Por Ricardo Bucio Mújica*

 

En México, el 33.3% de la población son niñas, niños y adolescentes. Estas 39.2 millones de personas son razón suficiente para que sus familias hagan todo lo necesario para garantizarles las mejores condiciones para su desarrollo: ahorran y priorizan para tratar de atender las necesidades de salud, educación o recreación de sus hijos o hijas.

Si bien las familias actúan en beneficio del mejor presente e invierten en el futuro de las niñas, niños y adolescentes porque saben que es su responsabilidad hacerlo, a veces no se organizan, otras no planean y otras más no destinan recursos para otras áreas. Es decir, casi ninguna piensan que lo que invierten en sus hijos e hijas hoy, se verá reflejado como una ganancia el día de mañana.

Así como en las familias, esta lógica no ha permeado en la agenda pública para el diseño de políticas públicas, acciones gubernamentales y sobre todo en los recursos destinados a este sector social.

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Existe evidencia sobre los beneficios de invertir en niñas, niños y adolescentes. Como lo explica James J. Heckman, profesor emérito Henry Schultz de Economía en la Universidad de Chicago, Premio Nobel de Economía en 2000 y experto en la economía del desarrollo humano, destinar recursos a la educación en la primera infancia en situación de riesgo (de 0 a 5 años) tiene un impacto inmediato y a largo plazo.

El experto cita el análisis costo-beneficio del programa Chicago Child Parent Center, que mostró beneficios de $7.10 dólares por cada dólar invertido (inversión promedio por niña o niño de $6,730 dólares durante 1.5 años).

Los cálculos indican que a 20 años de su implementación este programa generará una rentabilidad total a la sociedad de 48,000 dólares por cada uno de las o los niños en situación de riesgo a los que se incorporó a la educación preescolar, ya que “tendrán más probabilidades de haber completado la escuela secundaria y menos probabilidades de haber repetido años, de haber necesitado ayuda adicional o de haber sido arrestados”.

Los beneficios que se reportan de la inversión en primera infancia son principalmente “la reducción de la necesidad de educación especial y compensatoria, mejores resultados en el ámbito de la salud, menor necesidad de servicios sociales, reducción de costos de la justicia penal y aumento de la autosuficiencia y la productividad de las familias”, plantea Heckman.

Hoy en México para garantizar el ejercicio de todos los derechos de un tercio de su población se invierten 13,800 pesos (748 dólares) al año en cada uno de estos niños o niñas. Estos recursos se enfocan principalmente en salud y educación. Pero el desarrollo del proyecto de vida de estas personas entre 0 y 17 años requiere de una estrategia de atención cuya meta sea su protección integral.

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Aunque la tendencia en los últimos años ha sido un aumento en los recursos que en teoría se destinan a niñez y adolescencia, ya en promedio se han asignado el 15% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) a través del anexo 18, el monto en realidad no está enfocado directamente a niñas, niños y adolescentes, porque, por ejemplo, en este porcentaje se incluyen los recursos asignados a programas presupuestarios enfocados al pago de servicios personales.

El 80% de los 732,253 millones de pesos que en 2016 se destinaron a este anexo los concentran nueve programas; uno de éstos es el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), dirigido al pago de salarios y que representa el 42.2% del total del anexo. Además, dichos programas no tuvieron el efecto redistributivo que se esperaba de los programas sociales, lo cual significó que aún no se beneficia a la niñez y la adolescencia en mayor situación de riesgo.

Revertir este panorama requiere la articulación de todos los niveles de gobierno, de la sociedad civil, de la iniciativa privada y de la participación activa de todas las niñas, niños y adolescentes. Un avance importante fue la entrada en vigor de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), promovida por la única iniciativa preferente que ha presentado el presidente de la República durante su administración.

En ella se establece la instalación de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), que preside el primer mandatario y se integra por ocho secretarías de estado, la y los 32 gobernadores, organismos autónomos, representantes de sociedad civil y de niñas, niños y adolescentes.

Esta figura se replicará en cada estado y en cada municipio del país, con la finalidad de que las autoridades del más alto nivel de decisión política articulen acciones para mejorar las condiciones de vida de los millones de niñas, niños y adolescentes que viven y transitan por nuestro país.

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Una de las primeras acciones y más contundente del Sistema Nacional será presentar y acordar la aplicación de la estrategia “25 al 25: Objetivos Nacionales de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, que consiste en 25 objetivos con metas específicas e indicadores con fecha de cumplimiento a 2025.

Conoce la historia completa y el detalle de este programa en nuestra edición de agosto.

*Ricardo Bucio es Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA)

Contacto en Twitter: @ricardobucio

 

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