La Suprema Corte de Justicia avaló este jueves la Ley de Geolocalización que permitirá a las autoridades ubicar teléfonos móviles relacionados con crímenes sin necesidad de una orden judicial, conoce qué cambios implica y por qué ha desatado polémica.

 

 

 

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México realizó un cambio en el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de Geolocalización avalada este jueves por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) permitirá que los ministerios públicos tengan acceso a la ubicación de teléfonos móviles vinculados a crímenes como secuestro, extorsión o tráfico de drogas, esto, sin la necesidad de una orden dictada por un juez.

La necesidad de discutir la iniciativa surgió porque en 2013 se denunciaron más de 1,583 casos de secuestro en el país, un aumento de 32% en comparación con 2012, mientras que las extorsiones crecieron 11% para alcanzar 7,441 denuncias.

Organizaciones civiles como la Electronic Frontier Foundation (EFF) han denunciado que la aprobación de este cambio puede llegar a representar incluso una violación a los derechos humanos ante la invasión y quebranto de las políticas de privacidad.

“Hay un gran potencial para el abuso de estas nuevas facultades. El proyecto de ley no tiene en cuenta que la mayoría de los teléfonos celulares constantemente transmiten datos de localización detallados acerca de cada individuo a sus portadores, ya que todos estos datos de ubicación se encuentra en un solo lugar-con el servicio de telecomunicaciones.  El Gobierno de México debe ser más sensibles al hecho de que las empresas móviles tienen huellas detalladas de nuestra vida cotidiana”, señala.

Uno de los principales puntos de quiebre en el debate fue que la nueva ley no establece hasta por qué plazo se tendrá acceso a los datos, sin embargo, quienes están a favor aseguran que la medida se refiere únicamente al acceso a la ubicación de los equipos y no así a los datos que se almacenan e intercambian en los celulares o en los chips.

Con los cambios realizados, la PGR podrá realizar una solicitud escrita o vía electrónica a las compañías operadoras de telefonía móvil para obtener la ubicación de un equipo celular involucrado en un delito grave.

 

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