Este día mundial contra el trabajo infantil vale la pena recordar una cifra: 2.2 millones de niños mexicanos trabajan en actividades peligrosas, es decir, ocho de cada 10 jóvenes que trabajan, de acuerdo con la organización Save The Children. Cinco de cada 10 niños mexicanos son subordinados o remunerados, cuatro no reciben pago y uno trabaja por cuenta propia, según datos del gobierno mexicano. La Organización de las Naciones Unidas explica  en su sitio web que el trabajo infantil, prohibido por el derecho internacional, incluye las actividades laborales realizadas por menores de edad que pongan en peligro su bienestar físico, mental o moral por la naturaleza o condiciones en que se realiza sin la edad necesaria y en sus peores formas, como la esclavitud o formas similares, trata de personas, servidumbre por deudas, reclutamiento para conflictos armados, incluso el uso de niños en la prostitución y pornografía. “Más del 50% de los niños y niñas que trabajan en condiciones no permitidas por la OIT y por la legislación mexicana lo hacen por obligación, es decir, para apoyar la economía familiar e, incluso, pagar los insumos escolares. La prohibición por sí sola no cambiará este contexto y, por lo tanto, no representa una mejora para la niñez”, expone la directora de incidencia política de Save the Children, Nancy Ramírez en un documento. En el mundo, 218 millones de niños entre 5 y 17 años forman parte de la producción económica. 152 millones son víctimas del trabajo infantil, y la mitad se encuentran en un trabajo peligroso. De los 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, 88 millones son varones y 64 niñas. “Se observa que los niños corren más riesgos que las niñas de verse involucrados en el trabajo infantil, pero esta apreciación puede deberse a que el trabajo de las niñas no siempre se declara, especialmente en el caso del trabajo infantil doméstico”, precisa la ONU. No todo está prohibido. La organización Internacional del Trabajo (OIT) permite que los jóvenes de al menos 15 años trabajen en actividades que no sean peligrosas o vulneren sus derechos a la educación, protección, salud y esparcimiento. El problema es que 9 de cada 10 lo hace en condiciones reprobadas por instituciones como Save The Children y la misma OIT.

 

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