La renuncia de Germán Martínez Cázares a la dirección del IMSS generó todo tipo de reacciones. Me interesa concentrar la atención a las formas utilizadas en este caso y su contraste con los asuntos de fondo que se han puesto bajo la lupa, en un repentino interés casi unánime sobre uno de los sectores más deteriorados de la vida nacional: el de la salud.

No puede obviarse, ni en este caso ni en los muchos que alimentan la discusión pública en México, la coyuntura política en la que se debaten no sólo las acciones de gobierno, sino también la participación de actores múltiples en diversos sentidos.

En la historia del sistema político mexicano, han sido pocos los casos de funcionarios de alto nivel que renuncian y presentan, bajo su responsabilidad y con su firma, las razones concretas de esa decisión. Acostumbrados como estamos a las formas de simulación (reubicaciones, embajadas repentinas, “motivos de salud”, “cierre de ciclos”, etc.) es refrescante que las cartas se pongan sobre la mesa y nos permitan, a los ciudadanos de a pie, calibrar con mayores elementos lo que sucede.

No sólo el involucrado directamente expuso sus razones. La respuesta, un tanto rasposa podría decirse, del presidente López Obrador también fue directa: perfiló la decisión como carencia de fuerza, de resistencia y de la suficiente convicción como para aguantar y gestionar los problemas que implica el ejercicio de gobierno.

Bajo la lógica tradicional de las formas políticas, Martínez Cázares estaría en el ojo de un huracán. Pero, cuando menos hasta ahora, su decisión y su discurso de despedida/queja, en particular por la gravedad de los señalamientos, han sido retomados y repercutidos en diversos medios y sectores de poder.

Su figura, insisto: por ahora, quedó al margen y el tema de la crisis en el sector salud (más allá del IMSS) se colocó en la agenda mediática y pública nacional.

Datos falsos, medias verdades, denuncias que provienen de hace cuando menos una década, quejas eternas, hechos concretos y muy preocupantes, etc., han sido el combustible de una discusión que, a mi juicio, debe permanecer viva, debe alentarse, porque finalmente eso obliga a todos, empezando por la cabeza de gobierno, a esclarecer su papel y apuntalar las decisiones que implica un período de transición, que, por su naturaleza, tiene que ser crítico.

Por este trance sabemos ahora, por ejemplo, que en Torreón hay denuncias sobre el robo de medicamentos de alto precio, en instituciones públicas. También sabemos que los antirretrovirales se podían comprar (los mismos y a la misma empresa) a un precio 40% menor al imperante en el sexenio anterior. Igualmente recordamos denuncias públicas, mediáticas e incluso penales, sobre el uso irregular de recursos destinados al Seguro Popular, cuyo funcionamiento jamás alcanzó un nivel deseable y, en muchos casos (Veracruz, Tabasco, para poner dos de los emblemáticos), se prestó a acciones de corrupción escandalosas. Y también que las farmacéuticas pueden presionar (no acudiendo a licitaciones) para retomar antiguos privilegios.

También se ha hecho cotidiano el reclamo de funcionarios hospitalarios e incluso de los médicos y los propios pacientes, sobre casos lamentables de insuficiencia institucional, cuyas repercusiones son de las más sensibles para la sociedad: pocos temas concitan tanta animosidad como los de la salud.

Las transiciones, decía, provocan coyunturas críticas. Ocurrió con el combate al robo de combustibles y ahora, vistos a la distancia aquellos casos de desabasto e incomodidades para amplias regiones del país, podríamos concluir: valió la pena, si logró bajarse en más del 80% el robo.

Pero la salud es otro tema. Ningún efecto de una decisión gubernamental sobre la salud de un ser humano puede ser minimizado, puede ser justificado en términos de una perspectiva de futuro mejor.

Que las formas, ya en marcha, aterricen en el fondo de los problemas y eviten consecuencias indeseables, es lo que esperaríamos ver.

 

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