En los albores de la Revolución Mexicana, Nicaragua recibía con beneplácito la intervención política de los Estados Unidos, que apoyaba los movimientos de la ultra derecha en contra del presidente Zelaya. Era 1909 y Nicaragua tenía escasos cincuenta años de vida independiente, se perfilaba como un territorio ideal para la construcción de un canal de navegación que uniera al Pacífico con el Atlántico, pero también como un país que a los ojos de la emergente potencia del Norte, requería la supervisión para el establecimiento de una “sólida democracia y un régimen capitalista ad hoc”.

El entonces presidente Theodore Roosevelt, implementaba en su política exterior un estilo suave en el discurso pero pragmático que lograba un dominio político y militar del entorno. Es bien sabido que aún siendo Gobernador de Nueva York en 1900, Teddy Roosevelt ya hacía referencia al proverbio africano “habla suavemente, carga un gran garrote, y llegarás lejos”; mismo que ya para 1901 se convertiría en el eje de la política exterior estadounidense hacia América Latina y el Caribe: la Política del Gran Garrote.

So pretexto de impulsar la construcción del Canal, Estados Unidos no sólo apoyó el movimiento de insurrección en Nicaragua, sino que impuso una ocupación militar en ese país que finalizó en 1933. Aunque durante el periodo de ocupación hubo intermitentes lapsos de soberanía, Nicaragua no pudo encontrar la paz, estabilidad, democracia y autonomía que tanto anhelaba.

Los años de ocupación trajeron como consecuencia el nacimiento de una dictadura de casi 50 años, en manos de la familia Somoza que encontró su fin a manos del movimiento Sandinista en 1979. Para entonces, la fortuna de la familia Somoza ascendía a 1.5 billones de dólares, mientras que el grueso de la población vivía en marginación, analfabetismo, inequidad y los estragos de 79 años de constante inestabilidad.

Nicaragua alcanzó un proceso de aparente pacificación y relativa autonomía política hasta 1990, cuando Violeta Chamorro (apoyada por el movimiento de los Contras, quienes nuevamente habían llamado a los Estados Unidos a Nicaragua para vencer a los Sandinistas) ganó las elecciones y se puso fin a la permanencia Sandinista en el gobierno nicaragüense. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos en 1984 habían recrudecido la crisis económica y devastado el proceso productivo, la tarea de echar a andar un proyecto de nación no era tarea sencilla.

Desde entonces, la figura de Daniel Ortega ha ensombrecido el desarrollo nicaragüense. Sin aceptar el resultado de las elecciones de 1990, Ortega amenazó con gobernar “por debajo del agua” y nuevamente, en 1996 se postuló para las elecciones de la mano del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional), pero no fue hasta las elecciones de 2006 (y después de un virtual Golpe de Estado al presidente Bolaños) que inició la nueva dictadura en Nicaragua.

Después de tres intentos fallidos por alcanzar la Presidencia, Daniel Ortega inició su primer mandato en 2006, se reeligió en 2011 y en 2014, la Asamblea General, controlada por el FSLN, aprobó el cambio constitucional que le llevó a iniciar su tercer periodo consecutivo en 2016.

Daniel Ortega emblematiza las perfectas dictaduras latinoamericanas, aquellas que enquistándose en el poder bajo un discurso populista, han polarizado, empobrecido y burlado a la población que alguna vez creyó en las promesas de igualdad, empleo, impuestos bajos y competitividad.

Actualmente, Nicaragua se encuentra en las puertas de una nueva insurrección. Una inminente guerra civil que la población más joven del país está dispuesta a enfrentar dadas las condiciones del actual gobierno. Imposición de nuevos impuestos, eliminación del sistema de pensiones y reducción del paquete de seguridad social son algunos de los reclamos que la nueva generación de nicaragüenses le cuestionan al dictador Ortega.

Con 309 civiles muertos en los enfrentamientos desde abril de 2018, el Ejército y la Policía continúan un intento desesperado por contener esta movilización nacional que ha dejado más de un centenar de heridos y un sinnúmero de actos violentos en contra de la población.

Las reacciones de la comunidad internacional no se han dejado esperar, desde la OEA (Organización de Estados Americanos) se ha hecho un llamado al gobierno de Ortega para que se atienda el tema humanitario y de derechos humanos, pero ni este, ni el hecho por la ONU, la Unión Europea o el Vaticano han logrado cambiar la postura radical del ese gobierno que no muestra la voluntad política necesaria.

Quizás el nuevo paquete de sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos, ahora en la era de Trump, logre presionar lo suficiente como para que el Frente Sandinista finalmente abandone el poder. Sin embargo, esto abriría un nuevo ciclo de apoyo estadounidense en Nicaragua, que seguramente confirmaría que cuando un pueblo no aprende de su historia, está condenado a repetirla.

 

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