Petróleos Mexicanos (Pemex) no puede condicionar la venta de gasolinas a la contratación de servicios de transporte, pese a que ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra una sanción por considerar el traslado de combustibles como un área estratégica reservada a la Nación, advirtió la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

“Pemex no puede negar la entrada de transportistas a sus instalaciones o condicionar la venta de sus combustibles a la contratación de algún servicio”, manifestó el organismo encargado de vigilar al sector energético en México.

El regulador dijo que ya trabaja en aprobar a la brevedad los protocolos de comunicación y procedimientos de seguridad que establezcan los lineamientos y los registros necesarios para que los transportistas puedan acceder a las refinerías y terminales de almacenamiento de Pemex.

Aquí la historia completa: Suprema Corte ampara a Pemex contra multa de 653 mdp

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“El fallo de la SCJN ratifica las reglas a las que deberán sujetarse Pemex y todos los participantes del sector energético. En ese sentido, la CRE asume el reto de seguir al pendiente del desarrollo del sector y supervisar que Pemex no imponga condiciones para la entrega de combustibles”, dijo.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el 25 de enero de 2017 que la reforma energética de 2013 puso fin al monopolio de Pemex y señaló que el marco jurídico actual permite la participación de nuevos actores en la industria petrolera.

Si bien, la SCJN decidió amparar a Pemex contra la sanción impuesta en agosto de 2013 por la extinta Comisión Federal de Competencia (COFECO), hoy Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), “ello fue así porque la Corte consideró que, bajo el marco jurídico vigente en 2013, el traslado de combustible constituía un área estratégica reservada a la Nación. Esto quiere decir que, en ese momento, Pemex era la única entidad facultada para realizar tales actividades y, por ello, la COFECO no podía sancionarla”, agregó.

“Nuestro compromiso por identificar y combatir, en el ámbito de nuestra competencia, las prácticas que impidan el mejor desarrollo del sector y afecten a los consumidores”, concluyó la CRE.

 

 

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