Por Andrea Domínguez y Manuel Hernández

La resolución es un amparo provisional solicitado por ciudadanos contra la finalización y unilateral que hizo el Ejecutivo al Acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”.

El fallo establece que las autoridades denunciadas son “el Presidente de la República de Guatemala, Vicepresidente de la República de Guatemala, Congreso de la República de Guatemala, Ministra de Relaciones Exteriores; Ministro de Gobernación; Ministro de la Defensa Nacional; Consejo Nacional de Seguridad de Guatemala; Procurador General de la Nación; Fiscal General y Jefa del Ministerio Público.

A esas instituciones, la CC les exhorta a que en el ámbito de sus competencias instruyan a funcionarios y empleados de esas dependencias a su cargo para que faciliten el debido funcionamieno de la Cicig.

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El fallo fue aprobado por la mayoría de quienes integran el Tribunal. La magistrada presidenta, Dina Josefina Ochoa Escribá, presentó voto razonado disidente, detalla el comunicado de la CC. Emitieron voto a favor Gloria Porras, Boanerge Mejía, Francisco de Mata Vela, contra quienes la Procuraduría General de la Nación pidió un proceso de antejuicio, y Neftalí Aldana.

Los amparos que conoció y resolvió la CC fueron planteados por los ciudadanos Manfredo Roberto Marroquín, Marco Vinicio Mejía Dávila, Miriam Catarina Roquel Chávez, Helen Beatriz Mack Chang, Rodilio Barbelí García Orozco, Roselín Eunice García Bautista, Rodilio Alberto García Bautista y Mauricio Rodbelí García Bautista.

El amparo se hizo público público a través de un comunicado a las 5 horas de este miércoles. Los magistrados sesionaron para discutir este asunto desde las 20.45 horas del martes.

El Ejecutivo dijo que no ha sido notificado de la resolución de la CC y que, una vez llegue, la analizará en forma conjunta con todas las instituciones.

Antecedentes

El martes último, el tribunal dio trámite a ocho de nueve amparos presentados en única instancia y dio tres horas a la Presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y al Congreso para que entregaran informes circunstanciados. Las acciones fueron presentadas dos por el abogado Alfonso Carrillo, Acción Ciudadana, el procurador de los Derechos Humanos, Marco Vinicio Mejía Dávila, Carlos Bezares, Helen Mack y otro que se desconoce quien lo presentó. Además, el abogado Alejandro Balsells presentó una acción de inconstitucionalidad.

La decisión del presidente Jimmy Morales de dar por terminado de manera unilateral con la Organización de Naciones Unidas se hizo oficial el martes último mediante un acuerdo gubernativo publicado en el diario oficial. Un día antes lo hizo público la canciller Sandra Jovel en la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

Cabe recordar que los tres magistrados Boanerge Mejía, Gloria Porras, José de Mata Vela fueron denunciados por el procurador general de la Nación, Jorge Luis Donado, y la solicitud está en la Corte Suprema de Justicia, cuyos magistrados deberán decidir si le dan trámite, con lo cual pasaría al Congreso, o lo rechazan.

Faltan tres

Si bien la CC emitió un amparo ante cinco solicitudes, falta que sean conocidas y resueltas tres más, dos del abogado Alfonso Carrillo y una más que se desconoce quién la planteó.

Además, el abogado Alejandro Balsells presentó una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Ejecutivo que anula el convenio de Cicig.

Primer amparo

Fue presentado por el abogado Alfonso Carrillo, en contra de la decisión presidencial de dar por terminado el acuerdo con ONU respecto a la creación de la Cicig.

El abogado indicó que la Cicig fue constituida a través de un tratado internacional en materia de derechos humanos, denominado “acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala para el Establecimiento de una Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, decisión que el Congreso aprobó.

Por aparte, el Estado de Guatemala asumió la obligación, de conformidad con el acuerdo de la Cicig y con el artículo 149 de la Constitución Política, de acatar ciertos deberes y facilitar el funcionamiento de la Comisión dentro del territorio nacional.

Segundo amparo

Edie Cux, abogado de Acción Ciudadana (AC), presentó ante la CC en horas de la noche del lunes un amparo en el que demanda la destitución de la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y que se le certifique lo conducente al presidente Jimmy Morales después del anuncio de poner fin unilateralmente al acuerdo de creación de la Cicig.

Cux agregó que se incumplen normas de derecho internacional para la terminación del acuerdo. Además, que la decisión del presidente es autoritaria y fuera del marco legal vigente, con el objetivo de que la CC declare su improcedencia y anule lo actuado.

“En una actitud de flagrante desobediencia y violación de las leyes del país, el presidente ha dado por terminado el acuerdo de creación de la Cicig. Es deber de las instituciones garantes del estado de Derecho en el país restablecer el orden legal y tomar las acciones legales correspondientes contra los infractores, incluyendo el presidente y los miembros de su Gabinete”, señaló Cux.

Tercer amparo

Horas después, siempre el mismo lunes, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, presentó otro amparo.

“El acuerdo que dio vida a la Cicig es en materia de derechos humanos y vemos con preocupación cómo parece más un mecanismo de autoprotección a él -Jimmy Morales- y a su grupo aliado político y económico. No podemos permanecer como espectadores ante este otro golpe al estado de Derecho”, dijo Rodas.

Cuarto amparo

Esta mañana, Marco Vinicio Mejía Dávila fue el cuarto que accionó ante la CC en contra del presidente.

Mejía Dávila ha manifestado que fue profesor universitario de Morales y que, de ser su alumno de nuevo, lo reprobaría del curso de Derecho Constitucional.

El abogado indicó que la acción presentada se debe a que la disposición del mandatario es ilegal, debido a que el acuerdo de creación de Cicig fue aprobado por el Congreso a través de Decreto 35-2007 y con el voto favorable de más de las dos terceras partes de diputados. Por lo que solo este organismo puede derogarlo.

El profesional también argumenta que el convenio entre Guatemala y Naciones Unidas no estipula nada sobre su denuncia, retiro o suspensión, por lo que estará en vigor hasta septiembre de 2019 cuando finalice el mandato acordado, como lo ha anunciado el secretario general de la ONU.

Quinto amparo

Fue presentado por el abogado Carlos Bezares y Aníbal García, como integrantes del grupo político Libre. El amparo es en contra del acuerdo gubernativo 2-2019, en el cual el Ejecutivo oficializa el fin del acuerdo de Cicig.

“El acuerdo es violatorio de las normas internacionales de derecho público, no se respetó el procedimiento de denuncia de tratados contenido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, asimismo irrespeta el artículo 149 constitucional y el propio procedimiento que debería de tener la política exterior guatemalteca”, dijo Bezares.

El profesional agregó que “si bien es cierto el presidente tiene la facultad constitucional, esta está limitada dentro de la misma Constitución y tuvo que haberle pedido al Congreso autorización para depositar la denuncia”.

* En alianza con Prensa Libre de Guatemala

 

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