Aunque es desafortunado que por la vía legal nunca se haya sancionado la corrupción documentada de servidores públicos, es esperanzador que estos hechos puedan ser castigados por la vía política.

 

Por Lorena Becerra y Mariana Meza

La corrupción ha sido uno de los principales obstáculos al desarrollo de la democracia, por sus efectos nocivos en el fortalecimiento institucional y en el crecimiento económico. Sin embargo, durante muchas décadas en la opinión pública mexicana existió cierta tolerancia a la corrupción de las autoridades a cambio de gobiernos considerados eficientes. “El PRI roba pero reparte” fue una de las frases más comúnmente usadas para justificar votar por un partido con experiencia para gobernar, aunque en ocasiones sus gobernantes fueran corruptos. No obstante, actualmente la corrupción ha tomado mayor protagonismo en el imaginario colectivo y comienza a posicionarse como un tema de relevancia en la ciudadanía, tanto para evaluar a sus autoridades como para tomar decisiones electorales.

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Tradicionalmente, la economía y la seguridad han sido los principales factores en la formación de opinión entre el electorado. No obstante, la corrupción y falta de transparencia han cobrado mayor relieve en la opinión pública y han empezado a cobrar facturas importantes a los gobernantes. Uno de los principales ejemplos es el gobierno de Enrique Peña Nieto, en que los escándalos de corrupción han sido una constante y uno de los principales elementos que explican la caída en su aprobación. La Casa Blanca, la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro, la publicación de los contratos de OHL con el gobierno del Estado de México, las propiedades del secretario de Hacienda, entre otros, han terminado por desgastar la credibilidad del gobierno ante la opinión pública.

La importancia de la corrupción puede considerarse un arma de doble filo: por un lado, su ascenso a las esferas de la opinión pública y el círculo rojo hacen que el problema se torne cada vez más difícil de aplazar o ignorar por los propios políticos; por otro, el hecho de que la atención y la discusión sobre el fenómeno de la corrupción estén motivadas por incentivos políticos –fundamentalmente resultados electorales–, y no por cuestiones legales o judiciales, implica que su atención y solución estén sujetas a los intereses, voluntades y tiempos políticos, y no a las instituciones de procuración de justicia.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto

A finales de 2014, Enrique Peña Nieto registró una caída importante en su aprobación. Una parte de esta caída se explica por el mal manejo de la desaparición de 43 los normalistas de Ayotzinapa. Otra parte se explica por el escándalo asociado a la casa millonaria de su esposa y el potencial conflicto de interés con una de las constructoras más beneficiadas por el actual gobierno. Su aprobación cayó 12 puntos porcentuales, de 50% a 39%. En la encuesta del periódico Reforma publicada en noviembre de 2014, podemos observar el efecto que tuvo este episodio en la opinión pública y la pérdida de credibilidad de Peña Nieto: el 71% de la población consideraba que existía un conflicto de interés de la esposa del presidente y la inmobiliaria Grupo Higa; el 72% de la población declaraba creerle poco o nada al presidente cuando daba explicaciones de sus propiedades, y el 66% de la población consideraba que no era transparente en su declaración patrimonial.

Ante el creciente desencanto de la ciudadanía hacia el mandatario y su administración, el gobierno federal impulsó la aprobación de la Ley Anticorrupción, que incluye la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, esto no tuvo gran impacto, ya que la percepción de la corrupción en la administración actual era generalizada. La encuestadora BGC publica un sondeo que refleja el escepticismo de la población ante las medidas de combate a la corrupción. En este estudio, el 72% de los entrevistados señala que Enrique Peña Nieto busca salir del paso de los escándalos y carece de un interés genuino por transparentar el gobierno.

Pocas semanas después, el gobierno experimentó una de las peores crisis de credibilidad que resaltó nuevamente el tema de corrupción en las instituciones –la fuga del Chapo–. No es de sorprenderse que en la última encuesta de Latinobarómetro, el 72% de la población califica al gobierno como poco o nada transparente y, como consecuencia de esto, Enrique Peña Nieto es uno de los mandatarios peor evaluados en América Latina.

 

El papel de la corrupción en las elecciones de 2015

La importancia de la corrupción también pudo ser apreciada en diversas contiendas locales de la pasada elección del 7 de junio. En particular, los candidatos vencedores en las elecciones gubernamentales de Nuevo León y Sonora, así como en algunas contiendas delegacionales en el Distrito Federal, utilizaron el tema de corrupción en sus campañas para obtener el apoyo de los votantes.

En Sonora, la campaña de la priista y actual gobernadora, Claudia Pavlovich, utilizó los escándalos de corrupción –desde acusaciones de enriquecimiento ilícito, la construcción de una presa de más de 1.7 millones de metros cúbicos y el desfalco al fondo de pensiones del ISSSTE– en contra del ex gobernador panista Guillermo Padrés, para colocarlo como una persona poco transparente y restarle votos a Javier Gándara, candidato del PAN. Aunque también el albiazul lanzó acusaciones en contra de Pavlovich, la gestión de Padrés tuvo más peso para los votantes.

En Nuevo León, la campaña del candidato independiente Jaime Rodríguez el Bronco se centró en presentar la imagen de un candidato distinto y limpio, que se diferenciaba del resto de los partidos políticos poniendo en evidencia los abusos del ex gobernador Rodrigo Medina y sus parientes. Las acusaciones en contra de Medina y sus familiares se volvieron una constante hacia finales de su mandato. Una de ellas tuvo que ver con las indagaciones acerca de la existencia de terrenos, presuntamente a nombre de su padre, Humberto Medina, con un valor de hasta 300 millones de pesos en el municipio de San Pedro. El Bronco supo canalizar el hartazgo de los neoleoneses, quienes decidieron castigar al gobierno de Medina y otorgaron su confianza a Rodríguez como “el funcionario que terminaría con la corrupción en el gobierno”.

Ahora bien, el verdadero reto para ambos gobernadores, tanto Rodríguez en Nuevo León como Pavlovich en Sonora, se encuentra en aterrizar sus promesas de campaña en actos de gobierno. En este sentido, las primeras acciones que han tomado en esta dirección parecen ir por buen camino. En Sonora, Pavlovich presentó la Fiscalía Anticorrupción, que tiene como objetivo investigar y sancionar delitos relacionados con prácticas de corrupción. En Nuevo León, los integrantes de la Comisión Anticorrupción del Congreso local se encuentran trabajando en las leyes que se deben modificar para instituir el Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, lo verdaderamente importante es que estos esfuerzos no se queden en letra o instituciones muertas, sino que funcionen y ofrezcan soluciones tangibles a los problemas de corrupción. De lo contrario, el apoyo obtenido por parte de la ciudadanía se deteriorará y dejaría a ambos candidatos sin credibilidad a futuro. En particular, la gestión del Bronco corre el riesgo de convertirse en un referente para los votantes acerca de qué esperar de las candidaturas independientes.

 

Corrupción en elecciones futuras

Ya comenzamos a observar el papel que jugará la corrupción en las elecciones locales de 2016. Los escándalos de corrupción en Oaxaca y Veracruz se hacen presentes desde ahora. Se ha exhibido una presunta casa del gobernador Gabino Cué. El gobernador Duarte regaló una caña de pescar al senador Yunes Landa haciendo alusión a corrupción dentro de su familia. Y recientemente, el diputado Yunes Linares ha acusado al gobernador Duarte de peculado.

De seguir por esta ruta podemos anticipar que una de las cartas más importantes que utilizarán los candidatos y partidos antisistema –como Morena, Movimiento Ciudadano y los candidatos independientes– será exhibir escándalos de corrupción del gobierno y de los partidos tradicionales. Aunque es desafortunado que por la vía legal nunca se haya sancionado la corrupción documentada de servidores públicos, el que ahora la corrupción pueda generar rendimientos electorales brinda esperanzas a que por la vía política algunos de estos hechos puedan ser castigados.


Lorena Becerra y Mariana Meza son investigadoras de CIDAC.

 

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Página web: cidac

 

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