- Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. El diagnóstico fundamental es que una de las grandes causas de la falta de paz y seguridad tiene que ver con la existencia de corrupción que limita la procuración de justicia, por lo que resulta indispensable “erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos”. De esta forma, se propone tipificar a la corrupción como delito grave, proponer la Ley de Conflicto de interés, prohibir las adjudicaciones directas, entre otros, así como la homologación de sueldos en la cadena de valor de la procuración de justicia. Es imperativo reactivar la procuración de justicia, aunque no queda claro que esto se deba a la corrupción. El tema de la impunidad tiene un componente ontológico, de forma de ser, que se refleja en la falta de un marco institucional que ponga un freno a estas conductas. El dilema es si la ley modifica a las formas de ser o las formas de ser modifican a las leyes.
- Garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Parte de la visión de que el delincuente delinque por falta de oportunidades y que mejor educación, oportunidades y mediante la implementación de programas sociales es posible reducir los niveles de criminalidad. Sin embargo, las razones por las que los seres humanos delinquen soy muy variadas. Resulta difícil pensar que los miembros del crimen organizado están en esas actividades porque no tienen oportunidades sino por la ambición de dinero fácil. Algunos estudios recientes han encontrado que los eventos que detonan la participación de la juventud en el crimen organizado tienen que ver más con situaciones comunes y corrientes que con condiciones propias de marginalización.
- Pleno respeto y promoción de los derechos humanos. La noción de que imponer la ley por medios ilegales incurre en una contradicción flagrante es muy apropiada. Igualmente, las modificaciones legales adecuadas para tipificar como delitos con sanciones específicas a los incumplimientos de recomendaciones de las comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos y garantizar la plena independencia de las segundas con respecto a las autoridades estatales, hace mucho sentido. Sin duda, avanzar en una cultura de legalidad es un imperativo para autoridades y sociedad.
- Regeneración ética de la sociedad. Cualquier esfuerzo para impulsar una reflexión ética de la sociedad hacia una cultura de valores es muy positivo. Sin embargo, el diagnóstico en el que achaca la falta de valores a una sociedad “neoliberal” o justifica la falta de valores por la pobreza y el resentimiento victimiza a quienes busca resarcir, quitándole el poder a cualquier iniciativa. Asumir responsabilidad individual es el camino para iniciar cualquier cambio en la ética individual que se traduzca en la ética de la sociedad.
- Reformular el combate a las drogas. Un gran acierto en el sentido de que el tema de las drogas es un tema de comercio internacional, ya sea legal o ilegal. Alguien en el norte quiere lo que alguien en el sur tiene. Cualquier estrategia de combate a las drogas debe partir del punto de vista de los fenómenos de legalización del consumo en los principales países consumidores y en el hecho de que el tratamiento de las drogas como un problema de salud pública y no legal se está convirtiendo en la forma con la que muchos países empiezan a lidiar con el tema después de años de insistir en la política prohibicionista.
- Emprender la construcción de la paz. Los muy magros resultados del combate a las drogas ya sean por la reducción del comercio de estupefacientes como por los crecientes números de víctimas no hacen más que repensar la estrategia de combate. En este sentido los procesos de desmovilización, desarme y reinserción pueden ser un punto de partida interesante. En este sentido, la pacificación como la legalización del uso de algunas drogas, así como el trabajo con los grupos de la sociedad afectados puede ser un punto de vista interesante para abordar desde un ángulo diferente el tema del narcotráfico y el impacto que ha tenido en la sociedad.
- Recuperación y dignificación de las cárceles. La recuperación del sistema penal para convertirlo de un espacio de un espacio de universidad del crimen a un espacio de transformación personal es una estrategia acertada. En este sentido, acciones para recuperar el control de los penales de las mafias internas, combatir la corrupción de las autoridades, así como establecer un régimen de respeto a los derechos de los internos son todos objetivos encomiables y sobre los que se debe actuar. Aquí se queda corto el documento en detalles sobre cómo se implementarían estos cambios.
- Seguridad pública, seguridad nacional y paz. El reconocer la lealtad de las fuerzas armadas, su naturaleza y el papel obligado que han jugado como último recurso frente ante la irrupción del crimen es muy necesario. Al respecto, la crítica al carácter temporal de la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen y la falta de efectividad en crear cuerpos policiales alternos para hacerse cargo de esta responsabilidad es acertada. La creación de la Guardia Nacional al amparo del artículo 76 constitucional como ese cuerpo que cumpla encargada de prevenir y combatir el delito en todo el territorio nacional con las funciones hoy obligadamente delegadas a las fuerzas armadas es destacable, aunque valdría la pena preguntarse el porqué del fracaso de las autoridades anteriores en desarrollar este cuerpo especializado.
Crimen y castigo: el Plan Nacional de Seguridad
Una miscelánea de medidas contra la criminalidad tiende a ser siempre más efectivo que el uso de medidas únicas, un acierto de este plan.
La seguridad nacional ha sido uno de los temas que más han destacado en la agenda pública en los últimos años por la preocupación de la ciudadanía. En este sentido, pasamos del mínimo histórico de 8 muertes violentas por 100 mil habitantes en 2007 para llegar a un máximo histórico de 24 en 2011 para luego descender a 17 en 2014 y subir nuevamente a en 2017 a 25. Así, lo que podemos decir es que los resultados en los últimos 12 años han dejado mucho que desear y los cuestionamientos a las estrategias en materia de seguridad no se han hecho esperar. Una de las explicaciones más socorridas respecto al surgimiento de la criminalidad ha estado asociada al fin del régimen de partido dominante que se tradujo en el fin del monopolio del control político y el paso al surgimiento a la competencia entre organizaciones criminales y la disputa por territorios. Al mismo tiempo, también es cierto que el creciente uso de las drogas en los países consumidores ha dejado cada vez más en claro que el tema del tráfico de drogas que da origen a gran parte del problema de criminalidad es un tema de comercio exterior más que un tema propiamente de legalidad y que la prohibición ha sido bastante inefectiva para garantizar la reducción de la criminalidad y la violencia.
Todo esto en el contexto de un antiguo régimen estaba más preparado para ejercer un estado de control que para un estado de derecho, lo que puso en evidencia después de la transición de 2000 la falta de instituciones, la carencia de un marco legal y estructuras para el uso de la fuerza que aseguraran el orden público y la seguridad de la población. Esto dio pie al uso del ejército en labores de seguridad nacional en las últimas dos administraciones -particularmente en el combate al narco- y ha levantado una polémica sobre la legalidad de usar a las fuerzas armadas en labores de seguridad y por otro en la preparación de estas para llevar a cabo estas funciones y su preparación para actuar dentro del marco legal civil y con respecto al estado de derecho. En este sentido, la crisis de derechos humanos que se han presentado en la actuación de las fuerzas armadas ha alimentado la animadversión de ciertos sectores de la sociedad y un rechazo a la participación de estas en labores de combate al crimen. Eso sí, lo que ha quedado claro es que no se cuenta con una institución con el profesionalismo que tienen las fuerzas armadas para ejecutar una estrategia de seguridad y que hoy por hoy pueda hacer al combate al crimen organizado. Es un tema de usar lo mejor que se tiene, no lo ideal.
En este sentido, la iniciativa de Ley de Seguridad Interior aprobada por el Legislativo en 2017 ha sido un esfuerzo para dar un marco jurídico para que las fuerzas armadas auxilien en las labores de seguridad como lo han venido haciendo. Esa ley les da, precisamente, facultades expresas que antes no estaban claras desde el punto de vista legal y que creaban un marco de actuación cuestionable desde el punto de vista jurídico, al mismo tiempo que ordena aspectos de su participación y su apego estricto a la protección de los derechos humanos. Sin embargo en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió, por nueve votos a favor y uno en contra, declarar inconstitucional la Ley de Seguridad Interior, argumentando varias razones entre ellas que 1) el Congreso no tiene facultades expresas de legislar sobre las atribuciones del ejército, 2) controversia respecto a la división de Poderes, 3) el hecho que los militares pueden intervenir en seguridad pública pero sólo en casos excepcionales, entre otras. La pregunta entonces es ¿Si no tenemos una ley de seguridad entonces cuál será la política?
En este contexto, el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024 presentado recién por el presidente electo recoge a muy alto nivel el diagnóstico y la visión que guiará a su administración en la materia, y se vuelve un referente de lo que puede venir en los próximos meses. El Plan gira en torno a ocho ejes fundamentales a partir de los cuales se establecen los grandes lineamientos en materia de seguridad:
