Por Gabriela Pérez Yarahuán*

Las cifras de la pobreza en México para 2014 reflejan un estancamiento notable. De acuerdo con la última medición oficial emitida por el Co­neval, de 2012 a 2014, el porcentaje de la población en condiciones de pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%. Es decir, 2 millones de mexicanos se sumaron a la estadística de la pobreza en ese periodo.

Sin lugar a dudas, la pobreza es una de las cir­cunstancias más graves que afectan a nuestro país y para la cual la política pública debería proporcionar mejo­res resultados.

El gobierno mexicano ha puesto en marcha diversos esfuerzos para combatirla de una manera sistemá­tica. Existen programas (por ejemplo, Prospera y el Seguro Popular) que han tenido resultados positivos para sus beneficiarios, ta­les como incrementos en el ingreso de familias pobres, aumentos en la asistencia escolar y mejor nutrición y salud de niños y adultos. Incluso, algunos programas en México han sido puestos bajo la lupa de investi­gadores nacionales y extranjeros y en muchas de estas investigaciones se han documentado efectos positi­vos en aspectos fundamentales.

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Sin embargo, la gran mayoría de los programas implementados por el gobierno mexicano carece de evidencia sólida que registre efec­tos positivos sobre el abatimiento de las condiciones de pobreza de la población. Además, continúan creándose programas sin diagnós­ticos sólidos y adecuados, sin clari­dad sobre los servicios provistos y sin objetivos precisos y medibles.

La política social está sujeta a ocurrencias pasajeras y electorales. Lo preocupante es que no existe una estrategia nacional y de largo aliento sobre el tipo de política social que los mexicanos tendremos en el futuro. Esto es fundamen­tal, porque la política social define la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Para poder resolver cualquier problema, es importante tener claras las dimensiones del mismo y comprender sus causas y consecuencias.

La pobreza es la carencia de recursos, bienes y servicios bá­sicos para el desarrollo de una vida plena. La dificultad para resolver el problema de la pobreza radica en la falta de consenso, claridad y eviden­cia sobre qué bienes y servicios se deben proveer. También influyen la incapacidad para generar garantías sobre la entrega oportuna y con calidad, la inseguridad de que las personas con carencias reciban estos recursos y la falta de evidencia sobre si el uso o consumo de los bienes y servicios otorgados tienen consecuencias positivas para mejo­rar el bienestar social.

A más de diez años del inicio de la construcción de un sistema de evaluación de programas socia­les en México, aún tenemos poca evidencia útil sobre lo que funciona para abatir la pobreza de millones de mexicanos.

Las razones de esta situación tienen que ver con la ausencia de información detallada, sistemática y continua sobre la evolución de las condiciones sociales de la pobla­ción mexicana, pero también con la gestión y el seguimiento de la información que sí es generada.

La evidencia sólida y los meca­nismos de evaluación que garan­ticen que se instrumenten progra­mas efectivos son una condición fundamental para abatir la pobreza. Esto sólo es posible si el país, desde el gobierno, la iniciativa privada y la sociedad civil, promueve la in­versión hacia mejores instrumentos para la toma de decisiones.

Encuestas longitudinales, diag­nósticos y evaluaciones con rigor metodológico no deben ser respon­sabilidad únicamente del gobierno. En una democracia, la política social efectiva es la consecuencia de un debate informado, plural y abierto, y de un sistema eficaz de rendición de cuentas. Esto es responsabilidad de todos.

Las consecuencias de mantener altos niveles de pobreza son nefas­tas para nuestro país. No sólo es moralmente reprobable, sino que, además, afecta la productividad global presente y el ingreso y las oportunidades del futuro.

*Gabriela Pérez Yarahuán es coordinadora general del Clear para América Latina y el Caribe.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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