Ni de lejos estamos en la dolorosa posición de los griegos, pero es muy importante corregir los problemas de deuda, recaudación y gasto que arrastramos si no queremos construir un camino similar al helénico.

 

Por Enrique Díaz-Infante Chapa

El drama que hoy viven los griegos por sus niveles de endeudamiento y los problemas para pagar sus pasivos nos obligan a revisar “cómo andamos” en México con nuestra deuda pública. A simple vista, cualquiera diría que no tenemos de qué preocuparnos: nuestros niveles de deuda pública (37% del PIB) no tienen nada que ver con los del país helénico (176% del PIB), y están muy por debajo del promedio de deuda de los países de la OCDE (74% del PIB). Además, el perfil de vencimiento de nuestros pasivos es de largo plazo. Pero esa conclusión sería peligrosamente simplista y autocomplaciente.

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Lo primero que debiera llamarnos la atención es la tendencia ascendente del endeudamiento del sector público en México. Éste pasó de un nivel de 19.6% del PIB en 2006 a 37% al día de hoy. Al cierre de 2014, el saldo de la deuda neta del país era de 6.95 billones de pesos. ¡Un aumento de 29.81% frente a 2012! Lo anterior se debe, en gran medida, al aumento presupuestal.

El presupuesto federal casi se cuadruplicó de 2000 a la fecha. De 1 billón 313,000 millones de pesos, pasó a 4 billones 676,000 millones para el ejercicio 2015. Por otra parte, los niveles de recaudación no aumentaron en igual forma. En 2005, los ingresos tributarios (sin contar petróleo) eran de 17.7% del PIB, y en 2010 de 18.5% del PIB. La mayoría de los países de la OCDE obtienen el 34.1% del PIB vía impuestos. Este incremento presupuestal se financió con deuda, la ampliación de la plataforma petrolera y el aumento de los precios del petróleo.

Otro punto preocupante es el cómo se utiliza la deuda. Si ésta se gastara mayormente en inversión, entonces permitiría la generación de riqueza, y el país tendría mayor capacidad de repago. Sin embargo, y en gran medida, lo que hace la deuda es financiar gasto corriente. A decir de Rogelio Ramírez de la O (El Universal, 8 de abril de 2015), “el gasto corriente creció 5.2% entre 2000 y 2013 en términos reales, cuando la economía sólo creció 2.1% (por año). Por eso, su participación en el PIB aumentó de 10.9% a 15.2% del PIB”. El presupuesto sirvió para que los gobiernos panistas compraran la paz y lealtad de los gobernadores (en su mayoría de oposición), a través de transferencias fuertes de dinero, y la de la burocracia, a través de más puestos, buenos sueldos y más pensiones.

Otra cuestión que debiera inquietarnos es la estructura del financiamiento de la deuda y los efectos dañinos que esto pudiese tener para la economía mexicana. El financiamiento total en México es de 14,060,284 millones de pesos. El mismo ha pasado de 60% del PIB en 2003 a 87% al cierre de 2013. De este monto, 36.8% del PIB se destina al sector privado y el 50.1% del PIB al sector público. Del financiamiento al sector público, vemos que 43.2% del PIB se financia internamente y el 7.4% del PIB proviene del exterior (Tello y Zamarripa 2014. Análisis del balance ahorro-financiamiento. Fundef, p.13).

De lo anterior brincan dos datos:

  1. El monto del financiamiento que se destina al sector público es mayor que lo que se destina al sector privado y, por ende, al sector productivo, lo cual afecta el crecimiento de la economía.
  2. La mayoría del financiamiento gubernamental se fondea con el mercado interno.

Aunque podría pensarse que lo anterior es del todo positivo al considerar las crisis económicas de 1982 y 1994, donde la mayor parte de la deuda estaba contratada en moneda extranjera y donde la devaluación del peso frente al dólar incrementaba automáticamente el monto de la deuda y desataba inflación, no es así. La parte oscura de este endeudamiento del gobierno en moneda nacional es el desplazamiento de deuda privada que genera (crowding out).

En este contexto, resulta fundamental limitar el crecimiento de la deuda, máxime si ésta no ha de destinarse a inversión productiva y se desperdiciará en gasto corriente. Lamentablemente, Bank of América prevé que el déficit fiscal para 2016 será de 2 puntos porcentuales. Además, se debe impulsar una verdadera reforma hacendaria y un crecimiento de la recaudación de los gobiernos locales para evitar que la deuda pública desplace a la privada y afecte al sector productivo. Finalmente, la revisión integral del presupuesto, como se pretende a través de la política del presupuesto base cero, resulta indispensable.

En suma, ni de lejos estamos en la dolorosa posición de los griegos, pero es muy importante corregir los problemas de endeudamiento, recaudación y gasto que arrastramos si no queremos construir un camino similar al helénico.

 

Enrique Díaz-Infante Chapa (@ediazinfante) es licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Políticas Comparadas y en Política Social, ambas por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es director del Programa del Sector Financiero del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y doctorando en el IIJ de la UNAM. Las opiniones de Enrique Díaz-Infante son a título personal y no representan necesariamente el criterio o los valores del CEEY.

 

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