La discusión dejó de ser sobre las metas de superávit primario en Grecia y se enfocó en el mecanismo particular para alcanzarlo, es decir, la disputa ya no es económica, sino política.

 

Por Irving Rosales

Desde enero, cuando Alexis Tsipras, del Partido Syriza, ganó la elección para ser el primer ministro de Grecia, muchas fueron las preguntas que surgieron sobre el manejo que el nuevo gobierno daría a la crisis financiera en que Grecia está sumergida desde ya hace varios años. Por una parte, durante 2015 el gobierno griego enfrentaría no sólo problemas de falta de crecimiento, deflación y alto desempleo en su economía, sino una serie de fuertes pagos por concepto de intereses a los acreedores internacionales, que durante los últimos años habían prestado alrededor de 250,000 millones de euros (Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Comisión Europea). Por otra parte, las promesas de campaña del hoy primer ministro griego se basaron principalmente en frenar las privatizaciones, aumentar el gasto público destinado a beneficios sociales e incrementar el salario mínimo, además de cambiar drásticamente la relación entre el gobierno y dichos organismos internacionales.

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Pero ¿cómo empezó todo? Muy a grandes rasgos, ocurrió lo siguiente:

Durante los primeros 7 años de este siglo, la tasa promedio de crecimiento del PIB en Grecia fue de alrededor de 4.5%, lo que la ubicaba como una de las economías más estables en Europa y lo que le permitió recibir importantes flujos de inversión extranjera. Sin embargo, este crecimiento vino acompañado de un fuerte déficit público financiado principalmente por dicho flujo de inversión extranjera, es decir, deuda externa (ya en 2007 el déficit público en Grecia se ubicó en aproximadamente 6.5% de su PIB). Pero llegó el año 2008, cuando la crisis financiera en Estados Unidos se expandió al resto del mundo y los capitales internacionales dejaron de fluir hacia países en desarrollo, incluido Grecia, lo que provocó que en 2009 el déficit público anual llegara a 16% del PIB y detonó la crisis financiera que hasta hoy se vive ese país.

El déficit público no es en sí mismo ni bueno ni malo en términos económicos; todo depende del destino de la deuda, así como de las fuentes y condiciones de su financiamiento. Uno de los problemas en Grecia fue que este déficit vino acompañado de una gran ineficiencia en el gasto público y graves problemas de corrupción en materia de ingresos y egresos públicos. Otro problema fue el déficit observado en la cuenta corriente, al pasar de 7.6% del PIB en 2006 a 14.6% del PIB en 2008. Digamos que se juntaron los ingredientes necesarios para una “crisis de libro de texto” en la balanza de pagos.

Ya con la crisis encima, otro de los problemas con los que se enfrentó la economía griega, en particular el gobierno griego, es que al pertenecer a la zona euro se renuncia automáticamente al manejo de la política monetaria.

En resumen, la crisis en Grecia se volvió tan profunda porque por un lado se tenía un gobierno ineficiente, lo que limita drásticamente el manejo y los efectos de la política fiscal, y por otro, no se puede utilizar la política monetaria para depreciar el valor de la moneda, mejorar los términos de intercambio, incrementar las exportaciones, reducir el déficit en cuenta corriente y compensar la caída en los flujos de inversión extranjera. Entonces lo único que quedaba era la obtención de deuda externa.

Para conseguir crédito con los organismos internacionales en los últimos cinco años, el gobierno griego siguió todas las recomendaciones de austeridad. Pero a pesar de haber recibido préstamos por cerca de 250,000 millones de euros, lo único que consiguió fue profundizar la crisis. ¿Las razones?:

  1. Políticas que contraen la demanda agregada en época de crisis y cuando la inflación es muy baja o hay deflación, contribuyen a profundizar la caída en el PIB y el incremento del desempleo en el corto plazo.
  2. Si la deuda contratada no se utiliza para financiar proyectos que incidan directamente en el incremento de la producción, y en su lugar se utilizan para cubrir de manera directa la salida de capitales, e indirectamente el pago de pensiones y salarios, ni crece el PIB ni crece la recaudación en el mediano plazo.

Si a esto le sumamos las acusaciones de corrupción y mal manejo de recursos por parte del gobierno griego en los últimos años, se obtiene lo que tenemos hoy: una economía que no crece y un gobierno que no logra obtener un superávit para cubrir los costos del endeudamiento.

Es en ese contexto en que el hoy primer ministro gana las elecciones. Poco después de asumir el poder, comienzan las negociaciones del gobierno griego con los organismos internacionales respecto del manejo y pago de la deuda. La negociación, obviamente, se centró en la necesidad de alcanzar un superávit primario importante que le permitiera hacer frente a los pagos requeridos, pero el desacuerdo ha sido en el mecanismo para lograrlo:

Por un lado, los acreedores demandaban una reducción del gasto público, principalmente en los beneficios del sistema de pensiones, en ciertos subsidios y beneficios sociales. Por otro, el gobierno griego intentó alcanzar el superávit vía incremento en la recaudación –sin ser tan claro en el cómo– y sin recortar de manera importante el gasto público. Y es en esta diferencia en la cual se estancaron las negociaciones.

Dada la situación de la inflación, el desempleo y el crecimiento, en términos estrictamente económicos el objetivo debería ser alcanzar de manera paralela un superávit primario, sin recortar el gasto público, pero sí modificando el esquema de pensiones, que no es sostenible en el mediano plazo. En este sentido, ambas posturas tienen aciertos, pero sobre todo graves errores. Sin embargo, la discusión dejó de ser sobre las metas de superávit primario y se enfocó en el mecanismo particular para alcanzarlo; es decir, la discusión ya no es económica, sino política.

Por un lado, el FMI intenta dictar políticas internas a Grecia al rechazar las propuestas de aquel país con el argumento de que se basan principalmente en el aumento de impuestos y no en el recorte del gasto público. En este sentido, el FMI no tendría por qué dictar políticas internas y únicamente se debería enfocar al análisis económico y no político de las propuestas. Además, las medidas propuestas por los organismos internacionales, lejos de fomentar el crecimiento de la economía griega, están encaminadas únicamente al pago de la deuda a costa de contraer aún más la economía.

Por otro lado, el gobierno de Grecia no está dispuesto a asumir el costo de reestructurar por completo su sistema de pensiones, ni a restructurar la composición del gasto público. En este sentido, el gobierno de aquel país debería reconocer que el esquema de pensiones, a pesar de las modificaciones ya propuestas, no es financiable en el mediano plazo.

¿Y a qué han llegado? A que no haya acuerdo, a que el gobierno griego convocara a un referéndum para aceptar o no las condiciones impuestas, a que entonces no haya más préstamos internacionales y que sea muy probable que no se cubra en tiempo el pago de intereses sobre la deuda, y, en consecuencia, a que el gobierno en Grecia haya impuesto el control de capitales (cierre de bancos y límites a la salida de dinero de su país) para evitar una corrida en contra de su sistema financiero.

¿Hasta dónde llegarán? Difícil saberlo. Lo que estamos viendo dejó de ser una negociación sobre temas económicos y se convirtió ya en una competencia sobre poder político. El FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea dieron ya el paso políticamente más difícil, que era dar un ultimátum al gobierno griego sobre las condiciones específicas que deben necesariamente cumplir para seguirles otorgando el crédito que ya habían aprobado. El gobierno griego ya dio el paso económicamente más difícil, que era imponer el control de capitales, con lo que la amenaza de salir de la zona euro se vuelve creíble.

En virtud de que las condiciones impuestas por los organismos internacionales no resolverían el problema de la crisis en Grecia, en términos estrictamente económicos es probable que el menor costo para Grecia sea salir de la zona euro, con todo lo que esto implica en el corto plazo.

Si “ganan” los organismos internacionales no faltará quien diga que ésta es una prueba más de que economías que buscan establecer el estado de bienestar irremediablemente están destinadas al fracaso. Si “gana” el gobierno griego, no faltará quien diga que ésta es una prueba más de que la creación de la zona euro fue un error, que favorece a los países ricos y perjudica a los otros.

En mi opinión, ambas visiones están equivocadas. Estoy convencido de que ésta es una prueba más de que políticas implementadas en países con instituciones económicas débiles (corrupción, mal manejo de las finanzas públicas, débil Estado de derecho, etcétera) están, ésas sí, destinadas a fracasar.

 

Irving Rosales (@IrvingRosales_) es profesor-investigador del Departamento de Economía, Universidad Iberoamericana.

 

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Twitter: @PrensaIbero

Página web: Ibero Ciudad de México

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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