Jacqueline Peschard Mariscal, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), aseguró que el plan del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer al Inai atenta en contra de los derechos y es un despropósito para las instituciones de una democracia como la mexicana.
“Es un despropósito, porque no se puede plantear que el acceso a la información y la transparencia (conquistados en los últimos 20 años) pueda ser realizado a través de un organismo o una dependencia que depende directamente del poder del presidente de la República”, declaró la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema.
La transparencia y el acceso a la información en México deben servir de contrapesos, así como ayudar a controlar y limitar el ejercicio abusivo del Poder Ejecutivo, dice a Forbes México.
“No puede ser que una dependencia, que es controlada por el gobierno, sea al mismo tiempo que vigile, ponga contrapesos y sirva para garantizar un ejercicio de un derecho ciudadano y de un derecho fundamental y reconocido en la Constitución”, manifiesta Peschard Mariscal.
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La propuesta es una concepción muy limitada y simplista del presidente porque minimiza a dos entidades encargadas de controlar a las entidades gubernamentales, expresó.
López Obrador tiene en mente una propuesta de reforma administrativa para que la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Auditoría Superior de la Federación o incluso la Fiscalía Anticorrupción reciban los pedidos de transparencia y acceso a la información pública recibidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
En su argumentación, el presidente mencionó que se establecieron reservas a temas que la administración en turno quisieran reservar, como las condonaciones fiscales durante el sexenio de Vicente Fox o el expediente de Odebrecht.
La expresidenta del IFAI comentó que la Secretaría de la Función Pública no es autónoma y depende del Poder Ejecutivo.
“Esa es una idea de lo que hemos visto a lo largo de dos últimos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien ha asumido una mayor concentración de poder en el Ejecutivo y una molestia todo aquello que pueda ser un elemento de contrapeso y control”, afirmó Peschard.
La Secretaría de la Función Pública no tiene facultades para instruir y exigir la entrega de información a la Cámara de Diputados y Senadores, el Poder Judicial, al Banco de México, así como otros órganos autónomos, dice la asesora de la División de Asistencia Electoral de la ONU en Irak en 2004.
Actualmente, el INAI está por encima de los órganos gubernamentales y tiene los dientes suficientes para exigirle la información al poder Ejecutivo, Legislativo, Judiciales y al resto, comentó Jacqueline Peschard,
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— ¿La propuesta del presidente de la República atenta en contra del derecho ciudadano para tener acceso a la transparencia y rendición de cuentas?
—Sí. Aunque el presidente de la República ofrece que la información se daría de manera más ágil y rápida de lo que lo hace el INAI. La verdad es que la Secretaría de la Función Pública no tendría facultades y no puede tener facultades para instruir nada a ningún que no sea el Poder Ejecutivo. La limitación del derecho a la información atenta en contra del artículo primero constitucional, el cual plantea la garantía más firme y fuerte de los derechos humanos. El artículo primero de la Constitución señala que la garantía y la protección de los derechos tiene que ir cada vez más hacia adelante y tiene que ser progresiva. Entonces pretender ir hacia atrás, no solo va en contra del artículo sexto constitucional (que habla de la transparencia y el acceso a la información), sino en contra también del artículo primero (que señala con claridad que la protección de los derechos humanos debe seguir para adelante y no para atrás).
— ¿Cuántos años retrocede México con la propuesta del presidente de la República?
—Más de 20 años, cuando menos. Desde que se creó el IFAI con la primera ley de transparencia, pero nos podemos ir más atrás. La demanda de transparencia viene de la transición de la democracia en México. Buena parte de la reformas en materia electoral obligan al gobierno a transparentar cómo se organizaban las elecciones, cómo se elegían a los funcionarios de casilla, cómo se hacía la capacitación. Todo eso tiene que ver con cómo se hacen los procesos públicos. Aunque no había una ley de transparencia en los años 90, que es cuando comienza avanzar muy fuerte la transición a la democracia en materia electoral. Ahí estaba siempre la idea de que las elecciones debían ser transparentes.
—¿La transparencia y la rendición de cuentas es necesaria en un país democrático como México?
—Ha sido una de las grandes conquistas de la época democrática, que es después del 2000, una de la grandes conquistas reconocida por la sociedad mexicana y por la sociedad internacional. El modelo mexicano de transparencia y acceso a la información ha sido copiado por otros países como Chile y Honduras, así como ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Lo que asegura el INAI es que sí se tiene que entregar la documentación, se debe entregar si el INAI instruye a las dependencias y a la propia Presidencia de la República para que entregue la información”, agregó Peschard.
El INAI es la voz última de acceso a la información Pública en México: “Entonces es muy grave la pretensión y lo más grave es que haya una idea muy mínima de que cuesta mucho y son organismo costosos”, añadió.
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