La paz en México se vuelve a ver cuestionada tras los sucesos acontecidos en Culiacán. En un momento donde la sociedad se veía esperanzada por la llegada de un mandatario con un gran componente social, el espíritu de la corrupción y el narcotráfico vuelve al debate público tras el arresto del hijo del jefe del histórico Cártel de Sinaloa. Una detención que no solo significaba una detención justificada, sino que, ante el nuevo mandatario y sus planes de gobierno, significaba un gran golpe al que, hasta ahora, se concebía como la mayor organización criminal del país.
Tras la detención del capo, la ciudad de Culiacán -ciudad situada al noroeste del país- se vio inmersa en un completo caos civil; tras despertar a las células del propio cártel, que salieron a las calles por la detención, despertando el pánico de la ciudadanía, con la detonación de varios disparos que dejaron, a su paso, varias muertes en el camino. Una insostenible situación que no solo desató el pánico en la ciudad, sino que provocó, por parte del Gobierno, la inmediata liberación del capo; el cual, en este momento, se encuentra en buscqueda y captura, además de en paradero desconocido para el Gobierno y las fuerzas de seguridad en el país.
Con 15 muertos a manos del cártel, el conflictivo escenario se suma a lo ocurrido en la ciudad de Michoacán esta semana, donde horas después de presentar la estrategia de seguridad del Gobierno, se producía la masacre de 13 policías. Un conjunto de sucesos, muy dañinos para el país, y que pone de manifiesto la necesidad de una mayor seguridad en el país; al menos para garantizar la seguridad de los ciudadanos, las fuerzas del estado y los políticos, postergando, si así lo precisa, el control de los flujos de drogas y mercancías ilegales en el país.
Lo que, a priori, representaba un duro golpe contra el narcotráfico, ha acabado revirtiéndose contra el propio Gobierno de México; el cual pone de manifiesto, en el debate internacional, la capacidad del mismo en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico en el país. Uno de los principales problemas que, durante la historia, ha ido sacudiendo al país mexicano, lastrando su desarrollo, su economía, así como al propio desarrollo humano de la población civil. Una situación que deja en entredicho la política de un presidente que, entre otras promesas, recalcaba su intención de luchar fielmente contra el crimen organizado.
La economía mexicana, junto a la desaceleración que sacude a la economía en el escenario global, se encuentra en un momento bastante delicado. Un momento donde las tasas de crecimiento en el país muestran una realidad no prevista por el Gobierno, así como unas previsiones por parte de las agencias de calificación, instituciones y organismos, que, con el paso de los meses, han ido revisando las lecturas a la baja; hasta pronosticar crecimientos más que distantes de los previstos por el comité económico del Gobierno de AMLO.
Y es que, como digo, en un escenario donde la corrupción y el crimen es imparable, los inversores internacionales -los mismos que mueven sus capitales en el país- tratan de paralizar su capital, huyendo del país, si la situación así lo precisa. Lo ocurrido en Culiacán y Michoacán, estos escenarios de elevada criminalidad, en un momento donde la economía está viviendo un mayor agravamiento del escenario, así como un mayor deterioro de los crecimientos previstos, incide de forma directa en el país y en el Gobierno, agravando la credibilidad de las instituciones del país, de cara a los inversores externos y al panorama global.
Un escenario que, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, precisa de una mayor dinamización de la economía, así como una mayor captación de Inversión Extranjera Directa (IED) –flujos de capital extranjero-, para tratar de paliar el descenso de la actividad económica y el consumo en el país. Inversión que, tras lo acontecido en el país, carece de incentivos ante la creciente incertidumbre y el elevado riesgo con el que conviven los inversores internacionales en el país. Un duro shock, en un momento donde el Presidente trataba de acentuar la confiabilidad de los inversores y las empresas en las instituciones, que, en este momento, sufren el cuestionamiento público de unos titulares que muestran una incapacidad real para contener la criminalidad en el territorio mexicano.
El escenario que atraviesa la economía mexicana, de acuerdo con los indicadores de los que hablábamos, no muestran ese incentivo necesario para atraer inversión y capital en el país. Sin embargo, durante la campaña, el Presidente AMLO centró mucho el foco público en la lucha contra la corrupción y la criminalidad, prometiendo acabar con estos problemas que, siendo uno de los mayores lastres para el crecimiento en el país, sacuden a la economía nacional duramente. Un incentivo a la inversión que, ante el shock, no se ve compensado con ninguno de los escenarios vigentes.
Como digo, una situación coyuntural que, pese a ser estructural, trataba de revertirse con unas políticas que no han comenzado con buen pié, sembrando el desconcierto en una ciudadanía preocupada por su seguridad ante las actuaciones de los cártel. En las próximas semanas, la actuación del Gobierno y los procesos acometidos para contener esta situación jugarán un papel determinante en el país. La situación precisa de la actuación gubernamental para solventar lo ocurrido; momento en el que veremos, en una situación real y fuera de campaña política, la capacidad del Gobierno para resolver la situación, así como la efectividad de las políticas de seguridad que, en campaña, planteaban resolver uno de los problemas que, durante la historia, más daño le ha hecho al país.
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