Por María Fernanda Salazar Mejía*

En días recientes, tras los anuncios de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recortaría en 50% los sueldos de distintos niveles de servidores públicos, que establecería el salario del presidente como tope para todo funcionario público en el país y que desplazaría ciertas secretarías a diversos estados de la República, se desató una interesante y pertinente discusión que nos obliga a reflexionar sobre las transformaciones necesarias y urgentes en la administración pública.

Hay que apuntar que aún no tenemos los detalles de implementación de las acciones anunciadas, pero la discusión que se ha iniciado es de la mayor relevancia si consideramos que el mandato que recibió el presidente electo fue claro y masivo: acabar con la corrupción y los privilegios que han llevado a México a ubicarse entre los diez países más desiguales del mundo.

Llama la atención la reacción, airada en muchos casos, de quienes se han manifestado en contra de estas acciones, particularmente si consideramos que al mismo tiempo se han anunciado otras medidas como la despenalización de la marihuana y la amapola, la legalización de la muerte asistida, la despenalización del aborto, entre otras, que suelen desatar fuertes discusiones ideológicas. Al respecto, planteo algunas hipótesis para profundizar en el debate.

Durante los siglos XIX y XX, pensadores como Hegel, Marx, Weber y Michels, abordaron desde distintas perspectivas el tema de la burocracia y su función social y política. Es interesante recordar el significado etimológico de la palabra burócrata -quien gobierna detrás del escritorio-  que algo nos dice sobre las preguntas que deberíamos plantearnos.

Para Hegel, la burocracia tenía la función de conciliar distintos intereses que conviven en la sociedad civil, para defender el interés común por encima de intereses particulares. No obstante, Marx veía en la burocracia la expresión de la lucha de clases y, para él, este grupo de funcionarios cumplía la función de preservar el dominio de la burguesía y la reproducción del sistema capitalista.

Weber es el autor que con mayor dedicación entró a analizar las características internas del aparato burocrático y las dinámicas que le permitían convertirse en un poder en sí mismo. Para él, era la capacidad técnica de quienes integraban la burocracia y su conocimiento en los asuntos de la organización, lo que la hacía conveniente y necesaria, advirtiendo que su complejidad y el valor de la estabilidad, generaba culturas de resistencia al cambio.

Michels desarrolló la famosa “Ley de Hierro de la Oligarquía” para explicar que a medida que los líderes profesionales y burócratas van adquiriendo conocimientos en el desempeño de su trabajo, se alejan de las competencias de las masas y los votantes, y la democracia acaba por convertirse en una aristocracia. Con la institución del liderazgo comienza, como consecuencia de lo prolongado de la función, la transformación de los líderes en una casta cerrada. Cuando en una organización la oligarquía ha alcanzado un estado avanzado de desarrollo- decía Michels- los líderes comienzan a identificar con su persona, no sólo las instituciones partidarias, sino también la propiedad del partido. Este fenómeno es común tanto en el partido como en el Estado.

Es importante regresar a estas reflexiones para analizar las reacciones en la discusión pública. A mi entender, la propuesta a discusión no busca demeritar el trabajo de quienes ejercen el servicio público ni mucho menos se trata de una discusión en términos personales. Es casi seguro que todos podemos conocer a alguien que, en la administración pública, aporta talento y compromiso, pero la discusión no va de eso, sino en torno a la necesidad de pensar la manera en que el servicio público y la política se han convertido en un refugio para aspirar a la riqueza y contar con empleos decenas de veces mejor pagados que un empleo en cualquier otro espacio de la economía.

Salvo la crítica por el aumento de los horarios (que es muy pertinente y particularmente cuando se piensa en la perspectiva de género), es extraño leer, por ejemplo, la resistencia a los cambios planteados con el argumento de que nadie querrá formar parte de la burocracia cuando en México no existe un servicio profesional de carrera con un sistema de evaluación, de responsabilidades y rendición de cuentas apropiado. Peor aún, cuando los elevados sueldos no demuestran tener un efecto positivo en inhibir la corrupción o elevar el desempeño en ningún área del Estado (aunque el presidente de la Corte, que gana 269 mil pesos al mes o 100 veces el salario mínimo sin incluir prestaciones, piense lo contrario).

¿No acaso todas y todos sabemos que los concursos que creó Vicente Fox han sido un fracaso lleno de trampas? ¿No sabemos que la administración pública está repleta de compadres, amigos, familia que fomentan y reproducen los privilegios de elite? No se trata de generalizar, pero tampoco de ignorar lo que afecta el funcionamiento del Estado.

Cuando hablamos de los recortes a salarios, se trata en su mayoría de plazas de más de 45 veces el salario mínimo de un mexicano. Por poner esto en perspectiva, la diferencia entre el salario mínimo promedio de un canadiense y el salario promedio de la alta burocracia de ese país es 3.5 veces. Cuando hablamos de desplazar secretarías, la discusión se ha centrado en los costos de hacerlo, pero no en otras dimensiones que podrían tener beneficios sociales al acercar el gobierno a la gente y obligar a los funcionarios a conocer las realidades en todo el país.

En ese sentido, es importante preguntarnos si no es que el formalismo de la burocracia está cada vez más alejado de la realidad, situando a los funcionarios en un estatus absolutamente independiente de los ciudadanos. Estos puntos nos obligan a regresar al sentido etimológico de la burocracia y a preguntarnos ¿desde donde sirven quienes sirven? ¿desde donde se está criticando la propuesta de cambio: desde la válida preocupación o desde la defensa a ultranza de grupos privilegiados que se resisten a cambiar y ceder en beneficio del bien colectivo?

Transformar el servicio público es necesario. No podemos olvidar que en la administración pública como en la política, la cultura de las lealtades inhibe el cambio o fomenta la complicidad. Cuando la futura oposición se pronuncia en contra de la propuesta, en verdad está defendiendo a sus servidores públicos, no al servicio público. La realidad es que no sería viable iniciar un servicio profesional de carrera en las condiciones actuales; ya Vicente Fox claramente fracasó en el intento.

El planteamiento del próximo gobierno pasa por una propuesta técnica y una estrategia política para hacer factible la concreción del cambio a través de políticas públicas en todos los ámbitos. En ese sentido, es momento de que asumamos que la transformación en el país es necesaria, que nos alejemos de los análisis personalistas y nos quitemos el lente del privilegio y la conveniencia personal. Ese es el gran reto de nuestra generación.

*Consultora en Estrategia de Comunicación.

 

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