Para quienes ejercen el periodismo en algunas zonas del país, la situación puede y suele ser muy complicada. Desde hace años los grupos criminales han impuesto una dinámica de silencio sobre los asuntos que les molestan o que les pueden causar problemas.

En algunos momentos, los bandidos han tenido inclusive una suerte de “jefes de prensa” que son los que advierten sobre lo que puede y no puede ser publicado.

La herramienta que utilizan para lograr sus propósitos es el miedo que, sumado a la impunidad y a la colusión de las policías municipales e inclusive estatales, hacen un verdadero caldo de cultivo para que la narrativa o la no narrativa criminal se imponga.

Y lo más grave es que los reporteros y editores se encuentran a su suerte y en muchas ocasiones no reciben el apoyo adecuado cuando son amenazados.

Por desgracia, los mecanismos de apoyo  y protección para los periodistas tampoco han funcionado y están lejos de ser una instancia que resuelva o por lo menos congele las situaciones de riesgo. Hay historias terribles sobre reporteros que estaban bajo protección y que  fueron asesinados.

Por ello, no pocas publicaciones han optado por ya no ocuparse en los temas de seguridad, aunque este sea uno de los aspectos más apremiantes en sus comunidades.

Hace unos días, el El Monitor de Parral decidió suspender su plataforma impresa y anunció que los sucesos criminales ya no serán abordados. Tienen razones y una de ellas es que fueron atacados con bombas molotov en las propias instalaciones.

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El Diario de Juárez, en su momento, publicó un editorial dirigido a los maleantes, en el que pedían que les dijeran dónde se encontraban los límites para el trabajo periodístico y sobre todo para no arriesgar la vida de nadie.

Desde diciembre de 2018, 12 periodistas han sido asesinados. Es la confirmación de que la situación continúa siendo mala y por momentos alarmante.

A estas cuentas hay que añadir a los otros que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son los 200 asesinados desde el 2000. La cifra es aterradora y muestra una de las líneas más nítidas del espanto con el que algunos tienen que convivir.

Es el resumen de las reglas de acero de los narcotraficantes y de las mutaciones que los convirtieron en extorsionadores y en uno de los riesgos más importantes para la libertad de expresión.

Más vale, por ello, que desde los medios y la propia sociedad continúen las exigencias de seguridad y de construcción de espacios donde el trabajo periodístico pueda realizarse sin amenazas.

Es evidente que ninguna política pública funcionará y perdurará ahí donde la prensa no puede hacer su trabajo y, peor aún, en donde es un  riesgo hacerlo.

Al final del día, la necesidad de un periodismo libre es un condición indispensable de la gobernabilidad democrática y de los controles que deben existir sobre el ejercicio del poder, de cualquier poder.

 

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