Para una enorme mayoría, tal vez de forma inconsciente, la democracia es la presunta culpable de los “crímenes” de la economía.

 

 

La Real Academia define “desencanto” como “decepción” o “desilusión”. Sin embargo, el reciente Informe del Instituto Nacional Electoral, en colaboración con El Colegio de México, sobre la calidad de la ciudadanía en el país, nos permite un acercamiento más práctico al término:

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El estudio revela que 53% de los encuestados piensa que la democracia es preferible a otros sistemas de gobierno. El 23% responde que “algunas veces se prefiere un sistema autoritario”. El 18% opina que da exactamente lo mismo vivir en una democracia que en un sistema autoritario.

Los mexicanos estamos desencantados con la democracia. Los números de Latinobarómetro en la última década nos lo habían adelantado, pero este informe lo confirma y da más luces: crece el porcentaje de encuestados que no ven diferencia entre democracia y autoritarismo en términos prácticos.

 

Las razones del desencanto

“En la tarde fue a dar al centro (…) en esa mescolanza que fundía a empleados de banco, personal de tiendas, ejecutivos, secretarias sobremaquilladas creía sentir la verdad de una comunidad destruida por la violencia. Del centro, cada uno volvía a su barrio, rico, de clase media, o a una población de construcciones precarias. En el contacto físico que les daba el centro se disolvía este país tajantemente dividido. No habría otra entretención para todos ellos en la noche que ver televisión (…) el silencio con el que bebían sus cafés (…) era buen indicio de la apatía”, escribe el gran Antonio Skármeta en Los días del arcoíris, la novela que retrata íntimamente los meses que precedieron la caída de Augusto Pinochet, y el colosal reto que tuvieron los publicistas del “NO” para recordarle a los chilenos el valor de la libertad y el precio del orden autoritario.

El rápido desencanto de los mexicanos con la democracia atiende al menos a dos claros factores:

Uno. Nuestra transición fue más tersa que la de países del continente como Uruguay, Argentina o Chile. Aquí no cayeron las juntas militares para que, tras la tormenta de silencio, desapariciones y terror, vinieran los “días del arco iris”. Aquí perdió el partido hegemónico en el sistema electoral, que llevaba tres décadas abriéndose a cuentagotas a la pluralidad. Años de autoritarismo apapachador del Ogro filantrópico con una permeable cultura de Estado, con signos propios, mitos y señales, ayudaron a moldear una ciudadanía más propensa a valorar la alternancia, que la propia democracia.

Prueba de ello es que Vicente Fox ganó en 2000 con una –lógica y oportuna– oferta política de “cambio”. Pero a la vuelta de la historia, Felipe Calderón ganó la Presidencia ofreciendo “orden” frente a la posibilidad de la “anarquía”, y pugna desde el poder por reconstruir la institución presidencial a partir de un principio de “autoridad y fuerza”. Para ganar las elecciones, Enrique Peña Nieto logró posicionar en el electorado un concepto: “eficacia”. Mientras los otros piensan, nosotros hacemos.

En otras palabras, la oferta política que sucedió la noche del “no nos falles” de 2000, fue claramente apegada a la demanda ciudadana de autoridad, fuerza, eficacia; es decir, valores asociados a un régimen menos democrático, pero más funcional. Nada que no hayamos aprendido.

 

La cuestión del dinero

Dos. El segundo factor del desencanto es que para una enorme mayoría, tal vez de forma inconsciente, la democracia es la presunta culpable de los “crímenes” de la economía.

A diferencia de otros países, que vieron caer regímenes militares, en México la libertad –en todas sus acepciones– era insuficiente para apreciar sostenidamente la democracia. En nuestro país, la añorada democracia se asimiló como la responsable de cumplir las expectativas económicas: crecimiento, desarrollo, estabilidad, inclusión, combate a la pobreza, menor desigualdad en la distribución del ingreso.

No todo ha salido mal. Las condiciones macroeconómicas del México democráticamente plural y electoralmente competitivo son mucho mejores que en las décadas que precedieron la alternancia. Sin embargo, hay una brecha enorme entre las expectativas y los resultados, particularmente en materia de distribución del ingreso.

Véase el reporte de investigación de la UNAM, dado a conocer la semana pasada, en el que se estima una caída de 77.8% del poder adquisitivo del salario mínimo de 1982 a la fecha. En 1987, el salario mínimo vigente alcanzaba para cubrir 163% de la canasta básica; en 2000, para cubrir 58.6%; en 2014, el salario mínimo vigente alcanza para cubrir 36.2% de la canasta básica.

Paradójicamente, la recién inaugurada democracia electoral competitiva en México coincidió históricamente con los años dorados de producción en Pemex y los altos precios del petróleo. Desafortunadamente, el aparato “redistributivo”, que en teoría debió ser el gobierno, no estuvo a la altura. Paralelamente, el gasto como porcentaje del PIB pasó de 19% a 25% en los 10 primeros años del siglo XXI. En suma, México tuvo los recursos –y el momentum internacional– para tratar de mantener viva la expectativa ciudadana, exagerada tal vez, de que la democracia podía ser el puente a un mejor nivel de vida.

 

Medios y fines

¿La economía debe resolver los problemas de la democracia? ¿La democracia puede resolver los problemas de la economía? No necesariamente. Lo que sí sabemos es que las democracias con pisos mínimos de ingreso son más estables en el tiempo –la vigencia del análisis de Adam Przeworsky sobre el tema es escalofriante–, y que las “vueltas en u” hacia el autoritarismo son siempre una posibilidad ante el espejismo de una economía libre de los “lastres” de la pluralidad y las tensiones de la democracia.

El informe del INE y la persistente inamovilidad de nuestra economía deberían preocupar al establishment. El sobredimensionamiento de las consecuencias económicas del triunfo de X o Y partido ha erosionado la menguante imagen de la democracia frente a los ciudadanos.

En este contexto, la aprobación de una reforma político-electoral que incrementa las prerrogativas a los partidos políticos, burocratiza, encarece y sobrerregula el ya sobrerregulado, caro y burocrático sistema electoral mexicano, parece el remedio equivocado para el diagnóstico correcto.

Algo para pensar cuando –parafraseando a Skármeta– volvamos cada uno a nuestro barrio, después de disolvernos un poco en este país tajantemente dividido, a ver la televisión por la noche.

 

 

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