La señal de alarma está en que le hemos perdido la paciencia a la democracia, esa maltrecha casa nacional que ha debido soportar el fracaso de una generación política entera.

 

Mientras la clase política se mantiene prolífica en escándalos de corrupción, y los partidos dan cátedra de inocuidad con cada spot transmitido, la interrogante no es más la fina provocación que deslizó The Economist; ya no se trata de saber si entienden que entienden, o si no entienden que no entienden. La verdadera interrogante a estas alturas es si la democracia mexicana es sostenible en el tiempo con estas condicionantes irresueltas en materia de impunidad.

Te ahorro el tiempo de lectura: no. La democracia no puede sostenerse en el largo plazo sobre el pantano de la corrupción. No es retórica, es prospectiva.

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Asunto de números

En un estudio multicitado, que correlaciona el desempeño económico con la democracia, y la viabilidad de ésta en función del ingreso per cápita, Adam Przeworski pone como precondición para la durabilidad de las democracias, un piso mínimo de ingreso. La democracia que colapsó teniendo el ingreso per cápita más alto fue latinoamericana: Argentina, en 1975.

En contraste, las dictaduras más férreas perduran si logran garantizar pisos mínimos de ingreso a sus habitantes; las democracias mejor intencionadas se tambalean en el tiempo si la población no cuenta con este piso de satisfactores. La probabilidad de que una democracia con un ingreso per cápita menor a 6,055 dólares colapse se distribuye así: de 0 a 1,000 dólares, la democracia tiene un 0.08% de morir; de 1,000 a 3,000, un 0.03%; de 3,000 a 6,000, el 0.01%, y de 6,050 tiene condiciones para perdurar.

En este sentido, México tendría aprobada la prueba del ingreso per cápita, con poco más de 10,000 dólares anuales. Sin embargo, el mismo estudio de Przeworski advierte el riesgo que implica la concentración del ingreso y apunta que si la distancia entre los deciles cinco y uno –es decir, entre lo que podría considerarse clase media baja y la lista de los multimillonarios– es suficiente, el riesgo de inestabilidad se incrementa.

 

¿Democracia en riesgo?

El primer reto para saber si encendemos los focos rojos sería establecer una fecha a partir de la cual nuestra democracia puede llamarse “democracia”. La transición democrática de México tuvo momentos clave en los años setenta (reforma política y apertura de espacios a la oposición), ochenta (primeros gobiernos distintos del PRI, elecciones cerradas), y noventa (PRI, sin mayoría absoluta en la Cámara de Diputados), que dieron fruto la noche del 2 de julio de 2000, con la alternancia en el poder. Lo cierto es que el debate sobre la edad de nuestra democracia es, para efectos prácticos, secundario. Si ésta tiene veinte, treinta o cuarenta años seguimos siendo una democracia relativamente joven.

Entendiendo que una democracia joven necesita consolidarse, la nuestra arrancó bastante mal. Los primeros tres lustros del nuevo siglo han sido decepcionantes para la ciudadanía. Los males atribuibles al PRI son los males de la clase política; las grandes promesas que la democracia hizo a los mexicanos en la segunda mitad del siglo XX permanecen incumplidas.

Dado un contexto de desánimo colectivo, previsible baja participación electoral (70% de abstencionismo, prevé GEA/ISA), liderazgos debilitados (Buendía y Laredo: 51% de desaprobación al ejercicio del titular del Ejecutivo Federal), y un descrédito alarmante en la representación legislativa, conjugado con un contexto económico complejo, la señal de alarma está en lo que nos dice Latinobarómetro sobre nuestra democracia: uno de cada cinco mexicanos optaría por un gobierno autoritario, y a uno de cada cuatro el asunto le daría exactamente lo mismo.

Le hemos perdido la paciencia a la democracia. Han sido demasiados delincuentes en la calle, demasiados escándalos sin consecuencias, en demasiado poco tiempo. El espejismo de alternativas radicales aún nos parece lejano. Dormimos tranquilos con la histórica lealtad del Ejército a los gobiernos civiles –menos al de Madero, claro– y creemos que el populismo (que ha carcomido a Venezuela) es algo que no va a ocurrir aquí; “los estadounidenses no lo permitirían”, escucho decir a los más confiados.

La realidad es que las democracias sí dan vueltas en U. Y la nuestra es una democracia joven y no consolidada, en la que 53.3 millones de personas viven en pobreza (Coneval), 33.5 millones son vulnerables por carencia social, 11.5 millones son pobres extremos, y –aquí la clave– 7.2 millones son vulnerables por ingreso. En este país conviven cuatro factores relevantes para el debilitamiento de la democracia: ingreso límite, desigualdad apabullante, baja confianza en instituciones y una clase media enojada (34%, según GEA/ISA al cierre de 2014).

 

¿Vuelta prohibida?

A mitad del camino, el tema de cada sobremesa sigue siendo la pifia oficial de la semana, o la marcada distancia del planeta de los políticos, del de los ciudadanos. Las elecciones no pintan para ser la válvula de escape de esa presión social, y el PRI no se da cuenta que en el largo plazo una victoria aplastante el próximo 7 de junio será pírrica, costosa.

Haz el sondeo con tu vecino, con tu compañero de trabajo, con tu familia y amigos; la respuesta es alarmante.

La popularidad de los gobernantes en turno es lo de menos. El juicio sexenal está hecho. Ante situaciones extraordinarias y crisis verdaderamente épicas, se ha optado por el script y las respuestas ordinarias. Lo que nos debe preocupar es la salud en la que quedará nuestra democracia, esa maltrecha casa nacional que ha debido soportar el fracaso de una generación política entera; esa democracia que, tras un breve recorrido, puede dar vuelta en U con el respaldo de sus ciudadanos.

 

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