Organismos no gubernamentales lamentaron que las propuestas de iniciativas del presidente no son suficientes para terminar con las desapariciones forzadas y la creciente militarización de los cuerpos policiales.     El ´decálogo’ para la seguridad, un conjunto de propuestas de reformas al sistema de seguridad y justicia, anunciado el pasado 27 de noviembre por el presidente Enrique Peña Nieto, no contempla la existencia de derechos humanos y la atención de sus problemáticas, lamentaron organismos no gubernamentales. El Instituto para la Seguridad y Democracia (Insyde) señaló en un posicionamiento enviado a medios la “inexistencia absoluta” del concepto de los derechos humanos en el texto de la iniciativa. “No se entiende bajo qué argumento podría ser válida la desvinculación, cuando justamente desde la seguridad pública y justicia penal se producen muchas de las más graves y frecuentes violaciones a los derechos humanos”, comentó. Entre las propuestas anunciadas por el jefe del Ejecutivo el pasado 27 de noviembre  y enviadas al Congreso el 1 de diciembre,  está la Ley “Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las Autoridades Municipales”, con la que podrá disolverse un Ayuntamiento “cuando se compruebe que la delincuencia esté infiltrada en las autoridades”. También anunció la adopción obligatoria del mando único policial en todas las entidades federativas, y contempla sanciones para los gobernadores que no acaten la decisión. Inclusive, Peña Nieto dijo que los primeros estados para operar con mando único serán Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. También envió una iniciativa de reforma para redefinir las competencias de las instituciones en materia penal, con el objetivo de combatir con mayor eficacia diversos delitos, como el narcomenudeo, uno de los principales causantes, según Peña Nieto, de la infiltración del crimen en las instituciones. Insyde criticó que la propuesta del presidente no hace mención alguna respecto al “avanzado proceso de intervención militar en tareas de seguridad pública y a la militarización de la policía, en abierta contravención del Artículo 21 constitucional que expresamente ordena su perfil civil”. Por su parte, en el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, que se conmemora el 10 de diciembre, la Asociación Civil Fundar lamentó que la propuesta no aborde mínimamente problemáticas de derechos humanos y la consideró “insuficiente para terminar con las desapariciones que afectan a decenas de miles de personas y sus familias”. Fundar dijo que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas, compromiso referido en el punto 8 de Peña Nieto, “no fue presentado como una política integral” que incluya coordinación en los distintos ámbitos de gobierno en las acciones de búsqueda e investigación inmediata de personas desaparecidas, con enfoque de derechos humanos y de búsqueda de vida. “Exigimos al presidente de la República que, reconociendo la inexistencia de logros a celebrar en el Día Internacional de los Derechos Humanos, centre su mensaje en la aceptación de la grave crisis de desapariciones que enfrenta México y anuncie medidas  que complementen y fortalezcan las insuficientes iniciativas presentadas en el Decálogo Presidencial”, agregó Fundar. La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, a manos de un grupo criminal con la complicidad de la policía municipal de Iguala, el pasado 26 de septiembre provocó una serie de protestas y críticas a nivel nacional e internacional, que tienen sumido al gobierno de Enrique Peña Nieto en la crisis política y social más aguda desde el inicio de su mandato. El pasado 7 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que los restos encontrados en un basurero de Cocula, comunidad aledaña a Iguala, corresponden a Alexander Mora, uno de los 43 estudiantes desaparecidos. Las protestas también han estado marcadas por detenciones arbitrarias y acusaciones de policías infiltrados dentro de las marchas, además de disturbios encabezados por personas con los rostros cubiertos.

 

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