Si el gobierno quiere cumplir sus metas en construcción de infraestructura, necesitará del sector privado, que señala varios factores que pueden inhibir la inversión.

 

Además de la batería de reformas estructurales, la otra carta fuerte en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el gasto en infraestructura en un nivel histórico. Se tienen calculados 7.7 billones de pesos para todos los proyectos contemplados en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI).

Todo este desembolso no vendrá de las finanzas públicas; el sector privado también tendrá una participación importante en el paquete de proyectos. El 37% del financiamiento provendría de recursos privados, según los planes del gobierno.

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Históricamente, el sector público ha cargado con la mayoría del financiamiento para el desarrollo de infraestructura, y no es porque las empresas no quieran participar, sino que la desconfianza les impide trabajar más estrechamente con el gobierno.

La industria de la construcción indica que entre los principales inhibidores de la inversión están las bases de licitación mal elaboradas, balances de riesgos más cargados hacia las empresas, interpretaciones discrecionales de los funcionarios sobre los proyectos, o información incompleta de los proyectos que hace incurrir en más costos y desbalances en los contratos.

El ejemplo más reciente de los conflictos que  pueden ocurrir es el cierre parcial de la Línea 12 del Metro y las acusaciones cruzadas entre el gobierno del Distrito Federal y el consorcio constructor (ICA, Carso y Alstom).

Si el gobierno quiere cumplir sus metas de inversión, necesitará del sector privado. ¿La desconfianza puede atorar el plan de infraestructura?

 

Grandes inversiones, pequeños resultados

El pasado 28 de abril, el presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, que contará con recursos por 7.7 billones de pesos (bdp), de los cuales, 63% será financiado con recursos públicos.

El 50% del total será para proyectos energéticos; 24%, sector de desarrollo urbano y vivienda; 17%, comunicaciones y transportes; 5.3%, infraestructura hidráulica; 2.3%, turismo, y 0.93%, salud.

El monto total supera en más del doble los recursos invertidos en el plan de infraestructura durante el gobierno de Felipe Calderón. Pero independientemente de que lo invertido haya sido menor, el impacto que tuvo sobre la infraestructura no fue proporcional, sobre todo en el sector carretero, de acuerdo con un análisis del observatorio económico México Evalúa.

El análisis identifica que los principales factores que disminuyen el impacto de la inversión son: el uso político del presupuesto, arreglo federal disfuncional y oneroso, falta de mecanismos de rendición de cuentas, y escasos indicadores relevantes para medir el impacto real del gasto.

Además de eso, la inversión es baja. Según el Banco Mundial, citado por México Evalúa, el país debe invertir 3.5% de su PIB en áreas diferentes del sector energético. La mitad del plan de Peña Nieto está enfocado en este rubro.

 

Falta confianza

Según un análisis de Baker & McKenzie, el PNI “representa una amplia variedad de oportunidades de negocio para todos los participantes de la industria, incluyendo patrocinadores (sponsors), desarrolladores, contratistas, proveedores, operadores y administradores, y acreedores”, además de que pone énfasis en las asociaciones público privadas (APP).

A pesar de esta oferta interesante, hay viejos obstáculos que pueden hacer menos atractivas las inversiones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) señala en el documento Retos de la infraestructura en México 2013-2018, que los principales inhibidores de la inversión son:

  • Falta de planeación a largo plazo
  • Tiempo excesivo para la aprobación de movimientos presupuestales
  • Proyectos incompletos
  • Bases de licitación mal diseñadas / requisitos excesivos
  • Riesgos mal balanceados entre contratante y contratista
  • Discrecionalidad de funcionarios en la interpretación de proyectos.

Norman Anderson, presidente de la consultora internacional CG/LA Infrastructure, explica en entrevista que, por lo general, el sector público ya tiene unas metas que cumplir en infraestructura y el sector privado se tiene que acoplar a eso, aunque no tenga nada que ver con una visión a largo plazo.

“La desconfianza es bastante grande entre el sector público y el privado. Es muy difícil hacer proyectos porque los riesgos son enormes, y eso acentúa el problema”, agrega.

 

¿Proyectos a la vista?

Uno de los proyectos en infraestructura hidráulica más importantes y que está incluido en el PNI es la construcción del acueducto Monterrey VI Región Norte, con una inversión estimada de 18,282 millones de pesos (mdp). Aunque es un proyecto que ya llevaba años concibiéndose, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) concedió el permiso de construcción a principios de este año, por lo que el proceso de licitación puede tardar hasta cinco meses y la construcción, como mínimo, tres años.

La mitad de proyectos en infraestructura están en el sector energético, pero la mayoría de éstos se harán posibles hasta que estén implementadas las leyes secundarias de la reforma energética, que aún se discute en el Congreso.

Con estas interrogantes, se hace difícil pensar que los proyectos más importantes empiecen en el corto plazo, opina Norman Anderson, de CG/LA Infrastructure.

“Quedamos en la duda de si realmente México va a empezar a licitar proyectos en los próximos tres y 12 meses. Es muy difícil para un gobierno conseguir el financiamiento.”

El presidente de la consultora, que realiza un ranking con las 100 obras más importantes en Latinoamérica, y en la que México figura sólo con siete, resalta que la infraestructura es un asunto de confianza entre los sectores público, privado y financiero. Más allá del monto de inversión, el reto será que éstos lleguen a entenderse, aunque la historia diga lo contrario.

 

 

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