Algunos de los casos mencionados son representados por el bufete jurídico de Carlos Spector, de los cuales el 75% son pro bono. Los autores están autorizados por las víctimas para usar sus nombres con objeto de proteger a los inocentes. (Traducido por César Adrián Mendieta Uscanga.)
[2]Tiendas distribuidoras de drogas.
[3]En otras partes se les conoce como deshuesaderos de autos.
[4]Spector, Carlos, 2013. Mexican asylum: an alternative paradigm. Presentado en AILA, 2013.
[5]La discusión sobre por qué Ciudad Juárez, Chihuahua, está considerada como una de las ciudades más violentas en el mundo, mientras El Paso, Texas, que se ubica sobre el Río Grande, se considera como una de las más seguras en EU, se puede aproximar desde la perspectiva de que los criminales estarían interesados en no llamar la atención en la zona estadounidense para proteger su nicho personal y sus operaciones criminales autorizadas de drogas con la intención de facilitar la impunidad, restringiéndose la violencia a la línea fronteriza, en la que no importa tanto llamar la atención del lado mexicano.
[6]Crimen autorizado como concepto fue originalmente utilizado para los campos de concentración (nazis y soviéticos) y otros procesos de limpieza étnica.
[7]Citado por Grayson, George W. y Logan, Samuel. 2012. The Executioner’s Men: Los Zetas, Rogue Soldiers, Criminal Entrepreneurs, and the Shadow State They Created. New Brunswick: Transaction Publishers.
[8]International Crisis Group. Kyrgyzstan: A faltering state. Crisis group Asia report. No. 109. Dec. 16, 2005.
[9]Schmidt entrevistó a un comandante de las fuerzas policiales federales, quien se vio obligado a cerrar su empresa por ser objeto de extorsión.
[10]Grayson, George W. Y Logan, Samuel. 2012. The Executioner’s Men: Los Zetas, Rogue Soldiers, Criminal Entrepreneurs, and the Shadow State They Created. New Brunswick: Transaction Publishers.
[11]Incluye robo a persona, a casa habitación, secuestro, extorsión, fraude y violación.
[12]Viridiana Ríos and Michele Coscia, 2012. Using Google to track Mexican drug trafficking organizations. Harvard CID Research Fellow & Graduate Student Working Paper No. 57, August.
[13]Véase Grayson, George. 2011. Mexico narco violence and a failed state. New Brunswick, Transaction books.
[14]Según un refugiado, un policía le cortó las piernas cuando se rehusó a continuar pagando cuotas de extorsión.
[15]Bowden, Charles. 2010. Murder City: Ciudad Juarez and the Global Economy. New Killing Fields. New York, Nation books.
[16]Proceso, No. 1929, October 20, 2013.
[17]La denuncia que hace Anabel Hernández. 2011. Los señores del narco. México, Grijalbo, presenta los nombres de grandes empresarios que tienen ligas cercanas tanto con los delincuentes cómo con el poder político.


Samuel Schmidt Ph.D. es director del Colegio de Chihuahua.
Carlos Spector Esq. es abogado de Inmigración en El Paso, Texas.
Los autores escribieron el libro Tras el muro, México, DF, Cámara de Diputados, 2014.

 

Contacto:

Correo: [email protected]

Twitter: @shmil50

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Nada es más impostergable que combatir la corrupción
Por

Es necesario, ahora sí, que el gobierno se apriete el cinturón. El Estado se encuentra ante la gran oportunidad, y a la...