Aunque se pensó como una medida que favorecería a la educación mexicana, la deducción de colegiaturas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) benefician solo a los contribuyentes más ricos de México.
“Tenemos una deducción regresiva que está beneficiando, en mayor medida, a los deciles (niveles socioeconómicos) 9 y 10, que tienen ingresos superiores a cuatro millones de pesos”, detalla la investigadora del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Fiorentina García Miramón, en entrevista con
Forbes México.
Los alumnos que cumplen con las características para beneficiarse son 2.4 millones (80% del total de estudiantes en escuelas privadas). Si se distribuyen estos alumnos de acuerdo con su nivel de ingreso y sin considerar nivel educativo, 57.9% proviene de hogares con los ingresos más ricos del país, y solo 1.6% viene de los hogares con ingresos más pobres, de acuerdo con un reporte elaborado por el centro.
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) define gasto tributario como una transferencia de recursos públicos a ciertos contribuyentes, mediante la reducción del pago de impuestos sobre el gravamen de referencia. Esa disminución tributaria significa un estímulo fiscal para los contribuyentes y a su vez, un gasto tributario para el gobierno federal.
En 2016, el gasto tributario por este estímulo, según cálculos del CIEP, sería de 6,256 millones de pesos (mdp). Esta cifra representa todo el presupuesto del gobierno a los estados del país en inversión de infraestructura para escuelas de educación básica, dos veces el financiamiento para la educación de adultos incluidas las estrategias de alfabetización o seis veces el pago a maestros de escuelas normales.
El beneficio de dicho gasto tributario se concentra en más de 84.2% en los dos deciles con mayores ingresos y apenas el 0.10% en los dos deciles con los ingresos más bajos.
El origen de esta medida se remonta a 2011, cuando el gobierno de Felipe Calderón decretó el estímulo para que todas las personas físicas del país pudieran disminuir sus ingresos gravables. En la actual administración, la medida se mantuvo sin cambios.
Los ingresos tributarios viven su peor momento del sexenio. El gobierno mexicano recaudó 0.9% menos durante 2017, un retroceso no visto desde 2014, cuando se entró en vigor la reforma fiscal impulsada por Enrique Peña Nieto.
Las letras pequeñas
Para poder deducir las colegiaturas de los estudiantes en escuelas públicas, los jefes de familia debe tener dos características: ser parte de la economía formal y no ser recibir una beca que cubra el gasto total de la educación del alumno. En caso de que éste sea beneficiario de una beca parcial, la deducción se aplica sólo al costo de la colegiatura restante.
Estas dos condiciones tienen un efecto clave en el número de beneficiarios, pues elimina gran parte de los alumnos de los primeros deciles ya aproximadamente 55% de los trabajadores informales se concentran este sector de la población. Además, afecta más a primeros dos deciles, pues la probabilidad de que un alumno reciba una beca aumenta si éste proviene de un hogar con ingresos bajos.
De los alumnos que asistieron a escuelas privadas en niveles con colegiaturas deducibles, 18% corresponde al nivel preescolar, 35% a primaria, 16% a secundaria, 27% a bachillerato y 2.7% a profesional técnico, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016 (ENIGH), elaborada por el Inegi.
Incluso los extranjeros que viven en nuestro país pueden aprovechar el estímulo fiscal, mientras paguen impuestos como personas físicas.
¿Se puede revertir esta política?
Sí, aunque el camino es complicado. El artículo 39 del código fiscal de la federación establece que “el ejecutivo mediante resoluciones de carácter general puede conceder subsidios o estímulos fiscales.
“Él tiene la posibilidad de emitir el decreto sin que pase por el poder legislativo”, agrega García.
Pero antes de eso, la investigadora advierte la importancia de discutir sus implicaciones primero, y considerar variables como el nivel de ingreso, escolaridad de los padres, incluso ubicación geográfica.
García reconoce que no podría eliminarse por completo, porque en los deciles intermedios puede haber beneficiarios que necesiten el estímulo, y si se quitara la deducción, moverse a escuelas públicas sería casi imposible, pues el gobierno carece de recursos para aumentar la matrícula.
Además, plantea una pregunta: “¿qué tanta responsabilidad tiene el gobierno para ofrecer una escuela pública de calidad, si quienes aportan más ingresos provienen de los deciles más altos?”.
