Las exenciones de impuestos cuestan 138,900 millones de dólares a los gobiernos cada año a nivel global; el monto resulta suficiente para alcanzar los objetivos de combate a la pobreza, educación y salud.

 

 

 

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¿Sabías que de acuerdo con la OCDE, las empresas multinacionales pagan 5% de impuestos sobre sus ingresos, mientras que las pequeñas empresas pagan aproximadamente un 30%?

El informe Negocios entre amigos de la organización Oxfam arroja que las exenciones fiscales cuestan a los gobiernos unos 138,900 millones de dólares al año a nivel global.

La organización ActionAid realizó un reporte sobre el monto de las exenciones de impuestos alrededor del mundo, que indica que América Latina y el Caribe es la segunda región con mayores condonaciones de impuestos, con 33, 200 millones de dólares al año, sólo después del Este asiático, con 55,100 millones.

Según el reporte de ActionAid, de los 138,900 millones que se dejan de pagar alrededor del mundo, 2,500 corresponden a los ingresos de las clases más bajas, mientras que la clase media  tiene exenciones por 29,200 millones y la clase alta por 104,000 millones.

Oxfam explica que el monto que las grandes compañías dejan de pagar cada año es suficiente para cubrir los 120,000 millones de dólares necesarios para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en materia de pobreza, educación y salud.

“Los gobiernos se están viendo privados de una enorme cantidad de recursos muy necesarios. A medida que disminuyen los ingresos fiscales procedentes del  capital, los gobiernos tienen sólo dos opciones: recortar el gasto en ámbitos que son fundamentales para reducir la desigualdad y la pobreza o compensar el déficit elevando los impuestos de los colectivos sociales con menos recursos. En consecuencia, la riqueza se redistribuye entre los más ricos y la brecha de desigualdad aumenta”, señala el informe.

Tanto Oxfam como ActionAid coinciden en que es necesario un modelo más justo de tributación, pues según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las tasas de rentabilidad de capital privado han ido en aumento desde 1980, lo que se traduce en un incremento en el peso de los beneficios empresariales; sin embargo, esa bonanza para las empresas no se ha traducido en mayor recaudación para los gobiernos.

 

Las peores prácticas

Para ActionAid, hay cuatro medidas que se han puesto en práctica en algunos países que generan una carga tributaria desigual y distorsiones de políticas públicas:

  1. Incentivos discrecionales. Son los que están negociados a puerta cerrada, y los más vulnerables a la corrupción. Generalmente distorsionan el mercado a favor de los inversionistas con mayor influencia política.
  2. Incentivos ‘con fecha de caducidad’. Los incentivos fiscales que se aplican durante un periodo fijo de tiempo para el inicio de inversiones pueden generar poco compromiso de largo plazo y afectaciones para las economías a nivel local. “Este esquema distorsiona las decisiones de inversión, anima el cortoplacismo y puede generar que las empresas cierren y se reinventen con un nombre diferente o entidad corporativa para beneficiarse de un esquema temporal.”
  3. Zonas con esquemas especiales. Cuando una zona logra conjuntar infraestructura, soporte para generar negocios y proximidad entre industrias clave, no se requieren incentivos fiscales, porque cuando éstos se ofrecen se genera la necesidad de permanecer en esa ‘burbuja’ y se reduce la interacción entre negocios de otras localidades.
  4. Acuerdos de estabilidad. Algunos inversionistas extranjeros se benefician de acuerdos especiales que prometen no incrementar impuestos en determinado tiempo; en tanto, las compañías nacionales que tienen compromisos de largo plazo no tienen más remedio que cumplir con los cambios que se lleguen a presentar.

 

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